Este miércoles el gobierno -a través del ministerio de Vivienda que encabeza Carlos Montes (PS)- fracasó en su intento de evitar el desalojo de la megatoma de San Antonio, en el cerro Centinela. Luego de seis meses de negociaciones se quebró la mesa que buscaba destrabar el conflicto y que, entre otros, integraban representes del ministerio y de los propietarios del terreno, Esteban Solari y Ricardo Posada.

Las tratativas buscaban acordar un precio de venta para los 10.251 pobladores que habitan las 260 hectáreas del terreno ubicado en la Región de Valparaíso. La apuesta del gobierno era convencer a los propietarios de vender el paño a los habitantes agrupados en el sistema de cooperativas, una fórmula clave para el Ejecutivo pues Montes propuso replicar ese sistema como política pública para abordar el conflicto de las tomas y campamentos a nivel nacional.

Pero tras 17 reuniones y prórrogas el gobierno no consiguió un acuerdo sobre el precio de venta del extenso paño donde habitan 4.136 familias. La mesa negociadora se quebró este miércoles tras la reunión que sostuvieron ambas partes en las oficinas del Minvu en calle Serrano.

La propuesta de los propietarios fue vender el metro cuadrado a un valor de 0.4 UF y pedían una garantía expresa de que el BancoEstado era garante de la operación. El gobierno planteó que esa era una tarifa que los habitantes de la toma no podrían pagar y que el banco tampoco avalaría. La propuesta final del gobierno fue de 0.21 UF.

En ese marco, a las 14 horas los representantes de los propietarios enviaron un comunicado informando que la negociación llegaba a su fin, reabriendo el escenario del desalojo que estaba en pausa luego de que en febrero suspendieran la orden de desalojo que ya había emitido la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Este miércoles en la tarde los representantes de los propietarios informaron que en los próximo días se enviará el cúmplase definitivo de la orden judicial de desalojo.

“Como inmobiliaria hemos reducido el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno”, argumentaron los dueños del terreno a través de ese escrito. Y sumaron: “Lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando por diversos medios recuperar nuestro terreno, o en su defecto, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado”.

En la otra vereda, Gloria Maira, encargada de las negociaciones del Minvu, señaló que “tras la última sesión de la Comisión Técnica destinada a construir una propuesta de precio, garantías y condiciones para la compra-venta del terreno”. Y añadió: “Lamentamos la intransigencia de los representantes de los propietarios, quienes mantuvieron precios inalcanzables y abordaron la operación como una compraventa común, sin considerar el contexto de un megacampamento de 215 hectáreas y con familias pertenecientes al 40% más vulnerable de la población. Esperamos que los propietarios se abran a seguir conversando para lograr una solución efectiva para las familias y la ciudad de San Antonio”.

Antes, el Minvu también había emitido una declaración pública en la que señalaban que los propietarios “tienen pleno derecho a decidir si participan o no en la compraventa de los terrenos conforme al principio de libertad de contratación, pero una real voluntad por llegar a acuerdo en este caso requiere ponderar las especiales circunstancias del caso y evaluarlas en su justa medida”, y que “nuestro ministerio ha propuesto alternativas técnicamente justificadas para viabilizar un acuerdo sobre este punto, pero esto fue rechazado sin presentar otras opciones ni propuestas, lo que impidió avanzar hacia un valor o rango de consenso”.

Mientras, desde el municipio sanantonino el coordinador de la Oficina de Gestión Habitacional, Marcel Alfonsi, señaló que “la municipalidad apoyará a la comunidad dentro de sus posibilidades, pero no tiene la capacidad de albergar a las 4.000 familias que habitan el cerro, una situación crítica que ya hemos comunicado a los tribunales y que pone en evidencia la magnitud del desafío humanitario que se avecina”.

Y es que el quiebre de la mesa se abre el peor escenario para el Ejecutivo pues ahora corresponde que el Ministerio del Interior se haga de cumplir el fallo de la justicia e iniciar el proceso de desalojo de las familias. El asunto complica al gobierno y al oficialismo en medio de la contienda electoral pues pone en entredicho la gestión del Ejecutivo en una de las regiones clave que representa un alto porcentaje del padrón.

De ahí que las primeras reacciones apuntaron al ministro Montes, quien fue cuestionado tanto por el oficialismo como por la oposición.

Desde las huestes propias, el diputado Tomás Lagomarsino (ind.-radical) lamentó “que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no haya llegado a acuerdo en la mesa técnica y que esta se haya cerrado sin llegar a puerto”. Al mismo tiempo, llamó a “no cerrar las puertas y no botar este tema ni chutearlo para un gobierno posterior. De esto se tiene que hacer cargo el actual Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Hacienda”.

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) recalcó que “hoy la gran disyuntiva del gobierno es cómo cumplirá el fallo, tal como advirtió el ministro si no se alcanzaba un acuerdo”. En esa línea, aseveró que “si aquí se piden renuncias, deben ser en la mesa técnica. La gran duda es si la municipalidad, Mideso, Interior y el Minvu tenían un plan B en caso de fracasar las negociaciones, porque lo primero que ordenó la Suprema fue disponer de un albergue”.

Gestiones de Interior

Frente a este escenario, dicho está, ahora el foco estará puesto en las gestiones que deberá ejecutar la cartera de Interior, encabezada por el ministro Álvaro Elizalde y el subsecretario Víctor Ramos, ya que serán los responsables de activar el protocolo para el desalojo.

La coordinación incluirá a las municipalidades de San Antonio y Cartagena, que concentran en sus territorios el terreno ocupado por esas poco más de 10 mil personas, de las cuales según información del Minvu 3.146 son niños y adolescentes, 923 adultos mayores y otros 649 tienen algún tipo de discapacidad.

En el gobierno, sin embargo, plantean que quedan espacios de negociación y que la etapa que terminó es de la mesa técnica. Asimismo aseguran que el proceso de desalojo no sería inmediato, muy por el contrario. Puede extenderse por varios meses, pues requiere un alto contingente policial y para iniciarlo la empresa debe cumplir con varias etapas como despejar y hacer el cierre perimetral.

Tras ser consultado por los resultados de las negociaciones, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó el operativo que se viene. “Los desalojos responden a sentencias dictadas por cortes de apelaciones y confirmadas por la Corte Suprema, que incluyen instrucciones precisas sobre la participación de municipios, servicios públicos, el uso de la fuerza pública e incluye la responsabilidad de los propietarios, que está vinculado a sus obligaciones para proveer de medios para la demolición y extracción de los escombros, además del cierre del recinto”, señaló.

En ese contexto, en el Ejecutivo reconocen que este desalojo tiene una magnitud distinta a la habitual y advierten que su ejecución podría tomar al menos seis meses, extendiéndose incluso hasta el próximo gobierno.

A ello se suma que ni la Delegación Presidencial ni el municipio de San Antonio, encabezado por Omar Vera (Ind.), tienen asegurado el contingente de Carabineros necesario para hacer efectiva la orden judicial, pese a que el fallo autoriza un desalojo paulatino.

Mientras tanto, desde el Minvu aseguran que, pese al fracaso de la mesa técnica, la cartera sí cuenta con un plan B para enfrentar la caída de las negociaciones y avanzar en una salida alternativa.