Extranjeros que ingresan por pasos no habilitados suman 26 mil en 10 años

En la última década, un total de 26.929 personas han ingresado a Chile por pasos no habilitados, de acuerdo a un análisis hecho por el Servicio Jesuita a Migrantes, situación que se debe -según la institución- al endurecimiento de los requisitos de entrada que ha puesto el gobierno.

La entidad publicó un informe denominado "El cambio de categoría migratoria en Chile y experiencia en otras legislaciones", el que da cuenta de que del total de migrantes que ha ingresado por zonas clandestinas, el 30% corresponde a nativos de República Dominicana, el 21% proviene de Cuba y un 11% son venezolanos (el resto corresponde a otras nacionalidades), de acuerdo a lo informado por la Policía de Investigaciones (PDI) al Servicio Jesuita.

El análisis consigna que la mayor parte de los ingresos por lugares clandestinos se ha dado en los dos últimos años. El informe detalla que el peak de ingresos irregulares se presentó entre enero y octubre de este año, con 7.063 casos.

El informe de los jesuitas consigna que la mayor parte de los foráneos que ha entrado de forma irregular pertenece a nacionalidades a las que el gobierno exige visas que se deben obtener en consulados, lo que -según la entidad- resulta muy difícil de cumplir.

Juan Pablo Ramaciotti, director de estudios del Servicio Jesuita al Migrante, sostiene que cuando los países receptores como Chile "levantan barreras administrativas para evitar su ingreso, muchas familias pueden verse en la disyuntiva de intentar ingresar por pasos no habilitados. Las políticas implementadas por los gobiernos pueden tener este efecto negativo y hay que hacerse responsable. Se ponen en peligro vidas y se crea un contexto propicio para la proliferación de bandas de tráfico de personas".

El profesional advierte que se han visto mayores ingresos por regiones del norte del país, y que sería un error "bloquear el ingreso", pues se podría presentar una situación como la de Estados Unidos, donde "a medida que aumentan las restricciones, aumentan los ingresos irregulares y tienen un altísimo nivel de irregularidad migratoria". Por ello, propone que el proyecto de ley de migración -que está en discusión en el Senado- aborde el contexto regional y nacional del país. "Se deben poner requisitos de ingreso claros, pero también medidas que permitan la regularización de las personas que están en el país. En ese sentido, los ejemplos de España y Portugal son positivos, al tener medidas flexibles y bajos porcentajes de irregularidad", añade.

Álvaro Bellolio, director de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, aclara que "no porque se den esos casos, Chile no debe tener visas consulares o normas específicas y dejar que entren personas sin ningún orden". Señala que, por ejemplo, los menores controles que se hacían en años anteriores llevaron a que 160 mil personas de Haití ingresaran a Chile, muchos de los cuales se mantuvieron de forma irregular, lo que los llevó a tener una situación laboral precaria. El directivo añade que 155 mil personas debieron solicitar regularizar su situación entre abril de 2018 y octubre de este año, la gran mayoría proveniente de Haití. Luego de la revisión de antecedentes, 131 mil personas normalizaron su situación.

Bellolio agrega que "ningún país desarrollado tiene migración sin restricciones", por lo que seguirán solicitando documentos como "visa consular de turismo o bien una de residencia, lo que permite a las personas acceder a un RUT y da seguridad a las familias para trabajar en el país".

Respecto del proyecto de ley, el director de Extranjería sostiene que existe apoyo a la idea de que "si una persona quiere venir a trabajar, tiene que pedir antes una visa de forma consular".

La abogada y directora de la Clínica Jurídica de la U. Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, afirma que la alta cantidad de requisitos para entrar a Chile lleva a que las personas busquen opciones para llegar al país. "Esto lleva a que bandas criminales abusen de quienes quieren cruzar la frontera", asegura, por lo que hay grupos dedicados a cobrar por traerlos a Chile y en muchas ocasiones los abandonan a medio camino.

Rodríguez advierte que los documentos solicitados por el gobierno chileno, como la "visa de responsabilidad democrática" a personas de Venezuela, no cumplen con estándares "humanitarios", pues está sujeta al pago por el trámite, a tener pasaporte y otros. "El punto es que estas personas están en una situación desesperada y crítica en su país, por lo que estas exigencias frenan la migración", aclara.

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