Fue a fines de marzo cuando a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) liderada por Gustavo Alessandri (Ind.- RN) llegó el resultado de la auditoría externa que encargó la entidad para fiscalizar el uso de los recursos durante los años 2023 y 2024, cuando la institución era liderada por la exalcaldesa y exsubsecretaria Carolina Leitao. La pesquisa se dio además en un contexto en que la Contraloría General de la República también realizó su control, determinando irregularidades en el manejo de recursos.

La Tercera accedió al “Informe confidencial” del trabajo realizado por Cabrol Auditores & Consultores, donde se extraen parte de los principales hallazgos de los cuestionamientos financieros. Los resultados fueron divididos en riesgo “alto”, “medio” y “bajo”.

Así, por ejemplo, dentro de aquellas irregularidades que más riesgo representan, el informe parte por mencionar “deficiencias en el manejo de fondos en cuentas corrientes“, ejemplificando que había cuentas sin uso y falencias asociadas a la emisión y control de cheques.

Otro riesgo “alto” es la “falta de procedimientos y/o mecanismos de detección de conflictos de intereses”. Allí se expuso que se podrían utilizar formularios de declaración para prevenir conflictos de interés.

Parte de los problemas que se encontraron dan cuenta de que existían “cuentas por cobrar por concepto de cuotas”. La empresa auditora detectó que recién a partir de junio de 2025 se regularizó la situación de tener un registro contable de los ingresos de la AChM.

En la pesquisa se calificó como un “perdonazo” la “condonación excepcional de cuotas sin registro”. Así, por ejemplo, “se detectaron irregularidades y arbitrariedades en la gestión y control de las cuotas de membresía municipal; por ejemplo, la condonación de la morosidad sin medidas técnicas ni la aprobación del directorio, beneficio ofrecido solo a algunos municipios”. Esto en alusión a que la AChM funciona a partir del cobro de cuotas a los municipios adscritos.

Otro concepto fue el de deudas previsionales, que la auditora sugirió revisar con el abogado laboral de la institución, ya que la información proporcionada no era totalmente certera.

Se detectaron “deudas de arrastre por cuotas impagas” a diciembre de 2024, por un total de 17.866,41 UTM (más de mil millones). Otro cuestionamiento fue por los “viáticos en exceso”. Se menciona que “entre los casos revisados se encuentran la pasantía en La Habana y el programa realizado en Medellín, donde se identificaron viáticos calculados sin criterios formales, pagos por días no contemplados en la programación, gastos duplicados, cobros de alimentación improcedentes (por estar ya cubiertos por el viático) y la falta de justificación para la invitación de determinadas autoridades“.

También hubo anomalías en temas como “convenios con transferencia de recursos objetados”. A abril de 2025 se mantenían por rendir ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) un total de $ 683.550.000. Se detectó que se adeudaban $ 124.700.000 por saneamiento sanitario/gestión hídrica o que no existió rendición por $ 91.800.000 para un proyecto de gestión de residuos.

En lo administrativo, también fueron calificados con el mayor riesgo la “inexistencia del Tribunal de Disciplina”, “ausencia de perfiles de cargos” y “debilidades en los controles generales de las tecnologías”.

Respecto del cobro de las cuotas a los municipios se habló de “falta de transparencia y uniformidad en el cálculo de la cuota ordinaria”, como riesgo “medio”. También hubo un “cobro desigual” por el concepto de capacitaciones. Además de una situación de “acuerdos extrajudiciales” sobre lo que se concluyo que “existen acuerdos conciliatorios de juicios laborales que a nuestro entendimiento podrían impactar el patrimonio institucional al negociar en forma anticipada dichos juicios ya que no existía algún motivo fundado que respalde dichos acuerdos judiciales”.

Consultada por este diario, Leitao sostuvo que “cuando asumí uno de los temas que detecté fueron falta de protocolos, procedimientos, todos los temas que tenían que ver con transparencia, probidad, no había ninguna política interna instalada, por lo tanto yo me dediqué a instalar procesos, temas de protocolizar procedimientos”.

Agrega que “yo celebro” y “es positivo” que se audite a la AChM porque “antes no había fiscalización”.