La Justicia de Argentina confirmó este viernes la confiscación de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como los de sus dos hijos y del empresario Lázaro Baez, para restituir al Estado casi 685.000 millones de pesos argentinos (unos 440.000 millones de pesos chilenos) en concepto de perjuicios por el caso de corrupción denominado “Vialidad”.

Así lo estipuló la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal de Argentina, al rechazar por unanimidad todos los recursos presentados por las distintas defensas de los implicados y ratificar lo estipulado por el Tribunal Oral Federal 2 en julio del año pasado.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolvieron que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

De acuerdo con Página 12, los abogados de la exjefa de Estado habían solicitado una reconstrucción exhaustiva del camino del dinero supuestamente ilícito desde su origen hasta la actualidad, pero los magistrados rechazaron este planteamiento.

Ante esto, los jueces afirmaron que “exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso. En cambio, señaló que alcanza con demostrar una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva”.

En caso de no satisfacer la cantidad de dinero presupuestada en diez días, se iniciará la etapa de ejecución de bienes, lo que implica la realización de una subasta pública de las pertenencias, ahora embargadas, según consignó La Nación.

Los bienes incluyen millones de dólares en efectivo, 213 propiedades, seis sociedades, 111 apartamentos -84 del empresario, 19 de Máximo y Florencia Kirchner, y uno de la exmandataria-, además de vehículos.

Estos se entregarían en compensación por la cantidad de sobreprecios en 51 licitaciones estatales con las que fue beneficiado Baez y daños ocasionados por el abandono de las obras.

Fernández declaró un patrimonio de 250 millones de pesos argentinos (unos 160 millones de pesos chilenos) en su última declaración jurada, ya que no posee otros bienes tras hacer un anticipo de herencia en favor de sus hijos, Máximo y Florencia.

Actualmente, la expresidenta cumple una condena de seis años de prisión por la causa “Vialidad” en su domicilio en el barrio porteño de Constitución, desde donde continúa negando los cargos contra ella, afirmando que es víctima de una persecución política y judicial.