La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples vulneraciones en el procedimiento de recepción, custodia y destrucción de drogas incautada, que denotan un incumplimiento a la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en distintos servicios de salud del país.

Esto, en los 17 informes que ya había adelantado la contralora general Dorothy Pérez en su presentación de la Enade 2025, donde señaló que: “Detectamos diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y los recibidos por los servicios de salud” y también bromeó cuando personas rieron ante la última frase, señalando que “me imagino que se ríen porque se estarán acordando del chiste del Bombo Fica”.

Según señalaron desde el órgano fiscalizador, las principales fallas que se repiten en dichas dependencias destacan las diferencias en los registros de drogas incautadas, lo que no permite garantizar la calidad e integridad de los datos.

Asimismo, el proceso, que contempla que los estupefacientes incautados por la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Gendarmería se envían a los servicios de salud para su posterior destrucción, presenta otra serie de desórdenes e incumplimientos a la ley que regula la materia.

Registros de peso y retrasos

Entre los hallazgos relevantes de los informes están diferencias en el pesaje de los decomisos entre el servicio de salud y las instituciones policiales, advirtiéndose la pérdida de trazabilidad del peso de los decomisos que incluyen planta de cannabis, en ambas policías.

A ello se agregan falencias en el sistema de registros de decomisos recibidos, como el uso de una planilla Excel sin mecanismos de mínimos de seguridad. Al revisar aquello, se comprobó la existencia de al menos siete casos con errores de registro de transcripción.

Además, pese a que la citada Ley N° 20.000 indica que las drogas incautadas deben ser entregadas dentro de las 24 horas siguientes al Servicio de Salud, se determinó que tanto la PDI como Carabineros incumplieron ese plazo.

También se observó incumplimientos en el plazo para informar al Ministerio Público los resultados de los análisis realizados por los laboratorios competentes. En algunos casos sumaron más de 350 días.

Infraestructura insuficiente

En paralelo, se revelaron deficiencias en la infraestructura de oficinas y bodegas de decomisos, pues no se cumple con lo exigido en la referida Ley 20.000, además de ausencia de elementos de protección personal. Lo anterior provocó, en múltiples casos, desórdenes en dichas unidades, con bolsas y cajas con drogas en el suelo. En algunos casos las bolsas con las que se almacenaba y transportaba la mercancía se encontraban rotas, sin que conste que su contenido sea el mismo que el recepcionado por el servicio.

Respecto de lo mismo, otro informe evidenció deficiencias en la infraestructura y seguridad de unidades encargadas del proceso de quema, tales como la falta de ventilación, sistemas de extracción de aire, cámaras de seguridad y control de temperatura y humedad. Además, una caja fuerte se encontraba en mal estado.

Adicionalmente, se detectó la falta de controles de acceso a algunas dependencias; tarjetas de control de acceso a oficinas y bodega sin nominar, e inexistencia de un registro de acceso a estas, entre otras debilidades de seguridad.

Debilidades de sistemas

Finalmente, se evidenció la falta de un sistema informático para el control de la recepción y destrucción de las drogas.

Igualmente, plataformas diseñadas para el registro de actas de recepción de drogas y facilitar la información, presentan deficiencias de trazabilidad y no muestran una relación directa entre los decomisos recibidos y sus respectivas actas de destrucción.

Funcionarios en riesgo

Los informes de la CGR, fundamentalmente, señalan otros varios hallazgos que se vinculan a la seguridad de los funcionarios de los servicios de salud. Entre ellos, falta de habilitación de vehículos utilizados para el traslado de estupefacientes.

Asimismo, se observó la falta de un lugar exclusivo para el almacenamiento de sustancias líquidas y residuos tóxicos, las que requieren de una zona especial, ya que pueden ser derramadas provocando combustión y explosiones dentro de la bodega, aumentando el riesgo en la salud de los funcionarios y/o incendios.