El 20 de mayo la Contraloría General de la República reveló que en 788 organismos públicos había funcionarios que salieron del país mientras cursaban una licencia médica.

Este hallazgo activó a las autoridades, que están en busca de nuevas estrategias para frenar esta práctica y, al mismo tiempo -empujados por la propia Contraloría y también por orden del Ministerio de Hacienda-, están instruyendo sumarios a los más de 25 mil funcionarios que viajaron al extranjero estando con este permiso. Y aunque igual de grave, el sector salud resultó especialmente delicado: no solo porque es la red que atiende a gran parte de la población, sino porque algunas de las licencias fueron emitidas por sus propios funcionarios, lo que pone en jaque la confianza en una herramienta clave para el trabajo y el cuidado.

De hecho, el tema se torna aún más complejo si se considera que de los 25.078 funcionarios que detectó la Contraloría, 2.245 trabajaban en alguno de los 29 servicios de salud que hay en el país y que se encargan de coordinar la atención pública de salud a nivel regional, es decir, hospitales y otros centros de salud, como los de atención primarias.

Es decir, según la depuración que hizo la Subsecretaría de Redes Asistenciales a la que accedió La Tercera, el 1% de todos los trabajadores de la red está involucrado en el escándalo.

“Eso es en todas las redes de los servicios de salud: las direcciones de servicio, más los establecimientos asistenciales, hospitalarios y atención primaria que depende directamente de los servicios de salud”, puntualiza el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell.

Eso sí, en concreto se les cursará sumario a los 1.908 funcionarios que siguen activos en alguno de estos establecimientos de salud. Y es que los otros 288 ya no trabajan en los servicios, pero se están buscando las fórmulas -como convenios entre instituciones si es el caso- para aplicar la sanción de todas formas.

Los sumarios se van instruyendo conforme se van aclarando los datos. “Los datos que tenemos son parciales, porque recibimos la información directamente de los servicios de salud, es decir, del empleador directo de la población funcionaria. La Contraloría nos envió la información de cada uno de esos servicios de salud, por lo que, aunque estos datos son casi finales, no son definitivos”.

Además, el subsecretario cuenta que ya había 22 sumarios en curso antes de que estallara el caso. “Llevamos más de un año trabajando en distintas medidas para disminuir el ausentismo, porque es algo que, por supuesto, nos preocupa. Una parte del ausentismo se debe a que las personas están efectivamente más enfermas y, como estamos conociendo, otra parte también corresponde al mal uso de las licencias”, detalla la autoridad. En ese contexto es que agrega que ya habían sorprendido a funcionarios haciendo mal uso de estos permisos laborales: “El trabajo puntual se enfoca en situaciones en las que corre la voz o aparece una foto de alguien que está con licencia médica, pero de vacaciones en el extranjero. Cuando aparecen estas imágenes en redes sociales se activa un sumario y se pide a la PDI confirmar el dato”.

Lo llamativo de la depuración que hizo Redes Asistenciales es que una mayoría abrumadora de esos funcionarios a los que se les abrirá sumario -1.689- trabaja en alguno de los servicios de salud de la Región Metropolitana y corresponden al 3,14% de esa fuerza laboral. Los otros 219 están repartidos en todo el resto de las regiones del país y representan al 0,17% de los trabajadores de la salud.

Hay, además, otros 263 funcionarios del sector salud que no dependen de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y que serán sumariados.

El impacto en la red

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), lamenta los datos: “Da tristeza, sobre los abusos de licencias, particularmente dentro del sector salud. Porque cuando tenemos un sistema colapsado, un sistema que no es capaz de resolver las listas de espera o los déficits de gestión hospitalaria, también marcan a la red. Da mucha pena que los propios funcionarios abusen de este subsidio del Estado”.

Mientras, la presidenta de la misma instancia en la Cámara de Diputados, Helia Molina (PPD), asegura que “si bien es un 1%, estamos hablando de más de mil casos, no hay que minimizarlos. Agradezco la rapidez con que está actuando el ministerio, sé que están abocados en dar pronta respuesta, y en llegar hasta las últimas consecuencias con quienes han actuado irregularmente, e incluso cometido delitos”.

Y afirma que “espero que los resultados de estos sumarios no demoren, se apliquen sanciones ejemplares para ir recuperando la confianza perdida en un caso que ha hecho mucho daño a las instituciones, profesionales y su credibilidad, y además se generen mejores sistemas de información para verificar el cumplimiento y buen uso de las licencias”.

Y es que, además, esta semana se conoció otro informe que golpeó al sector al constatarse que 1.470 prestadores dieron un total de 30.870 licencias médicas mientras ellos mismos se encontraban con un reposo vigente, contraviniendo su propia indicación de salud.

En ese contexto, el subsecretarios de Redes advierte que “estas situaciones serán investigadas. Y, por supuesto, estamos trabajando con todos los servicios de salud. Hace una semana y media tuvimos una jornada dedicada a este tema, en la que también compartimos buenas prácticas para que todos los equipos a nivel nacional implementaran metodologías similares en el control y prevención del ausentismo”.

Uno de los casos que ha ejemplificado la crisis es el de Iván Mendoza, quien renunció a la vicepresidencia del Colegio Médico tras admitir que su situación podría estar incluida en el informe fiscalizador. El exdirigente también es jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Exequiel González.