“Aprovecharon la urgente necesidad de reunificación familiar de ciudadanos haitianos”.

Esa fue la frase que más repitieron el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, y la fiscal Carolina Suazo la jornada de este jueves, en la audiencia de formalización de dos ciudadanos haitianos imputados por asociación criminal, tráfico de migrantes agravado y lavado de activos.

Tras una investigación de meses junto a la Policía de Investigaciones (PDI), los persecutores establecieron que Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus encabezaban una estructura criminal transnacional -compuesta por al menos otros cuatro sujetos que se mantienen fuera del país- que tenía como objetivo lucrar por medio de la facilitación del ingreso ilícito de sus connacionales, particularmente niños, niñas y adolescentes (NNA), al país. Para ello, utilizaban las agencias de viajes Mundo Pam y Cananeen.

Operaron, como acreditó el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Freddy Cubillos, tras la formalización, por al menos dos años, entre 2024 y junio de 2026, cuando ambos sujetos fueron detenidos por la policía civil en sus domicilios. Producto de las gestiones, y sólo durante ese tiempo, habrían logrado obtener ganancias por al menos $ 800 millones, aunque aún no se ha analizado toda la información de sus respectivas cuentas bancarias.

De acuerdo con los antecedentes descritos por Jacir, los imputados conformaban una estructura jerarquizada donde cada uno de los seis individuos hasta ahora identificados tenían labores específicas que desarrollar. En el marco de la compleja situación que atraviesa su país de origen y sus compatriotas, vieron un lucrativo negocio ilegal.

Desde hace varios años que no hay vuelos directos de Haití a Chile, por lo que la alternativa que utilizan los personas de ese país para llegar a suelo chileno es vía República Dominicana. El problema es que la frontera entre Haití y República Dominicana se mantiene cerrada. Pero los individuos igualmente ofrecían a los padres traerles a sus hijos, previo pago de tres millones de pesos.

Eso, como se discutió en la audiencia en que finalmente se decretó la prisión preventiva de ambos detenidos y su ingreso a la cárcel Santiago 1, implicaba necesariamente que promovieron el traslado ilícito de esos menores de edad desde Haití a República Dominicana, desencadenando una irregularidad que torna todo el proceso posterior en un acto ilegítimo.

Por lo mismo, aunque los padres contaran con toda la documentación necesaria para el ingreso de su hijo a Chile, el traslado se cataloga como tráfico de migrantes. La ilegitimidad en el ingreso facilitado por los imputados a suelo dominicano se traspasa, como sostuvo el fiscal Jacir.

Todo quedó al descubierto tras los hallazgos de una operación de Interpol que data de 2024, donde diligencias desplegadas por la policía dominicana fueron clave para detener a unos sujetos que iban a viajar como responsables de dos grupos de niños. Esos detenidos, según se expuso, eran los brazos operativos de la estructura que lideraban Rome y Dormeus desde Chile.

La organización

Conforme se relató durante la audiencia, Ezechiel Rome era el principal líder. Se encarga de coordinar desde Chile el ingreso ilegal de niños haitianos desde Haití a República Dominicana, lugar donde designaban quién sería el adulto que viajaría a cargo de los niños. Este sujeto enviaba a los padres los datos de esa persona para que remitiera la autorización de viaje ante notario o la falsificaban si era necesario. Se encargaba, además, de ocultar y disimular el origen del dinero obtenido, utilizando para ello distintas cuentas bancarias.

Jean Chery Dormeus también se encargaba, de acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, de coordinar desde Chile el ingreso ilegal de NNA haitianos desde Haití a República Dominicana. Trabajaba, como se dijo, en las mismas labores que Rome, aunque en algunos casos tramitó directamente el permiso de reunificación familiar de los niños haitianos, cobrando un monto aparte por tal gestión.

Un tercer implicado es el dominicano Julián Guzmán, quien se encargaba de facilitar, promover y ejecutar el ingreso de los niños a República Dominicana. Los recibía ahí y acompañaba en el tránsito a Chile, presentándose como responsable de los menores ante las autoridades migratorias. Era el nexo de la organización criminal en República Dominicana, por lo cual recibía pagos.

Otro sujeto identificado como colaborador es el dominicano Juan Doñe, quien facilitaba el traslado de los menores de edad migrantes luego de su ingreso ilegal desde Haití, hasta el aeropuerto de Santo Domingo.

Por su parte, se identificó a Edmon Emile, haitiano, como el contacto de la organización criminal en Haití. Promovía y facilitaba el ingreso ilegal de los NNA a República Dominicana. Es hermano de Jean Chery Dormeus.

En sexto lugar está la ciudadana haitiana Damene Pettit Frere, que ejecutaba los traslados junto a Emile. También acompañaba a los grupos de personas que eran traficadas para traducir desde el creole al castellano cuando fuera necesario.

Las operaciones

Los dos principales imputados fueron formalizados por ocho hechos. El primero corresponde al delito de asociación criminal, cinco por delitos de tráfico de niños que nunca pudieron viajar a Chile, y dos por las maniobras que cada uno realizó para ocultar el origen ilícito de los dineros que obtenían.

En lo referente a los delitos de tráfico, los fiscales hicieron presente que se pudieron acreditar, entre otras cosas, gracias al testimonio de padres que pagaron para traer a sus hijos a Chile. Eran seis menores ampliamente esperados en territorio nacional, pero que finalmente no han podido viajar ya que justo antes del vuelo parte de la estructura fue detenida.

Los seis menores de edad, por lo mismo, pasaron meses en residencias en República Dominicana, sin contacto con sus familias y posteriormente deportados a Haití, por lo que los persecutores también relevaron que la organización en cuestión no sólo los expuso a viajar en condiciones que no corresponden, sino que también fueron los responsables de esa vulneración.

En cuanto al lavado de activos, se especificó que buscaban ocultar los dineros fraccionando los montos que recibían en diferentes cuentas que tenían en bancos nacionales. Además se hizo presente que, consultada la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por eventuales reportes, se acreditó que tenían avisos de operaciones sospechosas, por cuanto registran transferencias e ingresos a sus cuentas que no se condicen con los ingresos formales que reportaban.

En el caso de Rome, en un periodo de sólo un año registraba ingresos por más de $ 190 millones, pese a que su sueldo era cercano a los $ 500 mil, mientras que Dormeus, en un periodo similar, sumaba ingresos por más de $ 839 millones.

Dichos montos tampoco se explicaban al mirar las declaraciones de impuestos de las agencias de viajes que representaban, por lo que el juez también dispuso que la Fiscalía oficiara al Servicio de Impuestos Internos.

Dada las características de los hechos y los antecedentes expuestos, el magistrado Cubillos estimó que efectivamente los imputados revisten un peligro para la seguridad de la ciudadanía y decretó la prisión preventiva para ambos, lo que fue valorado por la Fiscalía.

“El tribunal acogió en su plenitud los planteamientos del Ministerio Público, disponiendo la prisión preventiva respecto de ambos imputados, por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad, en el entendido de que los delitos por los cuales fueron formalizados se encuentran acreditados y su participación también”, sostuvo Jacir.

Consultado por planteamientos de la defensa, que indicó que de haber tráfico de migrantes los padres también podrían ser responsables, el persecutor fue enfático en descartarlo. “La situación de precariedad en la que se encuentran las familias, y así mismo la falta de oportunidades, los ha llevado a actuar de este modo con el objeto de reunirse con su familia, pero aquello se efectuó y se hizo de un modo que es ilegítimo respecto de los menores y respecto de quienes lucran con ellos. Pero los papás no lucran con sus hijos en estos casos”, advirtió el persecutor.

La defensa insistió en que no se configura el delito de tráfico de migrantes, por lo que el abogado que los representa, Sergio Salazar, confirmó que apelarán ante la Corte de Apelaciones de Santiago.