El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que este jueves 9 de octubre comunicaron el cierre de la investigación por los convenios de la fundación Democracia Viva, tras la reapertura decretada a solicitud de la defensa de Daniel Andrade.

“El caso Democracia Viva, al día de hoy, y luego de una audiencia de reapertura que se realizó ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se encuentra en el estado de acusación ¿Qué significa eso? Que el fiscal, cumpliendo la resolución, que ordenó la reapertura para realizar determinadas diligencias y una vez cumplidas las diligencias, procedió a comunicar el cierre de la investigación e inmediatamente a presentar la acusación", señaló el persecutor.

El fiscal indicó que están a la espera de la resolución del juzgado y dijo que lo que debería ocurrir es que se dicte la resolución que fija la audiencia para la preparación del juicio oral.

“Respecto de si hay alguna modificación en la acusación, nada. Lo que hubo fue una audiencia de reapertura, que es una facultad que tienen los intervinientes de solicitar diligencias que estimen que el Ministerio Público no haya hecho o que fueron negadas. Eso ya ocurrió. Esa instancia pasó. Ahora volvemos a la instancia de cierre, acusación y preparación de juicio oral que esperamos que se desarrolle sin ningún inconveniente”, sostuvo.

La acusación, presentada originalmente en agosto, apunta a la desaforada diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, Carlos Contreras, Paz Fuica y tres imputados más que tienen vinculación con los hechos indagados.

“Se acusa por los mismos delitos de fraude al fisco reiterado, en las cuatro aristas, también hay delitos de lavado de activos, exactamente la misma calificación jurídica, los mismos grados de participación y, por lo tanto, exactamente las mismas penas”, precisó el fiscal regional.

El jefe del Ministerio Público en Antofagasta planteó que una vez que se concrete la preparación, el juicio en el caso podría extenderse por entre tres y seis meses.

Por otro lado, respecto a la indagatoria en el caso por la fundación ProCultura, explicó que se realizó una presentación para revertir la inadmisibilidad del recurso que interpusieron contra el traslado de la causa a Santiago.

El fiscal hizo un repaso por las decisiones que el fiscal nacional, Ángel Valencia, ha tomado, trasladando la causa.

“El caso ProCultura se inicia en la comuna de Antofagasta. Posteriormente fue trasladado por decisión del fiscal nacional a través de una facultad establecida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, al fiscal regional de Aysén (entonces Carlos Palma, hoy formalizado). Posteriormente, el fiscal nacional la traslada a la Fiscalía Regional de Coquimbo a cargo del fiscal regional Patricio Cooper. Y posteriormente a propósito de un recurso de amparo que se interpone en nuestra Corte de Apelaciones, esa investigación es trasladada con la misma facultad a la Fiscalía Regional de Antofagasta”, detalló.

El persecutor sostuvo que asumir la causa implica “hacerse cargo de todas las diligencias de investigación que se hicieron antes y de realizar todas aquellas diligencias de investigación que están pendientes respecto de una fundación que está siendo investigada por la celebración de distintos convenios en aproximadamente siete regiones, tanto con gobiernos regionales como con otros servicios públicos”.

“Uno de los avances que se hizo en la investigación fue una solicitud de desafuero que hice relación con el gobernador de la Región Metropolitana”, indicó Castro Bekios, aludiendo a Claudio Orrego.

Sobre la inadmisibilidad de la apelación de la Fiscalía de Antofagasta para evitar que causa se traslade a Santiago, a solicitud de la defensa de Orrego, el fiscal señaló que presentaron un recurso de hecho.

“Es una cuestión que tiene que seguir su curso. Está pendiente la resolución del desafuero. Pero, evidentemente, nosotros esperamos que quien tenga que conocer el desafuero se resuelva lo antes posible. Para poder seguir adelante con esa arista de la investigación. Pero, ojo, el caso Pro Cultura es mucho más grande. Tiene muchas aristas. Hay muchos gobiernos regionales. Y, por lo tanto, también tenemos que, paralelamente, seguir con las distintas aristas de este caso”, dijo.

“Se interpuso el denominado recurso de hecho, que en este caso es procedente respecto de lo que nosotros estimamos la denegación de un recurso de apelación que no debiese haber sido denegado”, señaló.