Cuando el fiscal nacional Ángel Valencia le quitó la investigación del caso ProCultura al suspendido fiscal Carlos Palma tomó una decisión estratégica. Valencia tomó una indagatoria de alta complejidad que afectaba a dirigentes políticos del oficialismo y se la entregó a uno de sus aliados más férreos en el Ministerio Público: el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Cuando Cooper recibió la investigación, bajo estricta reserva, fue armando lentamente un caso que tiene ramificaciones en ocho regiones. El expediente durante mucho tiempo fue percibido simplemente como una extensión de lo que se conoció como el caso Democracia Viva, es decir, un eventual fraude al Fisco.

Pese a que durante varios meses Cooper fue acumulando críticas de la oposición por los pocos resultados obtenidos en la indagatoria, el persecutor en realidad utilizó hábilmente la reserva de la indagatoria para ir tirando los hilos de un caso en que indaga fraude al Fisco, lavado de activos y tráfico de influencias.

De lo que no se tenía certeza, eso sí, hasta este viernes, es que el telón de fondo del caso ProCultura es que la Fiscalía tiene en la mira un eventual esquema de financiamiento irregular de campañas políticas, en especial de candidatos del Frente Amplio (FA) y -según se desprende de antecedentes de la carpeta investigativa- la del propio Presidente Gabriel Boric.

Para ir fundando su sospecha, Cooper dio un paso audaz. Aprovechando que la arista principal del caso está radicada en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, solicitó al tribunal interceptar las comunicaciones privadas de 26 personas vinculadas a ProCultura.

El juzgado sin mayor recelo fue dando luz verde a las peticiones del Ministerio Público y a medida que Cooper iba recibiendo los informes de la PDI, fue agrupando indicios de que eventualmente el dinero de los convenios firmados por ProCultura luego se triangularon a candidaturas políticas o, incluso, a pagar deudas de la campaña a La Moneda.

Las razones de Cooper

Con todas las escuchas ya transcritas, Cooper estimó que tenía fundamentos suficientes para solicitar una medida impensada: interceptar el teléfono de Boric.

Para sustentar dicha medida intrusiva, el investigador apuntó directamente a la sospecha de financiamiento irregular de su campaña. Junto con detallar la gran cantidad de dineros estatales que recibió la ONG dirigida por Alberto Larraín -siquiatra y cercano a Boric-, en la solicitud, a la que accedió La Tercera, detalló una serie de escuchas con personas vinculadas a la fundación y que lo hacían fundamentar la petición.

Una de ellas apunta a una conversación transcrita por la Brigada Anticorrupción de la PDI de la fotógrafa Patricia Ilonka Csillag, quien es cofundadora de ProCultura.

“El 14 de octubre de 2024 recibe un llamado de una mujer que se identifica como ‘Lucía’. Fluye del contenido de la comunicación que conversan respecto a una suma de dinero que la Fundación ProCultura le adeuda. En dicha conversación, además, interviene la representante legal de la fundación, María Constanza Gómez. La interlocutora ‘Lucía’ insiste en que se les había prometido recibir un dinero para saldar la deuda y menciona una conversación que tuvo con el director ejecutivo, Alberto Larraín, donde a la solicitud de dinero que le hizo, él le habría indicado: ‘No, gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca’“, se lee en el escrito.

Para Cooper, las escuchas eran suficiente material para fundar su sospecha y pinchar al Mandatario. “Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la Republica. La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Presidente de la República”, se lee en otro escrito ingresado por la Fiscalía al tribunal.

Fuentes del caso comentan que en un inicio el Ministerio Público también extendía sus sospechas al rol que tuvo la exprimera dama y expareja de Boric, Irina Karamanos, quien alcanzó a trabajar de forma remunerada en la fundación. Sobre todo por una serie de depósitos que hubo entre la socióloga y ProCultura, los que en un inicio la tuvieron como imputada para la Fiscalía, pero luego se pudo comprobar que se explicaban por un problema técnico de BancoEstado. Así, a inicios de abril, la Fiscalía notificó al defensor de Karamanos, el abogado Jorge Cabrera, que ya no figuraba como interviniente del caso y, por correo electrónico, informó que ahora es testigo.

Otra razón para involucrar al Mandatario, según Cooper, apunta a la arista de Magallanes y convenios gestionados por el gobernador Jorge Flies. En un informe policial se recogen conversaciones del 1 de marzo de 2022, donde Larraín, a través de WhatsApp habla con Flies y le dice “ayer hablé con el presidente electo”. Más adelante, con fecha 21 de marzo de 2022, le reitera una comunicación con el Presidente, indicando que el Jefe de Estado “está muy entusiasmado con el anuncio de lo de Torres del Paine”.

Otras campañas

El interés por el vínculo entre las platas de ProCultura y campañas políticas también llegó a otros sujetos de interés. Uno de ellos es quien sería la actual pareja de Larraín, el excandidato a alcalde por Limache Sebastián Balbontín (FA).

De él, Cooper también expuso la existencia de “transacciones sospechosas” desde ProCultura. “Se registraron 126 transacciones entre el 01-07-2021 al 29-01-2024, por un monto total de $ 53.442.000 a la cuenta que le pertenece a Sebastián Balbontín, quien como ya se indicó es militante del partido político RD y parte del conglomerado del FA”, se lee en la solicitud de interceptación a Boric.

Pese a sus sospechas principalmente de Boric, Cooper recibió un portazo por parte del tribunal, lo cual da señales de que los antecedentes expuestos no tenían fuerza suficiente para convencer al juez de dar luz verde a lo que se pedía.

“El hecho de que la persona de quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como director ejecutivo de la fundación ProCultura no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal, puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia”, se lee en la resolución del Juzgado de Antofagasta.