Gobierno fija plazo de 30 meses para nuevo Servicio Nacional de Migración

ubilla

Se considera incluir en el proyecto de ley de 2013 aspectos de la propuesta realizada por Bachelet en 2017.


Septiembre de 2020 es la fecha que maneja el gobierno para implementar el Servicio Nacional de Migración. La nueva institucionalidad, solicitada en su oportunidad por parlamentarios y organizaciones sociales, será anunciada por el Ejecutivo una vez que presente su propuesta migratoria durante los próximos días.

Este cambio fue informado por las nuevas autoridades a los funcionarios del actual Departamento de Extranjería y Migración (DEM), a quienes se les comunicó que el traspaso se ejecutará en un plazo máximo de 30 meses.

De esta forma, la materia dejará de depender de un departamento y se abordará con mayores potestades y recursos como servicio público. En tanto, pese a algunas posturas planteadas en el Congreso que preferían ubicar a esta entidad en un ministerio de tipo social, la intención del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, es mantener el asunto a cargo de esta cartera.

Este será uno de los puntos que el gobierno impulsará. A esto se sumarán propuestas, vía indicaciones, al proyecto presentado por el Presidente Piñera en 2013. Además, tal como indicó hoy el subsecretario Ubilla, la propuesta también contemplará aspectos tratados en el mensaje enviado por la ex Presidenta Michelle Bachelet en 2017.

“Es el mismo proyecto (de 2013) con indicaciones. Estas tienen que ver con algunos elementos que hemos encontrado interesantes del proyecto que presentó en octubre el gobierno de la señora Bachelet. También hay algunas sugerencias que recibimos de los parlamentarios cuando se tramitó el proyecto en 2013, además, de otras adecuaciones a la nueva realidad”, dijo Ubilla.

Entre los puntos de la propuesta de 2017 se considera incorporar aquellos artículos que reconocen derechos en salud, educación, reunificación familiar y una nueva visa de oportunidades o de visitante. Este permiso plantea autorizar el ingreso de extranjeros a Chile para desarrollar actividades laborales remuneradas durante un año, prorrogable, una sola vez como máximo, por el mismo periodo.

No obstante, desde la sociedad civil existe desconfianza hacia la propuesta. Para Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante, el proyecto de 2013 “yerra el camino” al acentuar su mirada en la seguridad.

“Seguridad Pública es algo que corresponde sólo al 1% de los migrantes, tienen que actuar los organismos especializados y no abordarlo desde el ámbito de la migración. En la ley hay que ver cómo se aplican políticas modernas que permitan a los trabajadores en desplazamiento que contribuyan al país”, indicó.

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