Rodrigo Bustos, Amnistía Internacional: “Es insostenible que el general Yáñez se mantenga a cargo de una institución que debe hacer cumplir la ley”

Este martes el Ministerio Público ingresó hasta el 7º Juzgado de Garantía de Santiago la solicitud para formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su eventual responsabilidad en la omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”. Algo que desde Amnistía Internacional califican como un “hito” jurídico debido a lo que esto significa para la causa que investiga eventualidades responsabilidades del alto mando de la policía uniformada en la violación de derechos humanos durante el estallido social.

En ese sentido, Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, sostiene que la organización fue la primera en denunciar estas presuntas responsabilidades, además de aportar antecedentes. Apunta al rol de Yáñez en aquel entonces, cuando “era el director de Orden y seguridad y, por lo tanto, estaba encargado de planificar, organizar, dirigir, controlar a nivel estratégico todo lo que tiene que ver con seguridad y orden público en todas las regiones de Chile”, sosteniendo que tenía acceso a informes y reportes sobre los hechos de violencia contra civiles ocurridos en ese periodo.

¿Qué opinión tienen respecto a esta decisión de Fiscalía?

Valoramos la solicitud de formalización, puesto que desde un principio Amnistía Internacional señaló que, no solamente había que esclarecer la responsabilidad de quienes directamente habían causado las lesiones en el contexto de las protestas, sino también de quienes tenían responsabilidad de mando y pudiendo frenar las violaciones de derechos humanos, omitieron realizar acciones para ello.

¿Qué esperan de esta audiencia?

Esperamos que, en primer lugar, sea un hito fundamental para poder avanzar en esta investigación y finalmente se llegue a definir las responsabilidades que puedan tener los altos mandos de Carabineros que se formalizarán.

Pero de ser formalizado, el general Yáñez podría quedar con medidas cautelares. ¿Qué debería hacer el gobierno entonces?

La verdad es que hay que diferenciar la calidad de ciudadano del señor Ricardo Yáñez, por supuesto que él, con una investigación formalizada, podrá aún más hacer valer todos sus derechos en esta investigación de carácter penal. Pero una cuestión distinta es su rol como general director. Desde Amnistía Internacional consideramos que es insostenible, que ya con una formalización en el fondo graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, que el general Yáñez se mantenga a cargo de una institución que debe hacer cumplir la ley.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que esperarían la audiencia de formalización para tomar una decisión. ¿Considera que es una posición correcta?

La verdad es que de parte de nuestra organización hemos considerado, ya antes de este hito, que había antecedentes suficientes para decidir que el general Yáñez no continuara desempeñando su labor.

¿Cuáles son esos antecedentes?

Fundamentalmente por su nula colaboración con esta investigación, considerando su cargo de general director y también por declaraciones previas que dio durante el año anterior interpelando a legisladores y fiscales en relación también a situaciones que eventualmente podían ser de investigaciones de violación a los derechos humanos. Por lo tanto, creíamos ya antes de este hito judicial que había antecedentes suficientes para tomar una determinación de que él no siguiera desempeñando el cargo de general director. Hoy día, con la solicitud de formalización, creemos que ya se va a hacer insostenible, sobre todo con la formalización, que él continúe.

Ustedes realizaron un informe respecto al tema. ¿Aportaron esos antecedentes al Ministerio Público?

De las cuatro organizaciones que realizamos visitas a Chile durante el estallido social, fuimos la primera que planteó que había que investigar mandos que tuvieran responsabilidad penal. En la investigación que llevó adelante la fiscal Ximena Chong, también colaboramos con declaraciones que pudo prestar la jefa de nuestra misión de crisis que se realizó en ese período y también otros expertos de nuestra organización respecto de la utilización de armas que se hizo por parte de Carabineros durante ese período. Nosotros detallamos a la fiscal respecto a la manera desproporcionada e indiscriminada en que se utilizaron, por ejemplo, las escopetas antidisturbios.

¿Consideran que esta investigación ha tardado mucho? En algún momento ustedes hablaron de impunidad...

En general, en Chile ha habido un escenario bastante general de impunidad, porque de más de 10.000 denuncias que se han presentado por violaciones de los derechos humanos hay solamente 38 condenas hasta la fecha, lo que explica una diferencia brutal con lo que ocurrió respecto de delitos comunes cometidos en el estallido social, donde ya después de un año había más de 700 condenas por este tipo de delitos. Respecto, eso sí, de la investigación de los altos mandos, entendemos que ha sido una investigación exhaustiva que no ha contado con la colaboración de Carabineros de Chile. Esta solicitud de formalizar a tres generales y exgenerales es un hito no solamente para Chile, sino para toda la región de América Latina.

En otra arista también se investigan delitos de lesa humanidad, donde además se indaga a personeros políticos. ¿Creen, como organización, que aquello sigue pendiente?

Sin lugar a duda es parte de esta investigación y también de la investigación paralela que se lleva a cabo por parte de la misma Fiscalía con relación a crímenes de lesa humanidad que se pueda, también, dilucidar y esclarecer cualquier tipo de responsabilidad política que pueda haber tanto de exautoridades del Ministerio del Interior o del propio expresidente de la República Sebastián Piñera. Esto, porque así como los altos mandos de Carabineros tenían atribuciones legales para adoptar medidas que implicaran terminar con la violación a los derechos humanos, también lo tenían las autoridades civiles. Por lo tanto, se tiene que investigar si es que eventualmente pudieran tener algún tipo de responsabilidad penal o administrativa.