El brutal crimen de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió en manos de una banda la semana pasada reactivó un viejo debate que, cada cierto tiempo, se toma las discusiones en el Congreso.

Se trata de las reformas a la ley de responsabilidad penal adolescente. A medida que se ha ido intensificando la participación de adolescente en la comisión de delitos violentos, a nivel parlamentario son varias las voces que empujan una agenda para modificar la edad de imputabilidad a los menores, bajando el límite inferior que hoy está en los 14 años.

De hecho los padres de Alejandro proponen cambios que permitan que quienes participen en encerronas, delitos cometidos en grupo u otros hechos de extrema violencia, reciban penas efectivas de cárcel sin atenuantes que permitan rebajar las condenas.

El Presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Martín Arrau (Republicano) ya anunciaron que el gobierno respaldará iniciativas en esa línea e incluso se reunirá con familiares de víctimas por este tipo de delitos violentos.

Este martes el subsecretario de Prevención del Delito Gonzalo Guerrero es el encargado de hacer la bajada concreta del gobierno sobre hacia dónde irán las modificaciones que impulsará el Ejecutivo en esta línea.

Uno de los puntos que ya están zanjados en el gobierno es que tomarán como base la moción parlamentaria que presentó en 2022 el actual senador Andrés Longton (RN) junto a otros diputados de la época.

Si bien son varios los que quieren modificar la edad en que los adolescentes pueden ser imputados ante los tribunales, la moción de Longton explora otro camino. Esto debido a que la mayoría de los menores que cometen delitos, lo hacen entre los 14 y 17 años.

El problema que identificó Longton es que el sistema penal tiene una serie de reglas especiales que permiten que finalmente las penas de los adolescentes sean bajas y se cumplan en libertad.

Por eso el proyecto que promovió en su momento se hace cargo de eliminar esas reglas especiales de manera que los tribunales, cuando tengan que hacer la prognosis de pena al momento de por ejemplo decretar una medida cautelar, opten por la más gravosa ya que la pena en abstracto, en caso de condena, será alta.

“Nuestro proyecto ya tiene un avance relevante, estando ya en su último tramite en el Senado, y dentro de la agenda prioritaria de proyectos de los ministros Arrau y Rabat, más la suma urgencia que tiene”, dice Longton.

El senador hace referencia a uno de los seis imputados por el crimen de Alejandro, uno de los adolescentes que había delinquido antes y que registra pasos por programas de reinserción: “Que los menores de edad que le quitaron la vida a Alejandro hayan estado en libertad a pesar de los sucesivos delitos violentos que habían cometido revela que no solo las penas sino que las reglas dentro determinación de las mismas son permisivas y excesivamente garantistas, lo que implica que difícilmente hoy, a pesar de la gravedad de los delitos, se cumplan penas intensas privados de libertad conjuntamente con programas robustos de reinserción y rehabilitación”.

La idea del proyecto, que está listo para ser votado en general en la sala del Senado, es que se dejen de aplicar, para un catálogo de delitos violentos, las reglas que hacen que las penas bajen sus grados.

Otro de los puntos que aborda esa iniciativa es que elimina la posibilidad de que los adolescentes que fueron condenados partan con irreprochable conducta anterior al cumplir los 18 años. Esto ya que actualmente al ser mayor de edad, todos los antecedentes penales previos, desaparecen por lo que si vuelven a delinquir después de los 18, parten con la atenuante de irreprochable conducta anterior.

Durante esta jornada el subsecretario Guerrero estuvo analizando el contenido del proyecto y tenía en agenda una reunión con el ministro Arrau para terminar de darle forma a la estrategia del Ejecutivo para hacerse cargo de la presión que generó el crimen de Alejandro y reformar la ley de responsabilidad penal adolescente.

Esto se hará en sintonía con las propuestas que también está definiendo el equipo del ministro de Justicia Fernando Rabat, ya que es un tema compartido entre ambas carteras.