Este lunes 5 de enero el gobierno ingresó a la Cámara la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En el mensaje se establece además, explícitamente, la supresión de las asociaciones de funcionarios.

La medida implica la división de las labores que hasta ahora desarrolla la institución. Lo referente a seguridad y control de las cárceles se traspasará al Ministerio de Seguridad, y lo referente a reinserción seguirá dependiendo de Justicia, vía la creación de un nuevo servicio.

Pero aunque la fórmula surgió como respuesta al mega caso de corrupción que develó el Ministerio Público, en medio de la denominada operación Apocalipsis, la idea del gobierno es rechazada por la mayoría de las asociaciones de funcionarios. Según el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), José Carrasco, la reforma no resuelve los problemas de fondo de Gendarmería.

¿Cómo recibe su asociación esta reforma del gobierno?

Para nosotros el cambio de ministerio, por sí solo, no dice mucho. Si no se abordan temas estructurales de fondo como el hacinamiento o la seguridad podría transformarse en una medida cosmética y meramente administrativa. Nosotros nunca nos oponemos a los cambios, pero sí tenemos el temor de que los funcionarios salgan afectados. Si no hay reformas estructurales, y un fortalecimiento, seguirá existiendo sobre carga laboral para los funcionarios.

Esto ha surgido como respuesta a los casos de corrupción. ¿Cómo analiza la grave situación que dejó al descubierto la Operación Apocalipsis?

Nosotros no vamos a decir que no hay corrupción dentro de Gendarmería, pero abordemos realmente el porqué de esa situación. Hoy día hay pérdida de autoridad de parte del mando de la administración, no hay control, no hay supervisión y lo más malo de esto es que no hay autoridad. Los oficiales no ejercen un mando claro. No hay control, pero esta reforma a los únicos que favorece son a los oficiales.

¿Por qué?

Porque con este proyecto se les abre una puerta a los oficiales que ya se había cerrado para que puedan tener las mismas pensiones millonarias que Carabineros. Contraloría había puesto un tope, pero hoy se abre la puerta a que eso se homologue a los de los policías y ahí ellos se irían con pensiones millonarias. Eso es lo que siempre han buscado. Entonces no vemos que se trate de una reforma pro funcionario o proinstitución, creo que está encaminada solamente para beneficiar a un sector.

Se ha mencionado que esta reforma pone a Gendarmería a la altura de las instituciones de seguridad pública, y que eso también implica un mayor resguardo y reconocimiento. ¿Eso no les parece adecuado?

Que se reconozca la labor de Gendarmería se ve bien, pero nosotros no nos queremos comparar con las policías. Nosotros tenemos una labor distinta, que incluye la reinserción social de los privados de libertad, y eso nos hace ser distintos, y por eso tenemos condiciones distintas. Si bien usamos armamento, es solamente para resguardar el perímetro y al exterior. Que cambien la función de Gendarmería demuestra que están mal enfocados.

La reforma también implica la disolución de las asociaciones de funcionarios. ¿Qué le parece esa medida?

Quieren dar poder absoluto a los oficiales y que no hayan organizaciones gremiales. Pero las organizaciones gremiales hemos sido fundamentales dentro de Gendarmería porque hemos participado en varias leyes de modernización y además le hemos dado carrera funcionaria al personal. Nos hemos preocupado que el personal tenga mejores salarios, hemos hecho ver a la ciudadanía y al poder político la crisis carcelaria. Las irregularidades que se han registrado en los penales hemos sido nosotros los que las han denunciado, por lo que es preocupante que se nos quiera eliminar. Hay un sin número de sumarios que hacen que prescriban para que no haya sanciones, imagínese cómo va a ser sin las organizaciones que estábamos pendientes de eso y de que no se vulneraran los derechos de los funcionarios.

¿Y a qué atribuye que el gobierno quiera liquidar los gremios?

Responde a que siempre la administración penitenciaria ha querido tener el poder absoluto sobre los funcionarios. Siempre el contrapeso hemos sido nosotros, los que defendemos a los trabajadores penitenciarios. Ellos dicen que no los dejan administrar, que los errores son culpa de las asociaciones, pero eso es mentira. Los gremios no somos el problema. Aquí hay un problema estructural del mando, que no tiene el control de las unidades penales.

¿Qué acciones se requieren a su juicio?

Dijeron que iban a sumar 1000 funcionarios, 2000, que iban a construir más cárceles y de eso no hay nada y aún así dicen que se pretende hacer un cambio estructural. Hablemos con la verdad, vamos a los temas de fondo, deben existir más recursos. El proyecto que presentaron no dice nada respecto de resguardar la seguridad, a tener más control de las unidades, mayor supervisión.

Las labores de reinserción ya no estarán en manos de Gendarmería, ¿por qué lo consideran un error?

Porque va a afectar el funcionamiento de la institución. Acá no sólo se tiene que hablar de poner mano dura. Con esto va a haber más reincidencias, y al haber más reincidencia habrá menos seguridad. Entonces, seguridad y reinserción siempre tienen que ir de la mano. Por eso este servicio es distinto a la policía. La seguridad y la reinserción siempre tienen que ir juntas porque nosotros no somos agentes persecutores del delito, somos agentes rehabilitadores de personas.

¿Pero a su juicio las políticas de reinserción funcionan bien hoy?

A lo mejor no funcionan a un cien por ciento. Pero no funcionan porque no se le entregan los recursos necesarios y las herramientas para que el personal que hace las labores de reinserción pueda llegar a cumplir su objetivo. Entonces, para mí, y lo digo como presidente de la organización más grande de Gendarmería, esto es un retroceso en derechos laborales.