Casi ocho años tuvieron que pasar desde que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ingresó el proyecto que moderniza la Ley de Inteligencia, para que este miércoles la Cámara de Diputados aprobara y despachara, en tercer trámite, la legislación.

La nueva normativa, que tuvo una extensa y compleja discusión durante todos estos años, también se convierte en una de las últimas legislaciones que el gobierno del Presidente Gabriel Boric dejará en materia de seguridad y que hasta ahora mantenía pendiente.

La nueva ley será una de las nuevas herramientas de la futura administración del presidente electo, José Antonio Kast. Esto porque la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) continuará bajo la dependencia del Ministerio del Interior, pero la nueva regulación promete la vinculación con otras unidades del mismo tipo de las policías, dependientes del Ministerio de Seguridad; las dependencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) dependientes del Ministerio de Defensa, entre otras.

El proyecto -que fue aprobado por 103 votos a favor y solo tres abstenciones- plantea una serie de cambios a la normativa que regula las operaciones de inteligencia en el país. Amplía el trabajo de la ANI, la coordinación y cooperación entre organismos de inteligencia, el empleo de “agentes de campo” y la regulación de la contrainteligencia al interior de las FF.AA.

Un nuevo sistema

El principal cambio es que se crea el Sistema Nacional de Inteligencia, instancia encargada de agrupar y coordinar a todos los organismos que ejercen inteligencia en el país, partiendo por la ANI y hasta las unidades de este tipo en las policías y FF.AA.

Además de dichas instituciones, la legislación también plantea que existirán colaboradores del sistema, entre los que destacan Gendarmería, Aduanas, Cancillería, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, entre otros.

Tanto integrantes como colaboradores del nuevo Sistema Nacional de Inteligencia contarán con la facultad de coordinarse y compartirse información para “adelantarse” a escenarios de inseguridad pública o nacional.

Junto con eso, otra de las novedades es que el Presidente de la República deberá entregar una Política Nacional de Inteligencia, la cual dicte los lineamientos de la materia en el país. Además de un plan de desarrollo que tiene carácter secreto, y también se instalará un Comité de Inteligencia.

En esa línea, en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, sostuvo que “siempre con la inteligencia hay que tener cuidado, porque la Ley de Inteligencia que se ha discutido, que se aprobó, es de inteligencia de Estado”.

Una ANI más poderosa

Uno de los ejes centrales de la nueva regulación se basa en los cambios que tendrá la propia ANI. Así lo destacó el ministro Cordero, quien afirmó que permitirá otorgar “medios de acción directos a la ANI, que hasta ahora no tenía de modo adecuado”.

“Actualiza fundamentalmente la ANI a partir de la experiencia que tenemos ahora, y por lo tanto deberíamos tener una ANI mucho más eficaz y operativa, que probablemente es una de las críticas que existía, entre otras, porque tenía ciertas limitaciones legales”, agregó el titular de Seguridad.

Pero, ¿en qué se traducirán esos cambios? En particular, a partir de ahora la Agencia podrá también elaborar informes de inteligencia de vulnerabilidades y amenazas de ciberseguridad. Además, se le faculta de advertir sobre vulnerabilidades, también, en infraestructura crítica.

Junto con eso, la ANI también podrá acceder a mayor información a través de labores de inteligencia, así como también la nueva legislación amplía el tipo de diligencias intrusivas que se pueden realizar en materia de inteligencia, tanto en materia de intervenciones de comunicaciones, sistemas informáticos, escuchas y grabaciones en lugares y la entrada y registro de inmuebles.

Por otro lado, la Agencia también contará con la facultad para formar y capacitar “agentes de campo”, funcionarios que realizan estas acciones de inteligencia en terreno. A juicio de los conocedores de la nueva normativa, esta es una de las novedades más llamativas y, a la vez, riesgosa, dado la labor que desarrollarán estas personas.

Por lo mismo, en la ley quedó establecido cómo deberán operar, lo que pueden y lo que no pueden realizar, así como también incluso se establecieron delitos en contra de aquellos agentes que revelen información, así como también aquellos que busquen llevar a cabo operaciones de inteligencia política.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde destacó que “hay mecanismos de control democrático. La inteligencia es para proteger la democracia. Y por tanto, se establece un control externo reforzado que está radicado en el Congreso Nacional, a través de la facultad de fiscalización que tiene la Cámara, y también la información que puede ser requerida por el Senado, el control judicial respectivo, el control de la Contraloría General de la República, y lo más importante, se establece un régimen de responsabilidades y sanciones penales para garantizar que la democracia no se desvanezca”.

“Se establece un régimen de responsabilidades y sanciones penales para garantizar que la democracia no se desvanezca. Como lamentablemente ha ocurrido en la historia de nuestro país, y no me refiero solo a etapas de excepción constitucional, me refiero también a hechos que han acontecido en democracia y que han terminado siendo investigados por los tribunales de justicia”, agregó.

El control sobre inteligencia

En la misma línea de evitar irregularidades es que también se estableció mayor control a la hora de aprobar diligencias intrusivas en materia de inteligencia.

A diferencia de lo que ocurría antes, que era un ministro de alguna Corte de Apelaciones el que aprobaba aquello, ahora la ley estableció que será un ministro de la Corte Suprema, máximo tribunal que deberá elegir a dos ministros para aquello. En caso de no estar disponibles ambos titulares, será el propio presidente(a) de la Suprema quien deberá dirimir.

Por otro lado, el Congreso también podrá fiscalizar el funcionamiento del organismo, conociendo el número de operaciones, mientras que la Contraloría también tendrá un rol mediante la toma de razón reservada.

Otro de los ejes principales de la nueva ley corresponde a que las unidades de inteligencia al interior de las FF.AA. ahora, además, cuentan con facultades establecidas y reglamentadas para realizar contrainteligencia. Esto les permitirá, según la normativa, evitar el avance del crimen organizado en sus filas. En esta línea, también se actualizó la regulación respecto a la declaración de intereses y patrimonio, así como también se facultó a los comandantes en jefe a tener la posibilidad de crear unidades de apoyo.

“Todos estos mecanismos tienen que ir siendo evaluados y perfeccionados en la perspectiva del tiempo, con el paso del tiempo, como ocurre en la democracia avanzada, que tiene sistemas de inteligencia eficientes”, concluye.