Ley CATI: Lo Barnechea realiza fiscalización con fotorradares desde hace un año y detectó más de 8.000 infracciones

Un plan aplicado por la alcaldía que lidera Cristóbal Lira desde 2022 comenzó a dar frutos. "Antes de este piloto nosotros llegábamos a pasar más de 1.700 partes mensuales, y esa cifra hoy ha disminuido de forma radical", dice Lira, algo que con la nueva ley debería reforzarse y expandirse a todo el país, para bajar las cifras que dejan los accidentes automovilísticos.


En 2021, la comuna de Lo Barnechea alcanzó un punto crítico debido a los accidentes automovilísticos. Y es que, según el alcalde Cristóbal Lira, “a diario contábamos con más de tres accidentes por exceder el límite de velocidad y llegamos a darnos cuenta de que los autos corrían a más de 95 kilómetros por hora. Era una vergüenza”, explicó.

Ese escenario obligó al municipio a actuar a través de la instalación de estructuras para reducir la velocidad, como lomos de toro, señaléticas, semáforos y letreros de precaución ubicados en varias calles y avenidas, entre ellas La Dehesa, una de las avenidas con mayores accidentes por exceso de velocidad dentro de la comuna. No obstante, tales acciones no dieron resultado.

“Seguíamos con accidentes por exceso de velocidad, menores atropellados y gente herida. Eso nos llevó a preguntarnos por qué el escenario no cambia, si estamos implementando tantas medidas en contra de este fenómeno. Y así caímos en la cuenta de que en nuestra cultura, si no hay castigo, el cambio no se produce”, señala Lira.

Así, en febrero de 2022 el municipio decidió dar un giro en temas de fiscalización. A través de un plan piloto, se instalaron alrededor de 40 cámaras con fotorradares en las principales avenidas de la comuna, que miden velocidad y detectan vehículos a través de su placa patente con el fin de disminuir los accidentes de tránsito.

Las primeras vías en ser intervenidas fueron avenida La Dehesa y Camino el Huinganal, y luego se extendió hacia Juan Pablo II, en la ruta que conecta con Chicureo y Colina. En total fueron seis puntos intervenidos, los que según el alcalde “son las principales calles donde se excede la velocidad”.

Asimismo, cada central de cámaras contaba con un carabinero en forma permanente que actuaba como ministro de fe para entregar solo infracciones o partes de cortesía, puesto que como aún la Ley de Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI) no estaba aprobada, los partes y el pago de este solo podían ser efectuados al momento de identificar al vehículo in situ y no a través de una cámara digitalizada.

A casi un año de su implementación, la medida de Lo Barnechea ha dado resultados sustanciales: a enero de 2023 se han cursado un total de 8.133 partes de cortesía.

“Se produjo un cambio enorme por parte de la comunidad, pese a que no debían pagar los partes, y también se ha evidenciado el impacto de estas herramientas en la avenida. Antes de este piloto nosotros llegábamos a pasar más de 1.700 partes mensuales, y esa cifra hoy ha disminuido de forma radical. Creemos que ahora con la aprobación de la Ley CATI el cambio será mayor dentro de las personas, habrá un cambio real. Y para eso estamos trabajando”, recalcó el alcalde.

Ley CATI

Como dice Lira, y tras casi nueve años de tramitación, el Congreso despachó el proyecto que crea la Ley CATI, una herramienta que según se detalla desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), tendrá una red automatizada, debidamente señalizada en las zonas de control y que se hará cargo de la detección, notificación y tramitación de las infracciones.

La ley faculta al MTT para que, a través de la red de dispositivos automatizados, pueda detectar: exceso de velocidad, transitar en área urbana con restricción por contaminación ambiental, infracción a normas de transporte terrestre, susceptibles de captación automatizada (uso de vía exclusiva) y no respetar la luz roja de un semáforo.

El primer paso para la aplicación de la Ley CATI será la redacción de su reglamento asociado, tarea para la cual el MTT tendrá un plazo de hasta seis meses desde que la ley se publique en el Diario Oficial. Posteriormente, se tendrá un plazo de 90 días para iniciar su implementación luego de que los reglamentos hayan sido publicados oficialmente.

Consultado por La Tercera, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que la implementación de tal tecnología contará con una inversión de MM$9.598, que contempla su implementación, operación y mantenimiento de los dispositivos, además de otros costos adicionales.

En cuanto a qué zonas de la Región Metropolitana serán intervenidas con estos sistemas, el ministro sostuvo que estas “serán definidas según la metodología que establezca el reglamento que deberá emitir el MTT, en el plazo antes señalado. Esta metodología tomará en consideración los puntos con mayor concentración de siniestralidad. En cuanto a la cantidad, el informe financiero establece que la red de dispositivos debe partir con 38 equipos”.

Pese a que aún no hay zonas establecidas para la aplicación de los fotorradares, el MTT, a través de Conaset, ha desarrollado desde 2019 varios pilotos de control automatizado de velocidad y cruce de semáforo en rojo para levantar información sobre estas conductas y testear la tecnología. “Los resultados mostraron, por ejemplo, que el 2019 en Puente Alto y Las Condes el 70% de los automóviles superaba la velocidad máxima. En resumen, los pilotos permitieron reforzar la necesidad de contar con el CATI y evaluar la factibilidad de aplicarlo en el país con las distintas tecnologías disponibles”, sostuvo Muñoz.

Desde Conaset sostienen que en países donde se ha implementado esta tecnología se han observado reducciones de hasta 40% en las muertes por siniestros viales, y ese es el mismo objetivo que se tiene en Chile, estableciendo como meta reducir en 30% los fallecidos en el tránsito para 2030.

Y según datos del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, el año 2022 cerró con 115.998 infracciones de tránsito por exceso de velocidad, cifra que disminuyó 11,5% (15.137 infracciones) respecto del registro de 2021, cuando se cursaron 131.135 multas por la misma razón.

En cuanto a los fallecidos, y aunque aún no maneja las cifras finales del año pasado, Carabineros señala que se registraron alrededor de 1.745 fallecidos por siniestros de tránsito, donde las principales causas se deben a no estar atento al momento de conducir, velocidad no razonable ni prudente y conducción en estado de ebriedad.

El ministro Muñoz también menciona que la evidencia internacional muestra que, al contar con la fiscalización automatizada en zonas claramente señalizadas, se generan cambios conductuales en las personas, que podrían llevar a una disminución de 25% en las infracciones de este tipo durante el primer año.

“En países donde se ha implementado esta tecnología se han observado reducciones de un 29 hasta un 40% en los siniestros con resultado fatal. Anualmente mueren en nuestras calles dos mil personas por siniestros viales. Estimamos que esta herramienta disuasiva permitirá evitar que 600 de nuestros compatriotas mueran cada año”.

Para Axel Rimbaud, ingeniero y fundador del Movimiento Contra el Exceso de Velocidad Letal (MEL), la aprobación del proyecto llega en un “momento clave, debido a que un control de fiscalización como CATI podría reducir en al menos 10% el número de fallecidos que se dan cada año en Chile. Hace un tiempo nosotros impulsamos un proyecto con la Universidad Católica, en donde evidenciamos que en el país mueren al año más de dos mil personas por accidentes viales, entonces un mecanismo de fiscalización como este podría salvar la vida de casi 200 personas anualmente. El impacto es muy fuerte”, recalca.

Daniel Lanfranco, coordinador general del colectivo Muévete, resaltó la importancia de implementar este sistema, puesto que “sabemos que muchas de las causas de los siniestros viales quedan impunes a raíz de una falta de fiscalización de este tipo de causas. Por ejemplo, el exceso de velocidad, que es uno de los factores más importantes a la hora de causar accidentes tanto en zonas urbanas como rurales, hoy no cuenta con la fiscalización adecuada. Este proyecto facilita la fiscalización y el monitoreo”, concluyó.

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