La discusión del Presupuesto 2026 abrió una nueva vía para las más de 100 familias de las 139 víctimas fatales del mega incendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué. Esta semana, el diputado Hotuiti Teao (ind.-Chile Vamos) y el senador Francisco Chahuán solicitaron al Ejecutivo patrocinar una glosa en la partida de Hacienda que asigna recursos especiales al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para avanzar en un acuerdo reparatorio con los afectados.

La propuesta coincide con el clima de frustración que marcó nuevamente la audiencia penal de esta semana, la segunda consecutiva suspendida, y que según los familiares profundiza la “revictimización” que denuncian desde hace casi dos años.

La indicación -que será discutida este lunes- solicita $34.750 millones, monto propuesto por el Estudio Jurídico de Felipe Olea, abogado querellante y representante de un grupo mayoritario de familias. El cálculo responde a indemnizaciones proporcionales para cada una de ellas y a la necesidad de financiar atención psicológica que, según los afectados, no ha sido garantizada por el Estado.

Olea explicó a La Tercera que “la proposición de una glosa presupuestaria surge directamente de las acciones civiles indemnizatorias iniciadas por las familias, fundadas en la falta de servicio del Estado. CONAF y Senapred incurrieron en omisiones que facilitaron la propagación del megaincendio”. Agregó que la solicitud “no es una mera petición económica, sino una vía para que el Estado se adelante a otorgar reparación”, evitando juicios prolongados que, afirmó, constituyen una “doble exposición procesal” contraria a la justicia restaurativa.

El abogado recordó además el precedente de Antuco: “El Estado otorgó reparación directa a las familias sin exigirles años de litigación. Este caso debiera replicar ese estándar”.

Las razones del Congreso

Según Olea, la aprobación de la glosa depende exclusivamente de diputados y senadores. “Son ellos quienes deben aprobar la disposición presupuestaria. El CDE tiene facultad legal para transar sin sentencia, práctica habitual y respaldada por jurisprudencia de la Corte Suprema”, señaló. La glosa permitiría habilitar al organismo para negociar de inmediato un acuerdo con las familias.

Las propias víctimas enviaron el 19 de noviembre una carta a parlamentarios de la V Región, en la que advirtieron que ya han debido enfrentar simultáneamente la querella penal contra los presuntos responsables materiales y demandas civiles por falta de servicio contra organismos públicos. En el documento sostienen que esta doble carga “revictimiza” a los afectados y recuerdan que en la sesión del CDE del 10 de junio de 2025 se aprobaron múltiples transacciones similares.

“Solicitamos considerar una disposición presupuestaria que permita arribar a un acuerdo reparatorio… por una suma total equivalente a $34.750 millones”, señala la carta, firmada por familiares de cerca de 100 fallecidos.

La presión desde las familias

El diputado Teao, que acompañó a los afectados en tribunales, insistió en su llamado al Gobierno: “Vemos cómo los damnificados han sido nuevamente revictimizados. Muchos han pedido permiso sin goce de sueldo para venir a una audiencia que no avanza. Por eso pedimos que el Ejecutivo patrocine esta glosa para financiar los recursos del CDE”.

Para las familias, la situación es insostenible. Carlos Orellana, padre de Anastasia, una pequeña de 14 años que falleció a causa de los incendios, afirmó en ese entonces: “Esto se ha alargado y es una falta de respeto. El Estado debería haberse hecho cargo y no lo ha hecho. Me prometieron que no nos iban a abandonar y a casi dos años seguimos sin solución”.

Otras víctimas reforzaron el punto. “Basta ya de sufrimiento”, dijo Viviana Godoy, quien perdió a sus padres. Noemí Cabello añadió: “Hacemos un llamado para que nos reconozcan como víctimas y se apruebe esta reparación”.

El diputado Teao cerró insistiendo en otra demanda pendiente: la necesidad de infraestructura penitenciaria adecuada en la región. “Hace años pedimos una cárcel de máxima seguridad para Valparaíso. Somos la tercera región con mayor sobrepoblación penal. Es momento de que nos escuchen”, señaló.

La glosa será votada esta semana en la recta final del debate presupuestario.