La Subsecretaría de Prevención del Delito publicó el primer estudio que analiza las trayectorias, antecedentes y patrones de quienes cometen el delito de femicidio en el país.

El documento, denominado “Caracterización Exploratoria de Victimarios de Femicidio en Chile, cuyo fin será reforzar las medidas de prevención, fue elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV), en coordinación con la Mesa Interinstitucional de Femicidios, que está integrada por el Ministerio Público, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Programa de Apoyo a Víctimas.

La muestra de la investigación consideró 62 victimarios de femicidios consumados durante el año 2024 y el primer semestre de 2025, de una edad promedio de 41 años.

Entre los principales hallazgos, se determinó que un 74,2% tenía antecedentes penales por algún delito, 71,2% registraba detenciones previas y 53% había ingresado con anterioridad a recintos penitenciarios.

No obstante, los registros vinculados específicamente a violencia intrafamiliar (VIF) son aún más bajos porque solo 27,3% presentaba antecedentes por este tipo de hechos y apenas 6,1% contaba con condenas previas.

Asimismo, en el 81,8% de los casos, el femicidio ocurrió en la misma comuna de residencia del autor, es decir, este tipo de violencia se produce principalmente en contextos de cercanía, vínculos previos o convivencia víctimas.

En cuanto a la situación procesal posterior al crimen, un 60,6% de los victimarios se encuentra actualmente imputado y 49,1% está en prisión preventiva. Asimismo, se registra que 15,2% de los autores falleció tras cometer el femicidio, en su mayoría por suicidio.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, señaló la responsabilidad del Estado en abordar estas temáticas. “Tenemos la responsabilidad de actuar antes de que la violencia llegue a su expresión más extrema y este informe se enmarca en la decisión política que ha tomado este gobierno de avanzar hacia políticas públicas basadas en evidencia”, apuntó.

“Integrar esta información y validarla entre instituciones nos permite comprender las trayectorias de los victimarios y cerrar brechas en la detección temprana del riesgo que viven día a día mujeres y niñas en nuestro país. La seguridad también es prevenir. Y prevenir exige datos, trabajo sistemático y voluntad política para transformar esa información en acción concreta”, agregó.

En tanto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que luego de años de análisis sobre la trayectoria de los victimarios es fundamental para “mejorar la respuesta del Estado en esta materia y aplicar plenamente la Ley Integral”.