Nueva denuncia apunta a mal uso de fondos en Estado Mayor Conjunto

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Destaca el arriendo de un hotel demolido y la compra irregular de pasajes. Por estos hechos se sancionó en 2012 a la hermana del actual comandante en jefe del Ejército.


"Jefe: respecto a esa misma unidad de finanzas (del Estado Mayor Conjunto), ayer me llamó una persona (...) para decirme que allí habían serios problemas de corrupción y (...) que la jefa de esa unidad realiza todas las acciones (contacta, paga, coordina y cobra su parte)". Este mail fue enviado el 1 de julio de 2010 por Dorothy Pérez, cuando era subjefa de la División de Auditorías Administrativas, al entonces contralor Ramiro Mendoza. Y la jefa de Unidad de Finanzas a la que se refería Pérez es Leticia Martínez Menentau, la hermana del actual comandante el jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien resultó sancionada por la Contraloría en 2012 por estos hechos.

El correo es parte de la denuncia recibida ayer por la ministra en visita Romy Rutherford, quien investiga un presunto fraude al Fisco en viajes irregulares de personal del Ejército.

El denunciante es el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien ayer llegó hasta su despacho y le compartió a Rutherford una serie de antecedentes que encontró en el marco de su propia investigación, sobre la suspensión en Contraloría -durante 2010- de un sumario al Departamento de Tesorería y Remuneraciones de Carabineros y el fraude en Carabineros, que hasta ahora supera los $ 26 millones.

La información consiste en una serie de correos electrónicos de funcionarios de la Contraloría que fueron incautados, tras una orden judicial, por el fiscal Campos en conjunto con OS-7 de Carabineros, el 30 de octubre pasado.

En el mismo mail -que le entregó el fiscal Campos a la ministra Rutherford-, Pérez le detalla al excontralor Mendoza que "uno de los -varios- casos sería que esa unidad contrataba y pagaba a una agencia de viajes amiga, para que le intermediara eventos en un conocido hotel de Haití, pero los eventos eran en fecha en que el hotel ya había sido destruido por el terremoto".

Luego, ese mismo día, Pérez envió otro correo a su jefe, el cual también fue entregado a la ministra Rutherford. En él se detalla que dos funcionarios de División de Auditoría, Carlos Moreno y Juan Munieres, se juntaban en la noche con funcionarios de Finanzas y por ese nivel de relación nunca se detectaba nada en sus auditorías al Ejército. Ambas personas eran en esa época (2010) funcionarios de Contraloría, y fueron desvinculados de la institución recién en abril de 2017, por su eventual omisión de antecedentes relacionados con la defraudación que se indaga en Carabineros.

Sobre estos antecedentes entregados a Rutherford, Campos detalló que "en virtud de las investigaciones que estamos desarrollando respecto a la malversación al interior de Carabineros de Chile, encontramos algunos antecedentes que dicen relación también con aquella malversación que se está investigando al interior del Ejército de Chile, que son antecedentes reservados y que tienen que ser conocidos por parte de la ministra".

Desde la Contraloría, en tanto, señalaron que "la institución está prestando toda la colaboración en las investigaciones actualmente en curso".

Hermana del comandante

Tras las alertas enviadas por Dorothy Pérez, en la Contraloría se realizó el Informe de Investigación Especial al Estado Mayor Conjunto (EMC) N° 114/2010, del 26 de enero de 2011. Esta institución depende de la subsecretaría de Defensa y es integrada por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

En la auditoría se concluyó, entre otras cosas, que habían pasajes abultados e irregularidades en las licitaciones de agencias de viaje. "El Estado Mayor Conjunto no utilizó los convenios marco suscritos por la Dirección de Compras y Contratación Pública para la adquisición de pasajes nacionales e internacionales", señala el documento de 2011. Además, dice que el EMC pagó a agencias de viajes tarifas por sobre lo contemplado en los convenios marco.

Por estos hechos, se abrió un sumario y un juicio de cuentas en contra de la hermana de Martínez, Leticia, a quien se le ordenó pagar $ 10,5 millones.

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