La tarde de este lunes 11 de agosto, la Comisión Especial Investigadora por licencias médicas de la Cámara de Diputados analizó en detalle la situación que involucra a funcionarios de las Fuerzas Armadas que, según la Contraloría General de la República, habrían incumplido reposos médicos saliendo del país.

La instancia contó inicialmente con las exposiciones de la auditora ministerial de Defensa, Inés Sanzana, y la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, quienes entregaron antecedentes respecto a tres ramas castrenses: Ejército, Fuerza Aérea y Armada, dando cuenta además sobre las medidas adoptadas, el origen de la investigación y el desglose de cifras por institución y región.

Cabe señalar que en la cita también estuvieron presentes el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein; el oficial del Estado Mayor del Ejército, general Rodrigo Pino; el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera; y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FACH), general del aire Hugo Rodríguez.

Cronología de los hechos

Sanzana comenzó explicando que el Ministerio de Defensa tomó conocimiento del caso el 20 de mayo, cuando recibió el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 de la Contraloría, junto con la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, que entregó lineamientos para abordar el ausentismo laboral en el sector público.

El 30 de mayo, el ente fiscalizador ofició a cada rama de las Fuerzas Armadas para requerir sus bases de datos de licencias médicas correspondientes a 2023 y 2024.

Posteriormente, el 2 de junio, la Contraloría emitió instrucciones para iniciar sumarios en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de los antecedentes y habilitó una plataforma para registrar los avances.

Ese mismo día, el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno (CAI) incorporó dentro de sus objetivos que todas las instituciones públicas auditen el uso de licencias médicas al menos entre enero y mayo de 2025.

720 casos en las tres ramas de la FF.AA.

El 30 de julio la Contraloría publicó el CIC N°14, que incluyó a funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería que habrían salido del país estando con licencia.

De los 2.982 casos detectados, 720 corresponden a las tres ramas de las Fuerzas Armadas (24,1% del total), cifra que incluye tanto a personal en servicio activo como a retirados que, al momento de la licencia, aún formaban parte de la institución.

Sanzana detalló que desde el CIC N°9 se activaron medidas sectoriales: el 22 de mayo la ministra Delpiano instruyó al subsecretario de las Fuerzas Armadas a ejecutar la estrategia gubernamental contra el ausentismo; el 3 de junio se ordenó el pleno cumplimiento de las directrices de Contraloría; el 4 de junio se realizó una reunión con todas las ramas para coordinar acciones; y el 30 de junio se dictó una resolución ministerial para reducir y prevenir el ausentismo, creando comités locales de ausentismo en todas las dependencias del sector Defensa.

Tras la publicación del CIC N°14, el 31 de julio la ministra instruyó a las ramas de las Fuerzas Armadas a iniciar investigaciones administrativas dentro de 72 horas desde la recepción de la nómina de funcionarios, con reportes semanales sobre el avance de los sumarios.

El objetivo de ello -según precisó Sanzana- es que la etapa investigativa finalice durante agosto, aunque la confirmación de salidas al extranjero depende de la información que proporcione la PDI.

Base normativa

En cuanto a la base normativa, recordó que el artículo 144 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas exige autorización previa para salir del país, mientras que el artículo 153 establece responsabilidad administrativa por incumplir deberes funcionales.

Además, el Reglamento de Disciplina faculta sanciones directas si la falta es evidente, siempre garantizando el derecho a defensa. También rige el Reglamento de Investigaciones Sumarias, que define plazos de 20 días hábiles prorrogables hasta 60 para indagar faltas graves o gravísimas.

602 uniformados son investigados

Por su parte, la ministra Adriana Delpiano precisó que, depurados los casos de personal civil y retirado, el universo bajo investigación suma 602 uniformados: 386 del Ejército, 58 de la Armada y 158 de la Fuerza Aérea.

Los hechos abarcan el período 2023-2024 y se concentran mayoritariamente en la Región Metropolitana, Arica y Parinacota, y Punta Arenas.

La titular destacó que en zonas fronterizas la situación está vinculada a contextos geográficos: en Arica, muchos pacientes acuden a especialistas en Tacna; y en Puerto Natales van a Río Turbio, en Argentina, por abastecimiento. Sin embargo, insistió en que “nadie puede salir del territorio nacional sin autorización, sea cual sea el motivo”.

La secretaria de Estado remarcó que “no tenemos altos mandos involucrados en esta situación”, y proyectó que a finales de agosto las Fuerzas Armadas habrán finalizado las investigaciones y notificado las sanciones correspondientes. No obstante, advirtió que los procesos podrían extenderse si hay apelaciones, en cumplimiento del debido proceso.