La Laguna Santa Elena, en la Región del Ñuble, a más de 30 kilómetros de Chillán, se ha presentado como el “Hogar del cisne negro en Ñuble”. El espacio acuático comprende 281 hectáreas que sirven de hogar para otras especies de aves, entre estas patos, garzas y taguas, además de mamíferos como el coipo y anfibios como la rana y el sapito de cuatro ojos.

Este lugar es uno de los 99 sitios prioritarios que el Ministerio de Medio Ambiente busca ahora proteger por ley. Los sitios prioritarios son áreas marcadas como lugares de alto valor ecológico, hábitat de diversas especies amenazadas o claves para el equilibrio ambiental, y se les identifica como zonas donde se deben impulsar medidas de sustentabilidad, conservación y restauración.

En Chile hay 350 sitios considerados prioritarios, pero que existen previo a la promulgación de la Ley 21.600 -o “Ley para la Naturaleza”- que otorga protección legal a dichas áreas. En lo concreto, la legislación establece que estas zonas pueden ser objeto de instrumentos para la conservación de la biodiversidad y se remarcan prohibiciones a temas como extraer tierra de hoja o turba, capturar, herir o dar muerte a animales, destruir nidos, extraer ejemplares de especies de plantas, algas, hongos, entre otras prohibiciones. Eso sí, la ley recalca que las infracciones y prohibiciones no corresponderán para aquellos que ejecuten proyectos con sus respectivos permisos.

Al haber sido declarados sitios prioritarios previo a la ley, dichas áreas no contaban con el resguardo de esta, y la legislación exige que deben ser reconocidas mediante un decreto. De ahí que el ministerio liderado por Maisa Rojas promovió el decreto y levantó una consulta ciudadana para proteger por ley esos lugares, pues enmarcar a un sitio prioritario es un avance para posteriormente crear áreas protegidas o paisajes de conservación, las cuales cuentan con mayor resguardo regulatorio. Esto, debido a que los sitios prioritarios no son consideradas áreas protegidas ni forman parte del sistema nacional que las comprende.

El proceso comenzó el 3 de septiembre con la publicación en el Diario Oficial de la consulta pública sobre el listado de los sitios prioritarios. El trámite consiste en que cualquier ciudadano puede plantear hasta el 17 de noviembre su opinión respecto de los sitios declarados prioritarios. Sin embargo, el tema ya ha levantado ruido, especialmente en empresas del rubro minero e inmobiliario, que han reclamado en contra del decreto a través de la consulta ciudadana.

En lo concreto, los 99 sitios están repartidos en 23 lugares de la Macrozona Norte (desde Arica y Parinacota hasta Atacama), 46 en la Macrozona Centro (desde Coquimbo al Maule) y 30 en la Macrozona Sur (desde Ñuble a Magallanes). Forman aproximadamente cuatro millones de hectáreas si se considera a los 99, y comprenden cerca del 30% del total de 14 millones de hectáreas de los 350 sitios prioritarios que se buscará regularizar en total.

Esta estrategia tiene como objetivo cumplir los compromisos internacionales de 2002 de la Convención sobre la Diversidad Biológica y aportar al objetivo del ministerio llamado “Meta 30x30” de proteger al menos el 30% del territorio nacional al 2030, pues al hacerlo se estima que la probabilidad de extinción de las especies disminuye significativamente.

El mapeo interno

En la Región Metropolitana son ocho sitios los que se busca declarar prioritarios. Uno de ellos es el cerro Águilas, compuesto por 12.730 hectáreas y considerado un área donde se desarrolla el Bosque Esclerófilo Costero y donde habitan especies amenazadas como el gato Colocolo y el quique, que es una especie de hurón. Según ha alertado Medio Ambiente, esta área se encuentra “aislada y presionada por la expansión agrícola”.

La segunda zona se encuentra en Chacabuco-Peldehue, cercano a Colina. Son unas 62.470 hectáreas en un sitio que alberga el Matorral Espinoso de las Serranías, el Bosque Esclerófilo Andino, el Matorral Esclerófilo Andino y la Estepa Alto Andina. Medio Ambiente consigna que el lugar “funciona como corredor biológico entre las cordilleras de los Andes y la Costa”.

Pasado Peñalolén están las 14.179 hectáreas del Contrafuerte Cordillerano, que incluye vegetación como matorrales y bosques esclerófilos andinos. Ahí está la planta Lithrae caustica, además de registrarse 351 especies de las cuales el 87% son nativas y cinco de ellas figuran en estado de conservación.

El Cordón de Cantillana es otro lugar con 147.523 hectáreas y es considerado por Medio Ambiente como una “zona con ecosistemas únicos”, incluyendo ocho comunidades vegetacionales y 19 espacios en conservación. Cuenta con alta biodiversidad de peces nativos “y relevancia hídrica regional”.

Pasando Puente Alto están las 115.692 hectáreas de El Morado, que se considera por Medio Ambiente como “clave para proteger microhábitats de quebradas y humedales de altura”. Se considera que tiene especies endémicas (que se ubican en un solo lugar) amenazadas. Es considerado “uno de los sitios con mayor riqueza de macroinvertebrados bentónicos (animales acuáticos pequeños) del río Maipo”.

Otro sitio es El Roble, de 84.581 hectáreas, ubicado cerca de Curacaví y calificado con recursos naturales que le dan singularidad al paisaje, como el Bosque de Roble Relicto, además de tener microclimas diversos y suelos frágiles, incluyendo algunas especies en peligro de extinción.

También figura el Humedal de Batuco, con 6.906 hectáreas que albergan a 70 especies de aves, que representan a un 20% de la avifauna chilena, además de reptiles, anfibios y mamíferos. La última zona es río Clarillo, que corresponde a 52.971 hectáreas que conectan el río Maipo con la cordillera de O’Higgins y presentan bosques, además de 144 vertebrados de los que 66% son aves y 106 nativos, un 86% de reptiles endémicos y 44 especies con problemas de conservación.

El ruido industrial

La arremetida de Medio Ambiente ha generado tensión en la industria. Ya hace dos semanas la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) golpeó la mesa criticando la decisión. Advirtieron que 273 instalaciones mineras se encuentran dentro de los 99 sitios prioritarios.

“No exagero si digo que la inquietud que hay, especialmente en la pequeña minería, yo la comparo prácticamente con la inquietud con la que partimos este gobierno, en donde había un proceso constitucional en marcha que ponía en riesgo la supervivencia de la minería y hoy día, diría yo, estamos enfrentando lo mismo”, dijo el presidente de Sonami, Jorge Riesco, el 8 de octubre.

A esas críticas también se sumó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) a través de una carta a Medio Ambiente por medio de la consulta ciudadana. En ella hicieron ver varios puntos críticos del proceso.

En primer lugar, hablaron de la inexistencia de un reglamento “que defina cómo deben determinarse los sitios prioritarios” y, por ende, recalcaron que ello representó un “vicio de nulidad de derecho público”, el cual incluso están evaluando impugnar ante la Contraloría General de la República. También se criticó que el suelo urbano es un “recurso escaso” y mayores restricciones pueden contribuir a la crisis habitacional en el país. Por último, se advirtió que “imponer ex post la categoría de sitio prioritario sobre territorios ya calificados como urbanos implica revisar y alterar decisiones previamente adoptadas”.

El director ejecutivo de ADI, Slaven Razmilic, dice que “la definición de sitios prioritarios sobre suelos urbanos ya regulados por instrumentos de planificación territorial, muchos de ellos con evaluación ambiental estratégica vigente, solo añade más permisología y trabas para el desarrollo en Chile”. Afirma que a su rubro en particular afecta “en materia de menores terrenos disponibles tanto para viviendas como para servicios urbanos, pero además hay una afectación difícil de medir en términos de limitación para la expansión futura de las ciudades. Más que al rubro inmobiliario, esta medida afecta al desarrollo, a la inversión y a la generación de empleos”.

Además, plantea que “hay polígonos de sitios prioritarios en consulta que se traslapan con zonas de expansión urbana ya planificadas y reglamentadas, algunas en que ya existen permisos de edificación aprobados. Es decir, zonas ya planificadas para el desarrollo urbano, definidas a través de procesos técnicos, con participación ciudadana y con evaluación ambiental, y que ahora se restringen a la rápida, sin cumplirse todas las etapas requeridas y obviando lo ya resuelto en instancias previas”.

Razmilic tampoco cree que la consulta ciudadana en este caso en particular sirva para acoger las sugerencias.

El exministro de Medio Ambiente de Michelle Bachelet, Pablo Badenier, critica la forma en que se hizo el proceso. “El gobierno ha propuesto que 99 sitios prioritarios existentes sean reconocidos, no obstante se desconoce la metodología utilizada para llegar a ese listado y el porque esos sitios y no otros. Si se conocieran los criterios y estos fueran objetivos, se podría llegar a escenarios de mayor aceptabilidad y tener un proceso de consulta pública que permita distinguir entre sitios prioritarios reconocidos”, dice. El gobierno ha recalcado que el listado se hizo en base a revisión de antecedentes ecológicos, recepción de aportes territoriales, evaluaciones técnicas y diálogos con actores, entre otras medidas.

El subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, dice que “esto no es un freno a la inversión, entregará mayores certezas ambientales y territoriales, promoviendo una inversión sostenible”. Recalcó que el proceso de consulta “entregará incentivos. Cuando el país define con claridad cuáles son los territorios que requieren atención, también entrega señales concretas sobre dónde se puede invertir. En ese sentido, la próxima semana desde Medio Ambiente sostendrán diálogos con los gremios mineros e inmobiliarios.