Por Roberto GálvezPortazo de $290 millones: Tricel desestima reclamo de Macarena Santelices por rechazo a rendición de campaña a gobernadora
El Tribunal Calificador de Elecciones mantuvo las observaciones que le había realizado el Servel a la excandidata a la gobernación metropolitana.
A Macarena Santelices (REP) la sigue persiguiendo su frustrado intento en la elección para gobernador metropolitano de 2024. La derrota no sólo ocurrió en las urnas, donde con 9,74% de las preferencias ni siquiera pasó a segunda vuelta, sino que se sigue dando a nivel de billetera.
Ocurre que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), rechazó el recurso con el que la exdiputada buscaba anular la decisión del Servel de rechazarle una cuantiosa suma de su rendición electoral. El problema para la también exministra de la Mujer es que dicho tribunal es su última instancia de apelación.
En concreto, Santelices apeló al rechazo de su cuenta de ingresos y gastos electorales, lo que según el Servel ocurrió por existir inconsistencias u omisiones graves en la contabilidad electoral. Y de las cinco observaciones que ese servicio le mantuvo, la exalcaldesa de Olmué reclamó cuatro ante el Tricel, a cuya resolución tuvo acceso La Tercera.
La primera y de mayor mayor es por un gasto de $178.500.000 por “Servicios Prestados para la campaña” del proveedor “The 975 SPA”, respaldado mediante dos facturas. Y aunque el Servel estimó que ese gasto cumplía con los criterios, también estableció que no fue declarado en el informe respectivo, además de constatar que una de las facturas contaba con una inconsistencia: la de $160.650.000 fue anulada ante el Servicio de Impuestos Internos, razón por la cual se rechazó el gasto.
“Es posible concluir que en la práctica se incurrió en modificaciones que redundan, conforme a los criterios y principios que rigen la normativa aplicable, en una imposibilidad material para el Servicio Electoral de corroborar hasta el momento en que emite su pronunciamiento sobre la cuenta electoral de la candidatura”, se lee entre las justificaciones del Tricel, que también expuso que ese intento de rendición “implicó una conducta que conspira contra la transparencia del gasto, impidiendo la labor fiscalizadora del órgano de control y, en consecuencia, a que el Servicio Electoral pueda verificar dicho gasto dentro de los plazos y conforme a las reglas (...) encontrándose, en consecuencia, justificado su rechazo”.
Hay otras dos observaciones a gastos por “servicios prestados para la campaña” por $52.679.989 del proveedor “Abogados Montalva Limitada”, especificando una función de administración elector. El Servel, sin embargo, estimó que tales actividades estaban en disconformidad con la ley, toda vez que la función del Administrador Electoral debe ser asumida y ejercida por una persona natural. En este caso es una persona jurídica.
En esa líneal el Tricel le dio la razón al Servel. “Si bien la reclamante señala que los servicios contratados no implicaron una delegación de funciones del Administrador Electoral, sino un “apoyo complementario y estratégico” (...), se extrae que las funciones encomendadas a la referida persona jurídica coinciden plenamente con las obligaciones del Administrador Electoral", se lee en la resolución. Como prueba se cita la página inicial de un informe, donde se establece que la función de Administrador Electoral será desempeñada por “Carlos Montalva Pérez y Eduardo Montalva Pérez, de Abogados Montalva Limitada”, junto a un sello “Montalva Abogados”.
Esto, según el Tricel, incurre en infracción a la ley, rechazando la reclamación.
Una última observación reclamada y rechazada por el Tricel es la que tiene relación con un gasto por concepto de “Propaganda en radioemisoras” por $46.295.903, emitida por “Prisa Media Chile S.A.”. En respuesta a esta observación se acompañó un documento que indicó que la factura se encontraba pendiente de pago, no obstante, acorde al tribunal, “el informe de actividades fue acompañado sin la firma del Administrador Electoral y, además, no correspondiendo con el proveedor Prisa Media S.A. sino por un proveedor diverso (Grupo Magno)”.
Así las cosas, de los $760.293.003 de gastos declarados por Santelices, $290.140.903 fueron observados y rechazados. Esto es un 38,16% del total y, según el Tricel, “este porcentaje supera el umbral del 20% referido, configurando una infracción grave a la normativa que rige el control del financiamiento electoral. Por estas consideraciones y por las razones y disposiciones legales expuestas, se rechaza la reclamación interpuesta por doña Macarena Santelices Cañas”.
La rendición de Bassaletti
Hay otra resolución del Tricel que también le da un portazo a otro candidato ligado a Partido Republicano, aunque con consecuencias menos cuantiosas. En este caso se trata de Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este de Carabineros durante el estallido social y quien en 2024 compitió con Tomás Vodanovic en la campaña para alcalde de Maipú. El resultado fue desastroso, con apenas 17,27% de las preferencias frente al 70% que logró el frenteamplista.
Además, ahora el Tricel también le rechaza la reclamación en contra de las cuatro de las doce observaciones formuladas por el Servel.
Dos de ellas por un monto conjunto de $14.698.672, gasto respaldado mediante dos facturas. Una de ellas describe un “anticipo por inicio de gestiones por servicios de administración electoral”, entre otras cosas; y la segunda es por “saldo por servicios prestados por Abogados Montalva desde agosto hasta último PAS, correspondiente a servicios de administración electoral”, entre otras cosas. La figura es la misma objetada a Santelices.
En este caso, el Tricel estimó algo similar que con la excandidata a gobernadora, manteniendo las observaciones puesto que el gasto declarado corresponde a las funciones propias del Administrador Electoral designado por la candidatura.
Otra observación tiene relación con un gasto por servicios remunerados de brigadistas, por un total de $1.194.202, y que no fue presentado en el informe previo al día de la elección exigido por la normativa electoral. Como esto no ocurrió, el Tricel mantuvo la observación. Hay otro gasto por $811.594 por “transporte de propaganda electoral”, rechazado porque el giro del prestador no coincidía con la actividad desplegada. La respuesta fue insuficiente.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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