El prefecto inspector Julio Caro, jefe regional de O’Higgins de la Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles de la labor que están realizando para aclarar los hechos que cobraron la vida de seis trabajadores por un derrumbe en la División El Teniente de Codelco.

El derrumbe está vinculado a un sismo registrado a las 17.34 horas del jueves 31 de julio, a 500 metros de profundidad, en el yacimiento de cobre subterráneo.

Los trabajadores subcontratados Moisés Pávez Armijo, Gonzalo Núñez Caroca, Alex Araya Acevedo, Jean Miranda Ibaceta, y Carlos Arancibia Valenzuela, de la Constructora Gardilcic, y Paulo Marín Tapia, de Salfa Montajes, murieron al derrumbarse la zona en que trabajaban.

Según la ministra de Minería, Aurora Williams, la tragedia está determinada por una “falla evidente”.

En ese marco, este martes se desarrolló una reunión estratégica sobre la indagatoria que lidera el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos con un equipo multidisciplinario de la PDI.

En la reunión se analizó el proceso investigativo y la proyección de nuevos procedimientos que involucran la evaluación de gestión de riesgos en la mina.

Expertos de la PDI han desarrollado pericias en el Nivel Teniente 7, el lugar al norte del yacimiento en el que operaban los cinco trabajadores cuyos cuerpos fueron rescatados el fin de semana, y Andesita, en el sector poniente, donde murió Paulo Marín.

También, según explicó el prefecto inspector Julio Caro, decidieron realizar análisis “en otros lugares donde se tuvo conocimiento de otros derrumbes que podrían tener alguna conexión”.

Por otro lado, el fiscal Cubillos se reunió con representantes de la Universidad de O’Higgins que comprometieron solicitar la activación del Consorcio de las Universidades Estales de Chile, para la asesoría científica y técnica en la investigación de sus académicos expertos.

Cubillos confirmó que se tomará declaración al presidente de Codelco, Máximo Pacheco y no descartó que citen a la ministra Williams.

Asimismo, en diligencias acordadas con las empresas involucradas, se inició la incautación de correos electrónicos y otra documentación de interés para los equipos investigadores.

“No hay que perder la visión de que no solamente hay interés criminalístico en el trabajo del sitio del suceso, que para nosotros es importante, pero también la línea de trabajo respecto al tema normativo de la empresa y de los contratistas”, indicó Caro.

Respecto a las incautaciones, el prefecto señaló que continúan y destacó que las empresas han colaborado y han accedido a hacer entrega de la información que han requerido.