“La vamos a matar”.

Así eran los comentarios que recibió la madre de la comerciante peruana secuestrada el miércoles por la tarde en la comuna de Estación Central. La mujer fue raptada en calle 5 de abril con Jotabeche a eso de las 19.30 del miércoles, en instantes en que llegaba a su domicilio junto a su pareja en moto.

Allí la estaba esperando un auto blanco con cuatro sujetos que la amenazaron con armas de fuego, para subirla a la fuerza y luego darse a la fuga.

Fue así como rápidamente la Fiscalía ECOH dio orden de investigar a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI para dar con el paradero de la víctima, una comerciante que se dedica al rubro de ropa en esa misma comuna.

Con celeridad, la PDI encontró a la mujer en una casa de la comuna de Cerro Navia pasadas las 16.00 del jueves. Allí estaban los cuatro supuestos autores del secuestro, quienes fueron detenidos en flagrancia.

Este viernes, el fiscal Leonardo Tapia formalizó a los cuatro sujetos, Jorge Giovanni Badilla Molina, J.Z. (menor de edad), Rodrigo Enrique Droguett Flores y Fabián Roberto Solano Villarreal, por el delito de secuestro e infracción a la ley de armas. En su poder tenían un arma de fuego con número de serie borrado y otra de aire comprimido.

De acuerdo a fuentes de la investigación, el acto fue preparado con antelación.

La formalización

Pese a que la formalización se realizó a puertas cerradas, por estar sujeta a la figura de Responsabilidad Penal Adolescente, La Tercera pudo conocer algunos antecedentes de la causa.

Un elemento clave para los detectives fue la revisión de cámaras de seguridad ubicadas afuera de la casa de la mujer. Allí pudieron dar con la patente del vehículo utilizado y realizar un seguimiento por los pórticos que atravesaron al darse a la fuga.

Lo mismo hicieron con la georreferenciación del teléfono que los captores usaron para enviar mensajes extorsivos que recibió la madre de la víctima, quien también se dedica al comercio.

En esos mensajes, los sujetos pidieron el monto de $100 millones para la liberación de la mujer, a quien mantuvieron amordazada y encapuchada en ese domicilio de Cerro Navia, cuyo propietario es Droguett Flores. Al llegar los policías, encontraron que el arma de fuego estaba en poder del menor de edad. Pese a la petición de recompensa, fuentes del caso afirman que no hubo pago.

Para el Ministerio Público los imputados, quienes no mantienen un parentesco sanguíneo, son parte de una banda delictual que preparó el secuestro hace varias semanas. Dos de ellos son chilenos y otros dos venezolanos. Pese a mantener antecedentes, esta era su primera incursión en el mundo de los plagios, señalan conocedores de la causa.

En la audiencia, los defensores de los imputados se quejaron de no conocer la carpeta investigativa por lo que pidieron un receso. Por su parte, el fiscal Tapia pidió la prisión preventiva para los tres adultos y la internación provisoria para el menor de edad.

Asimismo, la jueza Marcia Figueroa se tomó varios minutos en revisar si las detenciones se ajustaron a derecho debido a que los detectives ingresaron al inmueble donde se encontraba la víctima capturada. Finalmente la magistrada concedió la prisión preventiva y la internación para el menor de edad. Junto con eso fijó un plazo de investigación en 90 días.

A la salida de la audiencia, el persecutor valoró la resolución del tribunal y apuntó a la banda detrás del caso. “Nosotros estamos analizando esto y lo tratamos como una banda criminal vinculada a este tipo de ilícitos. Aquí hay planificación previa que da cuenta de cómo se elige a una potencial víctima para secuestrarla y cómo se acomoda el lugar para llevarla”, explicó Tapia.

Por parte del gobierno, las autoridades destacaron que el secuestro terminara sin heridos. “La víctima se encuentra sana, a salvo y sin lesiones”, dijo previo a la audiencia la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.