El miércoles 25, Martín de los Santos, el asesor inmobiliario de 32 años que se encuentra prófugo de la justicia tras decretarse su prisión preventiva por la brutal golpiza a un conserje, ingresó un documento en el Poder Judicial para que se confiriera patrocinio y poder a quienes había elegido como sus nuevos abogados, Carla Zúñiga y Mario Jara.

Sin embargo, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que está conociendo del caso de lesiones graves que persigue la Fiscalía Metropolitana Oriente por la agresión a un conserje, rechazó la solicitud por encontrarse con "orden de detención pendiente“.

“No ha lugar en la forma solicitada; comparezca el imputado personalmente ante este Tribunal”, dice el documento firmado por la jueza Mariana Leyton.

Al enterarse de la situación, en Brasil, De los Santos afirma que la justicia chilena le está “impidiendo” su derecho a defensa. Su intención, asegura, es interponer un recurso de apelación a la decisión del juzgado y que este sea tramitado mientras él está fuera de Chile.

En un breve diálogo con La Tercera, se queja de la decisión del tribunal. “Pido que se comunique esto, porque tengo hasta el sábado para poder apelar la decisión de la jueza de garantía. Yo no tengo ni arraigo nacional”.

Desde su escondite

Fue el lunes 23 cuando la jueza Cecilia Villanueva decretó la prisión preventiva en una audiencia donde De los Santos se encontraba telemático, según él, desde Pichilemu. Pero no fue así. Se encontraba en Florianópolis, ciudad ubicada al sur de Brasil y a la que llegó el 19 de este mes.

Facilidad que tuvo debido a que no se encontraba con la medida cautelar de arraigo nacional tras ser formalizado el 17 de mayo, mismo día en que agredió con golpes de puño a Guillermo Oyarzún, trabajador de un condominio ubicado en la comuna de Vitacura.

“Hola, quiero dejar constancia de que se me está impidiendo ejercer mi derecho a defensa efectiva al no permitirme patrocinar a mi abogado de manera telemática”, señaló el imputado a este medio.

“Por mi contexto actual, que incluye medidas cautelares vigentes y limitaciones logísticas reales, he solicitado expresamente que se autorice el patrocinio remoto, tal como permite la ley, y no se me ha dado respuesta clara", agregó.

En ese sentido, afirma: “Esta situación vulnera mi derecho al debido proceso y a una defensa adecuada, y queda registrado que no se me está permitiendo ejercer mi defensa con los medios disponibles”.

“Solicito que se tome nota de esta situación y se garantice mi derecho a formalizar el patrocinio de forma telemática, como corresponde”, pide.

Desde ese país, el propio De los Santos ingresó una nueva solicitud, ahora pidiendo una “prórroga razonable” para poder regularizar su situación y designar un abogado.

“Quiero colaborar”

“La imposibilidad técnica ha sido total y ajena a mi voluntad. No he sido notificado personalmente, y desde el primer momento he tenido la disposición de colaborar con el tribunal y con el proceso”, dice el texto.

Por último, pide tener “el tiempo necesario para resolver esta situación administrativa”.

Conocedores de los procesos penales sostienen que el problema de Martín para conferir patrocinio y poder a sus abogados desde el extranjero no radica necesariamente en su orden de detención vigente, ya que podría hacerlo, sino que en su documento no contaba con un mandato judicial, lo que equivale a una escritura pública. Esta certificación podría obtenerla en el consulado de ese país, lo que supondría para él dejar la clandestinidad y “arriesgarse” a ser detenido.

Así las cosas, luego de sostener una reunión por Zoom, el abogado Mario Jara señaló a este medio que ya no seguirá siendo el abogado de De los Santos por tener discrepancias en la estrategia de defensa.

En tanto, en las últimas horas, el Ministerio Público ordenó que se decrete alerta roja para concretar la detención del imputado.