Viernes 7 de agosto, 15.00 horas, en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Esas son las coordenadas para la vista de la causa en el marco del requerimiento presentado por consejeros regionales (core) del Partido Republicano y de la UDI para destituir al gobernador metropolitano Claudio Orrego.

El requerimiento tiene una larga historia de hace un año atrás y partió cuando en julio de 2025 un grupo de cores de oposición a Orrego optó por ingresar el requerimiento ante el Tricel para pedir su destitución por faltas a la probidad.

En su momento la estrategia fue impulsada por cores como Ignacio Dülger (Republicano) o Álvaro Bellolio (UDI), junto a los abogados Máximo Pavez (UDI), Emiliano Garcia (Republicano) y Pablo Toloza (UDI).

Sin embargo casi todos ellos ahora son parte del gobierno. Dülger y Bellolio son funcionarios del Segundo Piso de La Moneda, Pavez es el subsecretario del Interior y García llegó al mando de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres.

En el requerimiento los cores acusan a la autoridad regional de haber incurrido en un supuesto “notable abandono de deberes” por “ausencia de manuales, controles internos y mecanismos de verificación básicos”, además de “concentración de funciones clave sin separación de responsabilidades”. Parte de estos reproches estaban vinculados a temas derivados del caso ProCultura.

A eso sumaron también “faltas graves a la probidad administrativa”, donde critican el uso de recursos públicos en actividades electorales como las “sesiones de coaching por más de $31 millones enfocadas en la campaña de reelección del gobernador”.

Viento a favor

Orrego llegará a la vista de la causa, representado por su abogado Ciro Colombara, con una mochila cargada de triunfos a su favor. De hecho varios de ellos han sido adjuntados por su defensa para que el Tricel los tome en consideración.

Así por ejemplo Orrego registra un rotundo triunfo ante la Corte de Santiago cuando logró que por 24 votos contra cero el pleno del tribunal de alzada capitalino rechazara la solicitud de desafuero de la Fiscalía por la imputación que pesaba en su contra en el marco del caso ProCultura. A eso se suma el consecuente sobreseimiento definitivo por parte del tribunal respecto de dicha causa.

Las buenas noticias en el frente penal incluyen también la solicitud de no perseverar que la Fiscalía Oriente presentó respecto de la arista que se abrió por el caso del coaching. Esto significó que luego de investigar, el Ministerio Público no encontró nada que fuera constitutivo de delito.

A ese listado, esta semana se añadió otro triunfo de Orrego en la Corte Suprema, donde logró obligar que la aseguradora Aspor pague los mil millones de pesos que no se habían podido recuperar producto del convenio Quédate que había firmado el Gobierno Regional Metropolitano con ProCultura. Orrego no solo consiguió recuperar el dinero del convenio, sino que además consiguió el cobro de una multa y el pago en costas.

Todo eso fue adjuntado por su defensa, junto al informe en derecho que elaboró el constitucionalista Gastón Gómez en el marco de la solicitud de desafuero en la Corte de Santiago y la opinión legal titulada “Requerimiento abusivo. Sobre el requerimiento de cesación de funciones presentado ante el Tricel contra el gobernador Claudio Orrego”, que publicó el constitucionalista Patricio Zapata.

Tanto Gómez como Zapata son parte del amplio equipo legal que está asesorando a Orrego. En ese equipo, que lidera Colombara, también se sumaron en su momento el exministro Jorge Burgos y el exministro del TC Jorge Correa.

Pese a todo ese historial, ante el Tricel el punto más sensible es lo que tiene vinculación con la arista del coaching. Si bien ahí no hubo delito, ante el Tricel se evaluará un asunto de otra naturaleza. Aquí los cores le sacarán el jugo al pronunciamiento de Contraloría en el que se desestimó solicitud de reevaluación que hizo Orrego ante el informe que detectó irregularidades de carácter administrativo.

“El notable abandono de deberes y la contravención grave al principio de probidad es algo que corresponde calificar privativamente al Tricel. Eso es lo que se decidirá mañana”, comentó a La Tercera el abogado Álvaro Ferrer que representa a los cores requirentes.

La deliberación quedará en manos del Tricel luego de los alegatos en donde se enfrentará por un lado Ferrer y por el otro Colombara. La decisión finalmente será tomada por los ministros que integren la sala entre los que están los supremos Arturo Prado, Mauricio Silva, Adelita Ravanales, Omar Astudillo y el ministro Gabriel Ascencio.