Los siniestros que se registraron en la zona sur del país reactivaron una discusión que llevaba meses en pausa. La presión de la emergencia empujó la discusión de la Ley de Incendios, que este martes fue aprobada por el Senado y ahora avanza a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados,

En palabras simples, esta iniciativa, ingresada por el Presidente Gabriel Boric en octubre de 2023, busca fortalecer la prevención y mitigación de incendios forestales y rurales en todo el territorio nacional, a partir de un marco regulatorio orientado a anticipar los siniestros y reducir su impacto sobre personas, bienes, infraestructura y el medio ambiente.

Sin embargo, más allá de las intenciones, en el debate ha comenzado a instalarse la pregunta de fondo: si las herramientas que establece la ley realmente permitirán adelantarse a los incendios o si, en la práctica, sus efectos serán más bien acotados frente a la magnitud de los siniestros que se repiten cada verano.

En concreto, la ley apunta a que el riesgo de incendios sea considerado al momento de planificar ciudades y zonas rurales. Para eso, identifica como áreas especialmente peligrosas los sectores donde conviven viviendas y vegetación —la llamada interfaz urbano-rural— y plantea reglas más estrictas para esos espacios. La idea es limitar la instalación de nuevos asentamientos en zonas de alto riesgo y ajustar las normas de construcción y uso del suelo para disminuir la exposición al fuego.

Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en establecer obligaciones claras para los propietarios de terrenos en zonas de riesgo. Entre ellas se encuentra la construcción y mantenimiento de cortafuegos, el manejo y limpieza de la vegetación y la implementación de medidas de protección alrededor de áreas habitadas o infraestructuras críticas. Estas medidas tienen por finalidad disminuir la velocidad e intensidad de los incendios y, de ese modo, limitar su propagación.

Sin embargo, a pesar de su amplio respaldo en el parlamento, el proyecto enfrenta críticas desde el mundo técnico y profesional, particularmente por su carácter marcadamente reactivo y por la ausencia de mecanismos efectivos destinados a evitar la ocurrencia de incendios antes de que estos se desaten.

Una de las voces más críticas ha sido la del presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, Simón Berti, quien advierte que el texto recientemente aprobado por la Cámara Alta no contiene “ningún artículo orientado directamente a prevenir el inicio de los incendios, pese a que ese es el principal objetivo que declara su título”. A su juicio, la ley se limita a regular aspectos asociados a la reducción de la propagación del fuego y al combate posterior, sin abordar las causas estructurales que explican por qué Chile mantiene, desde hace al menos 15 años, un promedio de entre 6 mil y 7 mil incendios forestales por temporada.

Según Berti, el problema de fondo es que el Estado ha optado por reforzar sistemáticamente las capacidades de combate —duplicando e incluso triplicando los recursos destinados a brigadas, aeronaves y logística— sin que ello se traduzca en una disminución real del número de incendios. “Seguimos teniendo la misma cantidad de siniestros, y cada cierto tiempo enfrentamos desastres de gran magnitud cuando coinciden incendios con condiciones meteorológicas extremas”, sostiene.

Las críticas desatendidas al proyecto

Desde el Colegio de Ingenieros Forestales apuntan a una omisión clave del proyecto: la inexistencia de patrullajes preventivos obligatorios en escenarios de alto riesgo climático. La propuesta del gremio considera indispensable que, cuando se registran condiciones que favorecen una rápida propagación del fuego —altas temperaturas, baja humedad y eventos de viento intenso como el puelche—, instituciones como Carabineros, la PDI, Bomberos, y la propia Conaf desplieguen acciones de vigilancia preventiva en terreno. Ello permitiría disuadir conductas de riesgo, detectar tempranamente focos intencionales y activar medidas de control antes de que un incendio se vuelva inabordable.

De acuerdo con Berti, existe evidencia de que una fracción significativa de los incendios en Chile es de origen intencional, y que este tipo de siniestros genera entre cinco y ocho veces más daño que aquellos provocados por negligencia. Pese a ello, el experto acusa que el proyecto no incorpora herramientas de inteligencia, fiscalización ni control preventivo que permitan enfrentar este fenómeno.

En contraposición, la ley pone el acento en obligaciones para los propietarios ubicados en la denominada interfaz urbano-rural, a quienes se exige la construcción y mantención de cortafuegos dentro de sus predios, bajo amenaza de multas que rondarían entre las mil y 3 mil UTM, es decir, hasta 209 millones de pesos. Si bien esta medida puede contribuir a reducir la propagación del fuego, el gremio cuestiona que se la presente como una política preventiva cuando, en rigor, actúa solo una vez que el incendio ya se ha iniciado.

Más aún, Berti advierte que esta lógica traslada casi toda la responsabilidad a los pequeños y medianos propietarios rurales, muchos de los cuales terminan siendo doblemente afectados.

Las críticas también apuntan a la escasa disposición institucional para ejercer labores de fiscalización preventiva. El propio debate público ha evidenciado que Conaf no cuenta hoy con atribuciones ni capacidades suficientes para fiscalizar el cumplimiento de medidas preventivas.

Otro aspecto cuestionado es la total ausencia de responsabilidades para los municipios, pese a que muchas de las zonas más vulnerables —como quebradas urbanas o terrenos abandonados— dependen directamente de la gestión local. La ley tampoco, advierte, aborda situaciones frecuentes en áreas rurales, como predios sin posesión efectiva o con propiedad difusa, donde nadie asume las labores de limpieza y mantención, lo que podría generar puntos críticos por donde el fuego termina ingresando a zonas habitadas.

La senadora Ximena Rincón, quien asumirá como ministra de Energía en marzo, también cuestionó el fondo del proyecto. A su juicio, la iniciativa “no pone el foco donde debe, no persigue con fuerza a los culpables, no fortalece de verdad al Ministerio Público ni crea herramientas eficaces de investigación y sanción”.