Hasta la semana pasada Claudio Orrego debía preocuparse sólo de una indagación penal en su contra, la referente al caso ProCultura, que ahora lidera el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Ahí se le investiga en calidad de imputado por el millonario traspaso que realizó a la fundación comandada por Alberto Larraín para un programa enfocado en la prevención del suicidio, y había conferido poder al abogado Carlos de la Barra para que lo representara.

Sin embargo, luego de que la Contraloría detectara que destinó fondos públicos a la contratación de una asesoría que presuntamente habría tenido como objetivo favorecer su reelección en el cargo, el Ministerio Público abrió una nueva indagatoria en su contra y la radicó en la Fiscalía Regional Oriente.

Y para esos efectos, como pudo conocer La Tercera, recientemente fichó al conocido estudio de abogados Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann (BACS).

El mismo que integran los penalistas que, entre otros, tiene la representación de la Municipalidad de Maipú en la causa contra Cathy Barriga, la del exalcalde Rodolfo Carter en una causa por fraude al Fisco, de la Municipalidad de La Condes, de la Municipalidad de Til Til, y de la psiquiatra Josefina Hunneus.

En específico, en esta ocasión, la representación de Orrego la asumieron José Pedro Silva y Miguel Schürmann, quien también ha hecho noticia por su colaboración con el Presidente Gabriel Boric y por su representación del exministro Giorgio Jackson.

Ahora, tras ponerse en contacto con la fiscal a cargo de las pesquisas, Constanza Encina, agendaron para el próximo jueves 19 de junio la declaración de Orrego en calidad de imputado.

Y es que como el mismo gobernador indicó en la sesión del Consejo Regional desarrollada el miércoles 11, su intención es colaborar en el esclarecimiento de los hechos. “El que nada hace, nada teme”, mencionó el otrora DC.

La causa contra Orrego

La nueva causa contra el gobernador se abrió luego de que el organismo dirigido por Dorothy Pérez, tras una auditoría a los programas de la Gobernación de la Región Metropolitana, detectara que Orrego habría hecho uso irregular de fondos públicos para favorecer su reelección en el puesto.

Lo anterior, dice el organismo, vía la contratación de una asesoría que, supuestamente, tenía como fin entregar nuevas herramientas a los funcionarios y contribuir a un mejor ambiente laboral, pero que en la práctica -como constataron los fiscalizadores- habría abordado cuestiones políticas relacionadas con la campaña que en ese momento enfrentaban.

Fue por ello que la entidad remitió los antecedentes al Ministerio Público para su análisis, dado que los hallazgos podrían constituir eventuales ilícitos. Así fue que la fiscal Constanza Encina quedó a la cabeza de las pesquisas.

En concreto, como se desprende del informe de 159 carillas que publicó Contraloría, se advirtió que “el Gobierno Regional efectuó erogaciones de recursos para contratar servicios de asesorías en las cuales se abordaron temáticas que no tienen relación con la finalidad y objetivos de esa entidad, sino en beneficio de don Claudio Orrego Larraín, por cuanto en estas se analizaron materias relacionadas con su campaña electoral y contingencia política”.

Se afirma, en ese sentido, que el GORE pagó $ 31.366.179 por el “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024” a Vera y Asociados S.A., pese a que el contenido del programa se habría alejado de cuestiones propias del servicio.

“Del examen efectuado a la asesoría en comento, se constató la entrega de servicios que no se encuentran contemplados en los objetivos y actividades de la citada contratación, como tampoco se relacionan con la naturaleza y finalidades del Gobierno Regional, establecidas en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional", se insiste en el documento.