Las gestiones de Boric por Karamanos

El fiscal Patricio Cooper, quien lidera la investigación por ProCultura, tenía completa convicción de que se requería intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric.

Por lo mismo, no sólo requirió la medida intrusiva en una ocasión, sino que insistió una segunda vez. Pese a ello, el Juzgado de Garantía de Antofagasta les cerró la puerta en ambas oportunidades.

Pese a ello, en los escritos presentados por el persecutor se desprenden una serie de elementos que hoy son centrales para el caso. Entre ellas, que el Mandatario sí se desplegó con miras a recabar antecedentes respecto de los cargos que se le imputaban a su expareja, la socióloga Irina Karamanos, quien trabajó unos meses para ProCultura.

En el expediente está el registro de una conversación que Boric sostuvo con la exesposa de Alberto Larraín, la siquiatra Josefina Huneeus, a quien le solicitó información específica respecto de los antecedentes judiciales que se manejaban y que vinculaban el caso con su “ex”.

El fiscal detalla ante el tribunal que “el Presidente Gabriel Boric Font intenta coordinar una defensa respecto de su expareja, pidiéndole a su interlocutora el número telefónico de la representante legal de la Fundación ProCultura, María Constanza Gómez, también imputada en esta causa, a fin de coordinar una defensa para Karamanos, con aquella y con su abogado, es decir (una defensa) común respecto de ambas, actuando como intermediario”.

El grupo del diputado Ibáñez y Larraín

Otro de los hallazgos de la PDI y la Fiscalía corresponde a un grupo denominado “La Convergencia Cristiana”, integrado por el diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez, Alberto Larraín, el ahora subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y funcionarios de ProCultura.

Las primeras intervenciones, según publicó T13, son sobre recursos públicos y parten con Pablo Durán, exjefe del programa de campamentos del Minvu en el Biobío, exponiendo que tuvieron que pagar pasajes de voluntarios porque no había dineros.

El mensaje fue respondido por Francisco Fuentes, extrabajador de la ONG, quien afirmó que “no es de mala onda, yo sé que a (Nicolás) Grau se le pierden los millones, pero si nosotros dejamos de financiar acá, quiebra”.

En esa conversación intervino el diputado Ibáñez: “Sale qliao, pasamos 500. Y eso q teníamos una deuda de millones por el Apruebo que se rechazó”.

Seguido de eso, en el grupo hablaron sobre cupos en el gobierno, instancia en la que el diputado le dijo al resto que “si no ganan elecciones. Q esperan. Ganen y tendrán”. Mensaje al que Fuentes respondió: “Pero si ganamos la presidencial. Y ni el guardia en la entrada de la Seremi del Deporte”.

Momento en el que intervino Larraín afirmando que eran “llorones”, ya que él ha pasado “más plata a ese partido que ustedes y no milito”, concluyendo: “Nosotros seguimos construyendo nuestro reino. Los recibiremos cuando los exilien”. Esto, en referencia a Revolución Democrática (RD).

Las críticas de la expareja de Larraín

También se visó el “pinchazo” al celular de la expareja de Alberto Larraín, Josefina Huneeus, ya que se encontraba a nombre del fundador de ProCultura.

Al poco andar, eso sí, el Ministerio Público advirtió que era de interés para la indagatoria, ya que ella -como argumentó luego la Fiscalía- tenía conocimiento sobre los movimientos de Larraín y el funcionar de la ONG. Así quedó de manifiesto, de hecho, en una conversación que esta mantuvo con su madre, la encuestadora Marta Lagos.

En medio del diálogo, Huneeus no sólo le revela que nadie en la fundación sabía que Larraín había contratado a Karamanos, sino que también había caído en una bicicleta financiera que perjudicó a la entidad que dirigía.

“La madre le consulta respecto de la situación de Alberto, donde Josefina comenta que habló con el tata Alberto, concluyendo que estuvieron como tres horas en la Fiscalía, y que perdió como $ 50 millones por el tema de la abogada. La mamá le pregunta qué va a pasar con él, y Josefina le explica que él hizo puras tonteras, comprando poder e influencias, siendo irresponsable, porque la Coni (la representante legal) le indicó que la plata se terminó transformando en una bicicleta, donde el día que les cortaron las platas, se deberían haber declarado en quiebra”, se lee en el correo en que se alertó sobre dicha escucha.

Los 26 teléfonos “pinchados”

A fines del 2024, el fiscal Cooper pidió al Juzgado de Garantía de Antofagasta la interceptación de 26 teléfonos de propiedad de 17 personas.

Entre estos se encuentra el propio Alberto Larraín, quien tenía tres líneas, una de ellas ocupada por su expareja Josefina Huneeus. En la familia del psiquiatra, además, se interceptó a Alberto Federico Larraín Lohmayer, padre del director ejecutivo de la fundación.

También se interceptaron los números de Allan George Mix Vidal, presidente del último directorio de ProCultura y jefe de urgencia del Hospital del Salvador -donde trabajó Alberto Larraín-; María Constanza Gómez Cruz, representante legal de ProCultura e imputada del caso, y la fotógrafa Patricia Ilonka Csillag Pimsteim.

Misma diligencia que se siguió en contra de la jefa de finanzas María José Maturana Valenzuela, de la secretaria de la organización, María Eugenia Sabbagh Vidal; de José Sergio Villarroel Miranda, contador auditor; Johny Fabián San Martín Flores, administrador general, y de Emilio Pablo Marinao Fuentes, subdirector ejecutivo.

El Ministerio Público, por último, requirió intervenir las llamadas de los ahora extrabajadores de ProCultura: Pablo Andrés Durán Romero, Francisco Alejandro Fuentes Araya, Nicolás Francisco Ormeño Matus, Salvador Eduardo Núñez Pérez, Enrique Ariel Aracena Reyes, Macarena Paz Fernández Génova y María Teresa Abusleme Lama.