El protocolo firmado el año pasado por los parlamentarios con el Ministerio de Salud —como parte del acuerdo para aprobar el presupuesto de 2025— establece que, antes de que finalice el primer semestre de este año, el Ejecutivo debe ingresar un proyecto de ley para modernizar el régimen de licencias médicas. Una medida que cobra aún más sentido en medio de los escándalos por el uso irregular de permisos de salud.

Y es que la revelación de la Contraloría, que informó que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia, abrió una caja de Pandora que evidenció que esta no era una práctica aislada y por ello el ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que ya hay más de 6.500 sumarios.

Tal como se comprometieron, la cartera sanitaria ya se encuentra trabajando en dicho proyecto, y aunque los detalles aún no están definidos, sí hay acuerdos generales: por ejemplo, que estará enfocado en reducir los incentivos existentes para solicitar licencias médicas, especialmente aquellas de larga duración.

En ese marco, el Ejecutivo evalúa eliminar lo que se conoce como período de carencia: hoy, en licencias de 10 días o menos, los tres primeros no se pagan, lo que termina incentivando que se pidan por más tiempo del necesario.

En el análisis, las autoridades encontraron otro componente en la legislación que podría usarse como incentivo. Actualmente, el otorgamiento de licencias médicas en el sector público está regulado por el Artículo 111 de la Ley 18.834, llamado estatuto administrativo, el cual señala que las licencias son un “derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud”.

Y agrega un pasaje que hace la gran diferencia: “Durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones”. Algo que no es igual en el sector privado, donde el beneficio de la licencia no suele igualar a la remuneración.

Ese mismo estatuto es el que el Ejecutivo evalúa modificar. La idea que se baraja es encontrar una fórmula que permita mantener el derecho a licencia médica, pero con un nuevo esquema de pagos: por ejemplo, que mientras más tiempo dure el reposo, el monto de la remuneración se vaya reduciendo gradualmente.

Asimismo, el Ejecutivo analiza el rol que cumplen las cajas de compensación en la tramitación de las licencias médicas, y evalúa la posibilidad de que los casos que superen un año con estos permisos sean derivados para evaluación de invalidez. Por lo mismo, fuentes conocedoras de la redacción del proyecto señalan que este también debe ser revisado por el Ministerio del Trabajo.

Fuentes del Ejecutivo detallan que el proyecto hoy está en etapa de redacción en Fonasa. Una vez finalizado seguirá su curso en el Ministerio del Trabajo y en la Segpres.

La visión legislativa

Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud del Senado, asegura que -a meses de que se cumpla el plazo- aún no hay comunicación oficial del Ejecutivo: “Oficialmente no hemos sabido nada. Ahora, si el gobierno tiene ganas, entusiasmo y plena conciencia del lío en que estamos, bienvenido sea que presente un proyecto. Habría que tramitarlo con la urgencia que merece, porque este es un problema mayor. El fraude ha sido gigantesco, el robo, descampado y nunca visto”.

Asimismo, el senador apunta que el problema de las licencias que destapó el informe del organismo dirigido por Dorothy Pérez es el problema en la fiscalización.

“Lo que no puede seguir pasando es que esto quede en diagnósticos o en declaraciones rimbombantes. Aquí hay instituciones que no hicieron su trabajo, otras que se pasaron la pelota, y todo eso permitió que se instalara un sistema de abuso. Si el gobierno va a presentar un proyecto, tiene que ser serio, estructural, con medidas concretas y con responsables”.

En ese contexto, se tramita un proyecto que fortalece Fonasa, iniciativa que también contempla la modernización de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), la cual pasará a enfocarse exclusivamente en la certificación de la discapacidad, además de recibir un refuerzo en su dotación de personal.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) también cuenta que “ha habido mucha reserva de información. El plazo vence este mes, se ha anunciado que entraría por el Senado —así lo señaló la ministra de Salud— y, por lo tanto, estamos a la expectativa de conocer detalles. Espero que haya un trabajo prelegislativo, como ha ocurrido en otras iniciativas de ley, pero que hasta el momento, en esta, no ha sucedido".

Y coincide en que este debería tener algunas de las fórmulas estudiadas por el gobierno: “Urge a que el gobierno modifique en general las reglas del juego de la licencia y el subsidio. En ese sentido, perfectamente este proyecto podría hacer modificaciones al estatuto administrativo para no pagar anticipadamente, como privilegio, a los funcionarios públicos la licencia médica, y para que el uso malicioso de la certificación falsa”.