La auditoría que prepara el Ministerio de Ciencia sobre Becas Chile promete abrir como nunca antes la discusión sobre uno de los principales programas de formación de capital humano avanzado impulsados por el Estado. El trabajo, cuyos resultados serán presentados a la Comisión de Futuro y Ciencia de la Cámara en las próximas semanas, no solo busca dimensionar cuántos beneficiarios incumplieron las obligaciones adquiridas al estudiar con financiamiento público, sino también exponer problemas de gestión acumulados durante años.

El tema reapareció luego de que el gobierno comenzara a revisar en detalle -tal como en otros apoyos como el CAE- los casos de becarios que no cumplieron con las condiciones establecidas en las bases de los concursos. Entre ellas, la principal obligación consiste en regresar a Chile y residir en el país por un período equivalente al tiempo financiado por la beca. Quienes no cumplen con esa exigencia pueden ser declarados en incumplimiento y quedar obligados a restituir los recursos entregados por el Estado.

Las cifras actualmente disponibles en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) muestran que, entre 2014 y 2026, existen 488 beneficiarios de Becas Chile en situación de incumplimiento en el extranjero y en territorio nacional.

En el caso de los programas en el extranjero, los registros contabilizan 76 doctorados en incumplimiento, equivalentes al 2,39% del total; 147 magísteres (4,9%); 33 postdoctorados (7,8%) y 12 subespecialidades médicas (15%). De ellos, 61 casos ya se encuentran judicializados.

En las becas nacionales, en tanto, aparecen 188 doctorados en incumplimiento (1,8%) y 32 magísteres (0,72%), con otros 69 casos que han llegado a tribunales.

Tanto desde el gobierno como desde organizaciones de becarios reconocen que la discusión está lejos de cerrarse. Una de las principales interrogantes apunta a la calidad y completitud de la información disponible.

Fuentes conocedoras del proceso sostienen que el visor público de ANID solo contiene información desde 2014 en adelante, mientras que una parte importante de la auditoría ha consistido en reconstruir antecedentes correspondientes al período 2008-2013, cuando el programa comenzaba a consolidarse bajo la entonces Conicyt.

Según reconocen quienes están al tanto de la investigación, gran parte de esos antecedentes no estaban consolidados y debieron ser revisados caso a caso. El proceso habría permitido identificar nuevos expedientes, pero también deja al descubierto debilidades administrativas históricas dentro de la institucionalidad encargada de administrar las becas.

“Había información que no estaba digital y que tuvieron que digitalizar una a una”, comenta una fuente vinculada al proceso. En privado, varios actores coinciden en que el problema no se limita al comportamiento de algunos becarios, sino que también involucra falencias en el seguimiento y control sobre los compromisos adquiridos por los beneficiarios.

De hecho, en las últimas semanas se ha producido un fenómeno llamativo, advierten testigos del proceso. A sabiendas de que el gobierno está buscando hacer cosas al respecto, investigadores que mantenían documentación pendiente comenzaron a regularizar su situación ante la agencia, mientras otros han buscado establecer convenios de pago o aclarar antecedentes que permanecían incompletos. ¿Efecto advertencia?

Cambio al diseño

Pero el debate de fondo va más allá de las cifras de incumplimiento. El presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, advierte que el problema no puede reducirse exclusivamente a una cuestión de fiscalización.

“Aquí no estamos sólo frente a un problema administrativo. Hay también un problema de diseño: Chile formó capital humano avanzado, pero no siempre generó las condiciones institucionales, laborales y científicas para que ese talento retornara, se insertara y contribuyera efectivamente al país”, señala.

Lavandero sostiene que el Estado debe exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos, pero advierte que cualquier estrategia de cobro debe distinguir entre incumplimientos efectivos, errores administrativos, retrasos documentales o situaciones justificadas.

La discusión toma especial relevancia porque el mecanismo de retribución vigente descansa principalmente en un criterio de residencia física en Chile. Es decir, la obligación no consiste necesariamente en desarrollar proyectos específicos o generar resultados medibles para el país, sino en permanecer dentro del territorio nacional durante un plazo determinado.

Esa lógica es precisamente la que organizaciones de investigadores buscan revisar. Mary Valdés, presidenta de la Sociedad Internacional de Investigadores de Chile (SICh), plantea que el sistema actual confunde residencia con aporte efectivo. “Asumir que estar físicamente en Chile equivale automáticamente a retribuir al país es una visión que quedó desactualizada”, sostiene.

Según ella, el programa carece de herramientas para medir de manera sistemática el aporte realizado por los becarios una vez finalizados sus estudios. Tampoco existirían mecanismos robustos para registrar colaboración científica internacional, transferencia tecnológica, formación de estudiantes o participación en proyectos estratégicos para el país.

La crítica coincide parcialmente con las reflexiones que han surgido dentro del propio Ministerio de Ciencia. El objetivo de la auditoría, explican fuentes conocedoras, no sería iniciar una “cacería” contra los beneficiarios, sino identificar debilidades estructurales y proponer modificaciones a las bases del programa.

Deficiencias de gestión

Entre los cambios que se evalúan aparecen nuevos criterios de acceso, mecanismos de seguimiento más rigurosos y una revisión del concepto de retribución.

La discusión, sin embargo, promete ser compleja. Por un lado, existe consenso en que quienes aceptaron las condiciones de la beca conocían desde el inicio la obligación de retorno y residencia. Por otro, crece la presión para actualizar un modelo diseñado hace casi dos décadas, cuando la movilidad internacional de investigadores era mucho menor y el trabajo remoto prácticamente inexistente.

El desafío para el gobierno, y para el Ministerio de Ciencia comandado por Ximena Lincolao, será encontrar un equilibrio entre exigir responsabilidad sobre recursos públicos financiados por el Estado, pero sin perder de vista una pregunta más amplia sobre el propósito original del programa.

Mientras la auditoría intenta determinar cuántos becarios realmente incumplieron las condiciones que acordaron al adquirir el beneficio, el debate que comienza a instalarse apunta a otra interrogante. Para esto, la SICh espera juntarse con la ministra y así plantearle sus inquietudes. Esto, luego de una fallida reunión del 20 de mayo agendada por lobby, donde nadie del Minciencia asistió. El encuentro quedó agendado para este 17 de junio entre la secretaria de Estado y el gremio de investigadores científicos.