Un nuevo intento por volver a la papeleta activó el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC). El militante del PC, quien intentó frustradamente ser candidato a diputado por el distrito 9, esta vez recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para exigir que el Servicio Electoral (Servel) resuelva de manera urgente la solicitud de su partido para reincorporarlo en la elección del 16 de noviembre.

La última acción presentada por Jadue corresponde a un recurso de protección ingresado ante el tribunal de alzada capitalino este martes 28 de octubre. Dicho requerimiento se suma a los otros intentos del exalcalde de Recoleta por participar en la elección y que se activaron luego de que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentara la acusación en su contra por delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares.

Tras la acusación del Ministerio Público, que inhabilitó al militante del PC a ser candidato, el Tribunal Calificar de Elecciones (Tricel) lo excluyó de la parlamentaria el 12 de septiembre.

Sin embargo, días después, la defensa de Jadue logró reabrir la investigación del Ministerio Público, lo que a su juicio lo habilitaba nuevamente para competir. Pese a eso, y ante un nuevo requerimiento del candidato a la justicia electoral, el mismo Tricel ratificó su resolución del 16 de octubre pasado.

En paralelo, y tras resolverse la reapertura, el presidente del PC, Lautaro Carmona, ingresó ante el Servel una solicitud para que su candidato del distrito 9 fuera reincorporado.

Una petición que a la fecha no ha sido resuelta por el organismo electoral. Aquello generó que el exalcalde de Recoleta recurriera a la Corte de Santiago, para que se exija a la institución responder el requerimiento del partido oficialista.

En ese mismo recurso, Jadue también juega una última carta. Pide como “orden de no innovar” para que mientras dicho tribunal de alzada resuelve el fondo de su recurso de protección, se ordene al Servel reincorporarlo a la elección, afirmando que el recurso “no solo es procedente, sino urgente, para restablecer el imperio del derecho y evitar que la afectación a mis derechos constitucionalmente consagrados se torne irreversible con el avance del calendario electoral”.

En esta nueva arremetida judicial, y a diferencia de todas las anteriores, el militante comunista es representado por José Antonio Toledo, abogado que trabajó hasta mayo pasado en la Dirección de Educación de Recoleta, según los registros de Transparencia de dicha repartición. Anteriormente, Jadue era representado siempre por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.

El recurso de Jadue

En un escrito de 35 páginas, el recurso del frutrado candidato plantea los argumentos que, a su juicio, demuestran que el Servel estaría incurriendo en una ilegalidad al no responder la solicitud del PC.

“La persistencia del Servel en mantener silencio administrativo y en no adoptar las medidas que le corresponden para regularizar mi situación electoral constituye una omisión arbitraria e ilegal, que mantiene y agrava la vulneración de mis derechos fundamentales”, se lee en el escrito para justificar el recurso de protección.

En esa línea, Jadue plantea que cada día que pasa que el Servel no responde el requerimiento administrativo “implica una reducción irreversible de mi posibilidad de ejercer el sufragio y de participar en igualdad de condiciones en la contienda electoral”. Según el exacalde esta situación “lejos de remover obstáculos, los prolonga, haciendo que el tiempo opere como un instrumento de privación fáctica de derechos fundamentales”.

Por lo mismo, el exjefe comunal pide a la corte que el Servel resuelva la solicitud, ya sea el rechazo o bien que pida más antecedentes antes de responder. La actitud del Servel, plantea Jadue, “ha configurado una situación de indiferencia institucional incompatible con la deferencia que la ley exige”.

“La causa que habilitaba la suspensión desapareció”

En gran parte del escrito el suspendido candidato explica su situación judicial actual y cómo la reapertura de la investigación en su contra, a su juicio, restituye su derecho a participar en la elección.

Respecto a aquello, afirma que “la causa que habilitaba la suspensión desapareció, pero la consecuencia de la suspensión se mantiene, solo por ausencia de actuación administrativa (...) no existe condena, ni siquiera acusación vigente. De ello se sigue que mi exclusión actual del padrón electoral y el rechazo a mi candidatura carece de soporte válido en la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Más adelante también aborda los argumentos de la justicia electoral para excluirlo de la elección, específicamente el punto en el que se plantea que no puede ser reincorporado dado que el padrón electoral ya cerró. Para el excandidato aquello “no puede ser interpretado como una barrera infranqueable, y menos aun cuando dicho cierre consolidaría una vulneración a derechos fundamentales”.

Jadue ejemplifica el asunto con la Ley 18.700. Esa norma establece que un candidato puede ser reemplazado hasta ocho días antes de la elección en caso de que haya fallecido: “Esto significa que incluso en una etapa electoral mucho más avanzada que la actual el ordenamiento jurídico admite ajustes posteriores al cierre del padrón y a la publicación de candidaturas, en resguardo del pluralismo político y la representación democrática”.

Su situación personal, plantea el exalcalde de Recoleta, es más simple que el caso del fallecimiento de un candidato. “Se trata únicamente de restablecer el estado legal que corresponde. La autoridad no debe crear una candidatura nueva ni alterar la estructura electoral; solo debe corregir un error y restituir el pleno ejercicio de derechos que hoy se encuentran indebidamente suspendidos”, se lee en el escrito.