Consumo de alcohol en la vía pública, acumulación de basura, daños a colegios, rayados y grafitis, son algunos de los temas que aborda el Proyecto de Ley de Conductas Antisociales, que fue firmado hoy por el Presidente Sebastián Piñera. El objetivo de la iniciativa es sancionar y aumentar las penas de prácticas que afectan la convivencia ciudadana y facilitan la realización de algunos delitos.

La actividad, realizada en el Matadero del Barrio Franklin, fue encabezada por el Mandatario, acompañado de los ministros de Interior, Andrés Chadwick, de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.

El proyecto se compone de cuatro artículos y contempla penas de cárcel para quieren realicen daños en colegios y monumentos nacionales, y a quienes vendan alcohol de manera clandestina.

Así, uno de los principales puntos se relaciona con el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. El proyecto mantiene la sanción actual de una UTM ($ 47.700) para quienes tomen en la vía pública, pero establece multas de 2 a 4 UTM en caso de reincidencia ( $ 95 mil a $ 190 mil). Según explicaron desde el gobierno, una de las principales modificaciones es que estas causas, al traspasarlas al régimen penal, serán investigadas por la fiscalía. Además, a la tercera falta aparecerá en el extracto de antecedentes.

La iniciativa incorpora la prohibición de consumo de alcohol en espacios comunes de edificios y condominios. También se sancionará penalmente con cárcel el expendio clandestino de alcohol y se castigará a los locatarios que permitan la venta clandestina, pudiendo que el tribunal decrete la clausura del establecimiento.

Además, el proyecto busca elevar las penas para quienes realicen daños en colegios y transporte público, y sanciona los rayados no autorizados en lugares públicos o privados. Asimismo, se considera delito calificado si los rayados son en inmuebles declarados Monumento Nacional o Patrimonio de la Humanidad (ver notas secundarias).

"Vamos a dar una señal fuerte y clara de tolerancia cero frente a las conductas antisociales para evitar que esas conductas, por quedar impunes, terminen creando o siendo una verdadera fábrica de delincuentes", señaló el Presidente tras la firma del proyecto. "Muchas de estas conductas están quedando en total impunidad. Es una mala señal, porque el que las realiza y no le pasa nada, piensa que eso es normal y va a una próxima etapa, y entra a ese camino oscuro y triste de la delincuencia", añadió.

El proyecto también modificará la Ley General de Urbanismo y Construcción, para reforzar la obligación de cerrar sitios eriazos y se establece que si se comete un delito dentro de esos terrenos, no habiéndose cumplido el cierre, el dueño del sitio será responsable de los perjuicios civiles provocados a la víctima.

El objetivo del proyecto es disminuir las prácticas que se conocen como incivilidades o conductas que alteran el bien común y que aumentan la sensación de inseguridad en la población. Sin embargo, no todos están de acuerdo en la eficacia de los cambios.

El abogado penalista Silvio Cuneo, académico de la Universidad Central, explicó que "el derecho penal nunca es el llamado a solucionar los problemas, ya que, en general, los acrecienta. Ampliar el derecho penal puede significar, en primer lugar, no disminuir las conductas que se buscan atacar, y en segundo lugar que se generan efectos muy nocivos para el sancionado, su familia y para la sociedad en general".

En ese sentido, explicó que "someter a alguien al derecho penal significa poner un estereotipo, sobre todo si hablamos de gente joven, ya que si nosotros sancionamos a la gente joven, les estamos diciendo 'ustedes son delincuentes', y se empiezan a comportar así".

Por otro lado, Cuneo aseguró que las modificaciones no van en línea con lo que ocurre en el resto del mundo: "Esto es no entender el mensaje que nos está dando el mundo civilizado. Hoy muchos países están apostando por legalizar el consumo de drogas blandas y aquí en cambio se aumenta el punitivismo en el consumo".

Por su parte, la directora de la Facultad de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, María Paz Trebilcock, explicó que para poder modificar estos comportamientos, "hay que preguntarse por qué se producen y por qué han aumentado los delitos de incivilidad y la razón está, básicamente, en la transformación valórica de la sociedad. La idea de dejar de preocuparse del otro, de volverse individualista y de que nada de lo que hace el resto me importa a mí".

En ese sentido, la socióloga explicó que la normativa por sí sola no es suficiente para disminuir estas prácticas. "Hay que regular la convivencia y reponer la responsabilidad en los individuos, pero eso no se logra con una sola normativa, sino que con educación. Necesitamos educación cívica y mayor reconocimiento de la importancia de la colaboración y la lógica de que como ciudadanos tenemos deberes y derechos que es uno de los ejes de vivir en sociedad", dijo Trebilcock.

Grafiteros arriesgan cárcel por rayados en monumentos

El Proyecto de Ley de Conductas Antisociales establece que se perseguirá con multas y presidio los rayados no autorizados o graffitis en bienes muebles o inmuebles, ya sean públicos o privados. El proyecto establece que en caso de rayados, se castigará con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y multa de 11 a 20 UTM, cualquiera sea la cuantía del daño.

Además, se crea una figura calificada respecto de monumentos nacionales e inmuebles declarados patrimonio de la humanidad, con penas de presidio menor en su grado medio a máximo (541 a 5 años) y multa de 50 a 200 UTM.

Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chiseñaló que "para las municipalidades todas estas actividades, los graffitis, los disturbios y los daños a edificios afectan el patrimonio y el presupuesto municipal, los municipios no tienen recursos para estar arreglando o remodelando el mobiliario constantemente". Dijo que el proyecto "viene a regular y estbalecer sanciones para temas que hasta hoy estaban en el aire. Lo que hace es que la gente que hace bien las cosas sentirá que hay más justicia respecto de aquellos que hacen lo que queiren y no tienen consecuencias".

Duras sanciones para autores de daños en colegios

En la actividad, Piñera resaltó también las sanciones que contempla la ley para conductas antisociales. Se detallaron las penas por los daños a colegios, como rayados o grafitis en paredes o fachadas de los recintos educacionales. La mayor condena va de 541 días a 5 años, más una multa de 11 a 20 UTM para quienes causen daños que excedan el equivalente a 40 UTM. Al respecto, el Mandatario señaló que "nuestro compromiso es con los estudiantes que quieren estudiar, no con los estudiantes que quieren quemar sus colegios". Además, Piñera enfatizó que "cuando un estudiante quema un colegio, le está quitando el derechos a sus compañeros a educarse. ¿Quién les dio ese derecho?", sostuvo.

El debate sobre este tema se instaló en la opinión pública luego de que alumnos de liceos emblemáticos de la comuna de Santiago, como el Liceo Amunátegui y el Liceo de Aplicación, provocaran daños en la infraestructura de esos lugares.

Lo anterior motivó la presentación de acciones judiciales por parte del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien anunció la política del "rompepaga", para que los apoderados asuman los costos de los destrozos que afectaron a dichos establecimientos.