Este miércoles 11 de febrero la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará las apelaciones del Ministerio Público, CDE y del querellante que representa a la UDI, Pablo Toloza, contra la determinación del juez Patricio Álvarez que determinó la libertad de los principales imputados en en el caso ProCultura.

Se trata de Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, quienes por disposición del magistrado sólo quedaron sujetos a arraigo nacional.

De acuerdo con la determinación de Álvarez, los argumentos esgrimidos principalmente por la Fiscalía -representada en la audiencia por el fiscal Cristián Aguilar- no fueron suficientes para dar por acreditado en los términos que requiere la ley la existencia del delito de fraude al Fisco, la participación de los imputados y que tampoco existía necesidad de cautela para estimar que su libertad constituía un peligro para la seguridad.

Sin embargo, como se relata en el recurso de apelación que presentó la Fiscalía la noche del lunes 9 de febrero, se insistirá en que “de los antecedentes reunidos puede entenderse como justificado los presupuestos materiales y necesidad de cautela exigidos por la ley procesal penal”.

El Ministerio Público sostiene, de hecho, que había un concierto previo entre el gobernador Claudio Orrego y Alberto Larraín, y de este último con los otros imputados, para favorecer irregularmente a la fundación ProCultura con dineros del Gore RM. Primero, según la Fiscalía, dado los vínculos laborales, políticos y de amistad que mantenían. Eso, conforme lo revelaron conversaciones de Whatsapp obtenidas durante la indagación, y las que fueron eliminadas por los imputados para que no se pudiera acceder a ellas y perjudicar las pericias.

Los investigadores insisten, igualmente, en que la fundación Procultura no tenía la experticia ni las competencias previas en materia de Prevención al Suicidio, “ya que no había ejecutado con antelación ningún proyecto de esas especiales características, de hecho una vez suscrito el convenio se tercerizaron los servicios con cinco fundaciones que tenían experiencia en la materia para poder ejecutarlo, suscribiéndose contratos con la Fundación para la Confianza, Fundación Summer, Fundación Míranos, Fundación Todo Mejora y Fundación Círculo Polar”.

Asimismo, apunta a que el hecho de que el proyecto hubiere cursado todos los trámites administrativos y la toma de razón de Contraloría, “no obsta a la configuración del delito formalizado que se justifica en la infracción a los deberes funcionarios especialmente del Gobernador Claudio Orrego y el concierto con los imputados formalizados. Tampoco, que la fundación Procultura hubiere cumplido con los requisitos que en general se requerían, que eran dos años de vigencia de personalidad jurídica y que su objeto social efectivamente tuviese coincidencia con el proyecto que se iba a ejecutar, lo que no puede satisfacerse con la sola referencia genérica que el pacto social de Procultura hace a la temática de salud”.

“Menos puede entenderse como elegible cuando no tenía proyectos previos ejecutados de prevención al suicidio, todo lo cual con independencia a que su director ejecutivo fuere un médico psiquiatra y tuviera experiencia en áreas de salud mental”, se remarca en el escrito.

En relación a que Larraín no podría ser autor del delito de fraude al Fisco al no ser, supuestamente, funcionario público también lo contravienen, pues insisten en que él sí tenía esa calidad.

“Alberto Larraín adquirió la calidad de funcionario público desde que fue designado con fecha 8 de junio de 2022, por acuerdo del Consejo Regional Metropolitano, por mayoría de los votos de los presentes en la sala, en Sesión Ordinaria N° 12 del CORE, como director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago, en el período 2022-2024, hasta que presentó su renuncia con fecha 6 de julio de 2023”, se lee en la apelación.

Citando una serie de resoluciones previas, además, subrayan que “no cabe duda que las Corporaciones Municipales de Cultura, no obstante ser instituciones creadas como de derecho privado, siguen siendo instituciones municipales, y públicas en el sentido de la función que están destinadas a cumplir, amén de que pueden administrar fondos, tanto de origen público, como privado”.

De igual forma, indican que es totalmente válido poder imputar a Gómez y Abusleme también como autoras de fraude al Fisco dada la comunicabilidad de la calidad de funcionario público, toda vez que mantenían unidad al actuar y conocimiento de lo que hacían.

Al finalizar la Fiscalía hizo presente que “los parámetros invocados de la gravedad de la pena asignada al delito, que el delito imputado tuviere asignada pena de crimen en la ley, la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en grupo eran suficientes para otorgar la prisión preventiva de los imputados”.

¿Y el desafuero de Orrego?

Este jueves la misma Corte de Santiago tenía planificado revisar la solicitud de desafuero de Orrego. Sin embargo, en una decisión que causó sorpresa, el Ministerio Público decidió suspender la vista, requiriendo una nueva fecha para que se revisara el asunto.

La determinación gatilló que Orrego rompiera el silencio de los últimos días. “Nos parece inexplicable e incomprensible que luego de más de dos años de investigación y transcurridos cerca de seis meses desde que se formuló esta acusación, ellos estén una vez más suspendiendo la audiencia”, dijo la autoridad regional.

Pese a la reacción del gobernador, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, aseguró que no había nada de raro en la solicitud, asegurando que sólo se efectuó debido a que no tenían claridad respecto de cuándo deberían defender la apelación antes mencionada y que las fechas podrían incluso coincidir.

“Justo, prácticamente al mismo tiempo que nosotros formalizamos personas en esta misma causa, aparece entre medio esta solicitud de desafuero. Y lo que pidió el Ministerio Público ante esta contingencia de dos tremendas audiencias en distintas cosas es que se suspenda la vista de la causa”, explicó Castro.

“Evidentemente, nos llama la atención que justo se activen las dos cosas en el mismo momento. De la cautelar no nos extraña, porque somos nosotros mismos los que apelaron, pero que justamente se haya fijado en este momento es una cuestión que, por temas procesales, no es complejo asumir en los mismos momentos porque son dos aristas distintas y ni siquiera sabemos la duración que van a tener ese tipo de presentaciones”, añadió el persecutor.

Con respecto a las acusaciones de Orrego sobre que Fiscalía ha cometido “gravísimos errores”, el persecutor no se refirió directamente a ello, pero aseguró que la “convicción” del Ministerio Público para pedir el desafuero del gobernador se mantiene “intacta”.