El 11 de marzo, el mismo día en que el Presidente José Antonio Kast asumió su mandato, una noticia policial generó preocupación en la esfera política. El exconvencional constituyente Rodrigo Rojas Vade apareció golpeado en un sitio eriazo, en un costado de la Ruta 78,m con rayados alusivos al nuevo Mandatario y contrarios a la izquierda.

Hubo quienes se apresuraron en condenar el supuesto “atentado” planificado y originado por “grupos de ultraderecha”. Pero nada de eso ocurrió. La Fiscalía Ecoh y la Policía de Investigaciones realizaron varias diligencias que permitieron concluir que no hubo participación de terceros.

En síntesis, el caso de Rojas Vade, quien en 2021 confesó públicamente en La Tercera que había mentido al señalar que padecía de cáncer y renunció a su cargo de convencional, se trataría de autolesiones y falso secuestro. El actuar del exconstituyente, de acuerdo a los resultados de los peritajes policiales, se dio bajo un fuerte consumo de drogas sintéticas.

A cuatro meses de ese hecho, según pudo conocer este medio, la PDI concluyó sus diligencias. Nadie atacó a Rojas Vade.

Entre esas diligencias estuvo tomar la declaración en tres oportunidades del mismo Rojas Vade, quien en una de ellas acudió hasta dependencias de la fiscalía. En todas ellas señaló a los investigadores que no recordaba qué había pasado.

Según él, esa noche se encontraba manejando el Citroën C3 azul de su hermana que usaba para oficiar como chofer de aplicación, cuando de pronto, en una curva, se fue “a negro”. De ahí, le dijo a los investigadores, apareció en un hospital.

Con todo, y ya habiendo agotado las diligencias, la fiscalía quedó con la mesa servida para cerrar la investigación, lo que podría ocurrir en las próximas semanas.

¿Rojas Vade sin responsabilidad?

Una vez cerrada la investigación surge la interrogante respecto a si Rodrigo Rojas Vade tiene alguna responsabilidad en este caso. Después de todo, dicen quienes conocen de materia penal, movilizó no pocos recursos estatales por varias semanas en un caso que respondería a un engaño.

Sin embargo, hay dos factores que blindaría algún tipo de imputación en su contra por este caso: que la denuncia no fue realizada por él, por lo que no habría denuncia falsa, y que autolesionarse no está tipificado en el Código Penal.

“Si se trata de autolesiones aquí no hay víctima. No está castigado autolesionarse. Lo que uno podría encontrar es algún delito contra la administración de justicia, como obstrucción a la investigación. Pero probablemente el Ministerio Público tiene antecedentes de que esta persona está en condiciones psiquiátricas que hacen poco razonable seguir adelante una investigación”, dice la abogada penalista Joanna Heskia, quien agrega que cerrar la causa le parece “una decisión razonable”.

Por su lado, el exfiscal Tufit Bufadel complementa: “Si yo me pego a mí mismo no es punible. El delito de denuncia falsa (en este caso) tampoco existe porque él no da la denuncia”. Eso sí Bufadel dice que no se configuraría la obstrucción a la investigación porque no había una indagatoria en curso cuando lo encontraron: “En una primera vista podría decir que este caso es impune o atípico”.

Sin embargo, comenta Bufadel, podría cambiar el escenario si en alguna de sus declaraciones imputó a personas determinadas o indeterminadas: “Si da una declaración e imputa a personas indeterminadas, haciendo una interpretación muy amplia del artículo 211, que es el de denuncia calumniosa que no requiere que sea contra una persona determinada, podríamos entender que imputar a estas personas sería denunciar. Si bien sería discutible, uno podría intentar una formalización”.

Quien sí podría perseguir acciones civiles es el Consejo de Defensa del Estado por la cantidad de recursos movilizados que generaron un perjuicio. “Sí habría responsabilidad respecto de él con todos los gastos que ocasiona este hecho atípico, que generó movimientos de policías, de fiscales, diligencias de investigación. Ahí el Consejo de Defensa de Estado podría perseguir acciones civiles, indemnizatorias por este hecho que es a todas luces falsos y que generó un perjuicio al erario fiscal”, dice el exfiscal.

Sobre esto último concuerda el abogado penalista Sebastián Andrade Delvas, del estudio jurídico MRM Legal Abogados. “El Ministerio Público debe informar al CDE sobre el gasto innecesario de recursos públicos. Y este, tras evaluar la cuantía del perjuicio y la gravedad de la perturbación al servicio, puede interponer una querella criminal para perseguir la responsabilidad penal y la reparación civil de los costos asociados a la investigación fallida”, afirma.

Para Andrade, la fiscalía, en forma posterior, podría abrir otra causa, o remitir los antecedentes, por el delito de obstrucción a la investigación contra el denunciante de conformidad al artículo 269 bis del Código Penal. “No puede quedar impune movilizar al aparato estatal”, remata.