Por José NavarreteFiscalía formaliza a alcalde de Chillán Viejo por delitos de violación y abusos sexuales
Jorge del Pozo quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas. En octubre de 2024, a un día de haber sido reelecto, fue detenido por violencia intrafamiliar.

El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, formalizó investigación en contra del alcalde de Chillán Viejo, Jorge Andrés del Pozo Pastene, por delitos de violación, amenazas, solicitación de personas y abuso sexual por sorpresa que denunciaron dos funcionarias del municipio y que se habrían concretado entre 2020 y 2024.
En octubre de 2024, a un día de haber sido reelecto como alcalde, el ingeniero en administración de empresas fue detenido por violencia intrafamiliar.
Este nuevo caso policial contra la autoridad comunal está siendo indagado en coordinación con personal especializado de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Ñuble.
El fiscal Pérez explicó que la violación, con uso de fuerza, la habría cometido el imputado siendo concejal de Chillán Viejo.
De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público, el entonces concejal, aprovechando dicha condición, en octubre de 2020, citó a su domicilio a una víctima, que se desempeñaba como personal a contrata del municipio, con la excusa de conversar sobre temas laborales, para concretar el ataque.
También se le imputa un delito de amenazas cometido en noviembre de 2022, cuando ya ejercía como alcalde de Chillán Viejo.
En esa oportunidad, según el relato de la Fiscalía de Ñuble, amedrentó a otra funcionaria, con destituirla de su cargo, porque no quiso bailar con él en una actividad de celebración laboral.
La entidad persecutora sostiene que, en enero de 2023, el imputado cometió, en su oficina, actos de relevancia y significación sexual contra la misma víctima, lo que se repitió, en septiembre del mismo año, pero en el contexto de una celebración de trabajo.
El Juzgado de Garantía de Chillán dictó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas.
Se decretó un plazo de tres meses para la investigación.
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