La Universidad de Chile está tensionada, de eso no hay duda.

Tras un proceso que dejó heridos y quebró más de una relación interna, recientemente fueron aprobados los porcentajes para la implementación de la triestamentalidad en los Consejos de Facultad, lo que implica que de ahora en más habrá participación en la toma de decisiones de los tres estamentos de la Casa de Bello: académicos, estudiantes y funcionarios, en distintas proporciones, algunos por derecho propio y otros por votación.

Para llegar a esto, la rectora Rosa Devés envió en 2023 la propuesta de cambio estatutario que permitía a los estamentos estudiantil y funcionario que se integrasen a los Consejos de Facultad, los que fueron revisados por los ministerios de Educación, de Hacienda y Segpres, y firmados por el Presidente Gabriel Boric.

Pero eso no le pareció a una cuota no menor de autoridades de la institución, incluido Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho. De ahí a hablar de tensión puertas adentro.

“La triestamentalidad no ha respetado las normas jurídicas de la universidad, y tiene una connotación, en muchas de las propuestas y medidas que se han tomado, de resquicio legal, de un cierto oportunismo de torcer la ley para que, sin condiciones de transparencia, de deliberación, de igualdad en el debate, se llegue a un resultado que se busca a todo evento. Yo comparto la idea de la importancia de la participación estudiantil en una lógica que sea diferenciada de los académicos por las responsabilidades que les supongan, que es el cuidado de la docencia, de la investigación y de la extensión. Se quiere imponer un sistema centralizado y hay una negativa de aceptar la autonomía de las facultades, cosa que a mí me parece muy perjudicial”, contextualiza el experto en derecho constitucional.

Ruiz-Tagle va un paso más allá y a propósito de la polémica interna cuestiona que esta y otras medidas tomadas por el Ejecutivo recientemente -regulación de aranceles en la educación superior o el tope de 75 años para trabajar en el Estado- son, derechamente, intervención, al punto de compararlo con lo que está ocurriendo con Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, y la Universidad de Harvard, a la que le prohibió matricular nuevos estudiantes.

¿Sus cuestionamientos a la triestamentalidad son sólo a la forma? Se ha acusado que hay una cierta postura conservadora sobre esto.

Depende qué es ser conservador. Hay aquí mucha leyenda, mucho mito, mucha equivocación, mucho voluntarismo de hacer las cosas contra las normas jurídicas. ¿Por qué este celo, que no es conservador, por cuidar la normativa universitaria? Si no hacemos una defensa de los estatutos quedamos expuestos a lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, que interviene las universidades, que tiene su efecto reflejo en Chile, donde grupos de interés pretenden capturar las universidades a su beneficio y transformarlas en una escuela de agitación y propaganda. El gobierno del Presidente Boric ha adoptado medidas que vienen a interferir a la U. de Chile. En Estados Unidos la universidad está bajo asedio con Trump y ahora está bajo asedio en Chile por todas las medidas que se están tomando para limitar su poder, su capacidad de autonomía, de pensamiento crítico, libre y creador.

La propuesta estatutaria de la U. de Chile fue aprobada por el Presidente de la República. ¿Es comparable lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Trump y Harvard, a algo de esto que vive la U. de Chile con Boric?

Hay visos de una intervención errada en las universidades de parte de los gobiernos de Trump y Boric. Digamos las cosas como son: decidir el gobierno de las universidades, de los Consejos de Facultad, teniendo como base una ley de reajuste de los empleados del sector público, dígame usted qué es si no eso. Es un resquicio. Si queremos cambiar el estatuto de la Universidad de Chile, como es una ley, vamos al Parlamento, discutamos en la ley, hagamos el referéndum que exigen nuestros estatutos y no lo hagamos mediante resquicios. Usar resquicios es también lo que hace Trump, que invoca conflictos árabes, israelíes, para castigar a la Universidad de Harvard. Aquí estamos haciendo, mediante el uso -a mi juicio equivocado- de las normas jurídicas, una intervención equivalente. Esta intervención puede ser de cualquier signo: podemos tener una universidad militante, en que se tiene que transformar en una escuela de agitación y propaganda, de una formación política particular -roja, verde, azul o amarilla- y podemos tener una universidad fascistoide, conservadora, que no puede discutir ciertas cosas. La universidad no puede discutir sólo lo que el gobierno quiere. Cuando entramos en el control ideológico se acaba la universidad. O se restringe, se deprime y se deteriora. Y hay muchas formas de hacer eso, a veces indirectas, y hay que estar alerta, hay que defender la universidad del asedio de los gobiernos que está a la vista tanto en Estados Unidos como en nuestro país.

No es menor comparar a Trump con Boric, ¿lo comprende?

Quizás el Presidente Boric no es el que lo está liderando, sino que son grupos en el gobierno, quizás está más radicado en el Ministerio de Educación, en la subsecretaría, en grupos políticos minoritarios no, pero resulta que igual no se sostiene y no se cumplen los procedimientos. En eso se parece al camino de la ilegalidad de Trump. Hay un asedio y una captura de las universidades con propósitos no universitarios en ambos países, con niveles de intervención distintos y con contextos diferentes, pero amenazantes. Y eso es una cuestión muy negativa para Chile.

¿Lo dice a modo de alerta o cree que en la U. de Chile realmente se está viviendo algo como en Harvard?

Lo digo a modo de alerta. Aquí no hemos llegado a eso.

Al haber aprobado la propuesta estatutaria, ¿el gobierno y, en particular, el Presidente tomaron partido en esta situación de la triestamentalidad en la Universidad de Chile?

El Presidente Boric aprobó la ley. Él ha tenido una posición conocida, pero no la simple aprobación de la ley es el problema, sino que la sucesión de eventos que han seguido, que suponen un curso de desviarse del respeto al estatuto de la universidad. Él lo hizo de esta forma. Yo no lo habría hecho con una ley de reajuste. ¿Por qué tuvo que hacer el mismo ejercicio en la ley de reajuste para imponer una regla de retiro obligatorio a los 75 años? Son cuestiones que a mí me inquietan. Es decir, usar normas misceláneas para decisiones que son muy importantes, que deberían ser objeto de un debate abierto y no que tenga una especie de superabogado, descubrirla después de leer 40 artículos. De hecho, nadie se dio cuenta de esto.

¿Ve que el Presidente y el resto de los líderes estudiantiles que hoy son gobierno están reivindicando demandas históricas sobre la triestamentalidad desde su posición actual?

Aquí no hay un aprovechamiento. Sí hay una intención de hacerlo durante este gobierno y no perder la oportunidad para que se pueda hacer. Y en eso quizás se ha ido por el camino de los resquicios. ¿Por qué esta urgencia?

¿Esperaba otra cosa de la rectora Rosa Devés?

No voy a comentar en los diarios diferencias con la rectora, pero en estas materias y en otras también las tengo.

A propósito del retiro a los 75 años, ¿ahí también ve intromisión del gobierno en el quehacer de cada institución?

Por supuesto, estoy diciéndolo. Son demasiados los factores.

Pero la Ley de Presupuesto fue aprobada por el Parlamento también...

Claro que sí. En la medida en que yo a 30 profesores les digo ‘se tiene que ir porque cumplió 75 años’, aunque ese profesor esté en pleno uso de sus facultades, estoy entrometiéndome en una decisión que corresponde a la universidad. Y estoy afectando los dos valores claves de la universidad: autonomía y excelencia en lo público. ¿Pero cómo vamos a lograr la excelencia en lo público si de repente le dicen a la gente que por decreto se va a los 75 años o -pongo otro ejemplo- que le van a bajar los aranceles regulados en un 9% sin explicar por qué para que cuadre la caja? Súmele a eso que nos dicen que nos van a imponer un sistema de gobierno que ni siquiera tiene tiempo que discutirse. Por eso veo una afinidad en la intromisión de los gobiernos entre lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que estamos viviendo en Chile con las universidades. No digo que las universidades tengan que ser totalmente aisladas, pero hay que asegurar algunas condiciones de resguardo.

El tope de 75 años no toca a diputados, senadores ni ministros. ¿Esperaba más del gobierno para haber frenado esto?

Eso se llama ley del embudo y hay personas a las que les puede parecer buena idea. Lo que digo es que si establecemos una regla como esa, primero discutámoslo, que no lo hagamos en la ley del reajuste del sector público. He escuchado al ministro Marcel diciendo que esto fue un error, que se puede enmendar, esperaremos entonces que se enmiende lo antes posible.

Mencionó los nuevos aranceles regulados recientemente fijados. Algunas instituciones, a pesar de reglas normadas, acusaron al gobierno de beneficiar a ciertas universidades y perjudicar a otras. ¿Lo cree así?

Me parece que el cálculo está mal hecho. Los antecedentes que tengo es que se cometieron errores graves en el cálculo de los aranceles, en lo que se refiere a Derecho. Algunas carreras se perjudican respecto de lo que era el tratamiento que tuvieron en el pasado y también respecto de otras carreras. Y el ejemplo claro es Derecho, porque Derecho tuvo aranceles fijados el 2021. Aranceles razonables que se invalidaron luego, y el arancel que se fija para regir a contar de 2026 ha caído en un 9%. Está mal estructurado, porque las carreras de Derecho por muchas razones son más caras.

El proyecto del FES también trae consigo aranceles regulados, ¿le preocupan?

Los aranceles regulados llegaron para quedarse, porque mientras tengas gratuidad tienes que tenerlos, es parte del presupuesto de la nación. Pero no estoy seguro de todas las reglas que se proponen en el nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES), que son otras formas también de intervención. Me preocupa el resultado de la hiperintervención administrativa. Por eso digo que lo que está pasando en Estados Unidos, que tiene un signo que va hacia la derecha... aquí hay un signo que va en sentido contrario si quieres, pero es igual a intervención. Intervención tecnoburocrática, de formularios, de llenar toda clase de requisitos, de control de los recursos públicos a un nivel ya casi irracional, que enturbian lo que es el trabajo académico.

Pero ¿por qué habría ese afán de intervenir en tantos aspectos, según dice?

Porque no hay una confianza y valoración del aporte que las universidades hacen al pensamiento crítico, a la democracia, a la libertad, a la creación, a la cultura de un pueblo. Se las ve como un servicio que, supuestamente, requieren de muchas transferencias de recursos públicos. Ahora, la intervención no es sólo del gobierno, también tiene que ver con la captura de grupos de interés particular, minoritarios, agresivos, que no dejan ser al trabajo universitario, esperando tener una oportunidad que les dé un cierto protagonismo para terminar como, no sé, jefes de gabinete en la municipalidad tanto. Lo digo con responsabilidad: la universidad prostituida, entregada al dinero o al poder, o a las mafias, o a la burocracia, pierde el encanto. ¿Cómo vamos a crear nuevos conocimientos si tenemos que llenar cien mil formularios y darle 40 explicaciones a cada persona que se le ocurre doblegar nuestro espíritu frente a lo políticamente correcto un día y después a no sé qué cosa? Pensar que en lo público tenemos que ser mediocres, tenemos que ser corruptos, tenemos que ser unos sinvergüenzas es muy negativo para Chile y es un mensaje muy malo para las generaciones futuras.