Con la confirmación en la Corte Suprema del desafuero de Joaquín Lavín, el periodo parlamentario que culmina el 11 de marzo alcanzó, este lunes, un total de seis diputados despojados de su inmunidad en cuatro años, el 3,87% de los 155 que asumieron en 2022.

Son más de una decena los legisladores que han debido comparecer en procesos penales de diversa naturaleza en el actual periodo y, desde 1990, solo en el gobierno de Ricardo Lagos, hubo más desafueros (tres senadores y ocho diputados en seis años, cinco de ellos en el caso Coimas).

Los desaforados en este periodo

El 8 de junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero de la diputada independiente María Luisa Cordero (Ind.), en el marco de una querella por injurias que presentó la senadora Fabiola Campillai en contra de la psiquiatra. En enero de 2024, Cordero accedió a un acuerdo en la audiencia de conciliación y ofreció disculpas públicas a Campillai tras haber puesto en duda su ceguera.

El 23 de octubre de 2024, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero del diputado independiente ex PDG por el distrito 17 de la Región del Maule Francisco Pulgar, imputado en una investigación del Ministerio Público por una denuncia por los delitos de violación y abuso sexual reiterados en contra de una menor de 14 años. La Corte Suprema ratificó el desafuero en diciembre de ese año. Permanece bajo arresto domiciliario total, a la espera del juicio fijado para octubre.

El diputado independiente y exintegrante de la bancada del Partido Republicano Mauricio Ojeda fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Temuco, el 22 de julio de 2024. La Corte Suprema confirmó esa decisión a fines de septiembre. Actualmente, cumple arresto domiciliario total. Se le investiga en una trama de presunta corrupción en los convenios por más de $700 millones alcanzados por el Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc.

La cuarta diputada desaforada en el actual periodo es la otrora presidenta del extinto partido oficialista Revolución Democrática Catalina Pérez, por el caso Democracia Viva. La Corte Suprema confirmó su desafuero en abril de 2025 y en mayo fue formalizada por tres delitos de fraude al fisco. La ex frente amplista -renunció en noviembre de 2024- se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

El lunes 29 de septiembre, en tanto, el máximo tribunal ratificó el desafuero de Miguel Ángel Calisto, en otra indagatoria por fraude a las arcas fiscales. El senador electo independiente es investigado por un presunto fraude al Fisco superior a $103 millones.

Joaquín Lavín León (Ind., ex UDI) es el sexto. Este lunes, el máximo tribunal confirmó la sentencia emitida en octubre por la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió el desafuero por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias, rechazando la imputación por delitos tributarios que se investigaba a partir de una querella del Servicio de Impuesto Internos.

Rechazos y sobreseimientos

Otros legisladores han enfrentado la justicia con mejor suerte en los cuatro años recientes.

Uno de ellos, es Jaime Mulet, el excandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) cuyo desafuero fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Copiapó a fines de 2022, en un caso en que la Fiscalía de Atacama recurrió al Tribunal Constitucional y fue finalmente sobreseído.

En noviembre del año pasado, en tanto, la Corte Suprema revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y rechazó la solicitud de desafuero respecto al diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Sergio Bobadilla, que había sido presentada por la periodista Josefa Barraza por presuntas injurias graves con publicidad.

Una situación similar se dio en el caso del diputado del Frente Amplio (FA) Diego Ibáñez, que enfrentó una querella por calumnias del empresario Juan Sutil. El 10 de agosto de 2023, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero.

También, se rechazó la solicitud de desafuero del diputado independiente Sebastián Videla, interpuesta por el exseremi de Bienes Nacionales Eduardo König, tras ser acusado de maltrato animal por el parlamentario independiente. En noviembre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta desestimó la petición.

Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado, que fue imputado por haber filtrado un audio de una reunión que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric, logró la suspensión condicional del procedimiento por un año, debiendo donar $500.000 a alguna institución de beneficencia dependiente de Carabineros de Chile y enviar una carta de disculpas al gobernante.

Otras investigaciones

En febrero de 2025,la Fiscalía Centro Norte inició una investigación contra el diputado Jorge Durán, tras una denuncia en su contra por una presunta agresión sexual a su expareja. Él parlamentario, que tiene la militancia suspendida en Renovación Nacional, sostiene que la acusación es “completamente alejada de la realidad”.

En marzo de 2025, la diputada independiente Consuelo Veloso protagonizó un choque en estado de ebriedad en Viña del Mar. La Fiscalía Regional de Valparaíso informó que se inició una investigación por la situación y la legisladora tiene calidad de imputada.

A fines de 2024, tras una acusación de abuso sexual, la diputada Marcela Riquelme renunció al Frente Amplio y se autodenunció ante el Ministerio Público.

Del mismo sector, la diputada Maite Orsini (militancia suspendida en el FA) también decidió autodenunciarse, en marzo de 2023, cuando se le cuestionó por un llamado a una general de Carabineros por un control de identidad a quien era su pareja Jorge Valdivia.

Los anteriores desafueros

La cifra de senadores desaforados es de seis desde 1990.

A fines de 1998, Francisco Javier Errázuriz (UCC) fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, producto de la querella por secuestro y lesiones graves interpuesta por el abogado de Endesa Francisco Javier Fernández. La Corte Suprema ratificó esa decisión el 26 de enero de 1999.

El 05 de junio de 2000, el senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación del caso Caravana de la Muerte, lo que fue ratificado por parte de la Corte Suprema el 08 de agosto del mismo año.

El 27 de enero de 2005, el senador Jorge Lavanderos (PDC), fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Temuco por la investigación en su contra por cuatro casos de abuso sexual de menores. La Corte Suprema ratificó ese fallo el 16 de marzo de 2005.

El 21 de septiembre de 2005, el senador Nelson Ávila (PR), fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago producto de la querella por injurias y calumnias, presentada por la directora de la Fundación Alerta y Respuesta contra el Abuso Sexual Infantil (ARASI), Claudia Fuentes. La resolución fue ratificada por la Corte Suprema el 13 de diciembre de 2005.

El 14 de enero del año 2016, el senador señor Jaime Orpis (Ind ex UDI), fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago, investigado por delitos de cohecho, lavado de activos, fraude al Fisco y delitos tributarios, en el marco del caso Corpesca. La Suprema ratificó el desafuero el 04 de mayo del mismo año.

Finalmente, el 07 de julio del 2017, el senador Iván Moreira Barros (UDI), fue desaforado por de la Corte de Apelaciones de Santiago. Moreira era investigado por presentación de boletas ideológicamente falsas en el caso Penta. Su desafuero fue ratificado por la Corte Suprema el 03 de noviembre de 2017 y fue sobreseído dos años después por un acuerdo con el Ministerio Público.

Respecto a diputados, en los siete periodos anteriores se contabilizan 16 desafueros a 15 diputados.

Se trata de Ricardo Rincón González (PDC), en un caso de injurias, en 2002; Víctor Rebolledo (PPD), Eduardo Lagos (PRSD) -actualmente imputado en la trama Bielorrusa- Juan Pablo Letelier (PS), Jaime Jiménez Villavicencio (PDC) y Cristián Pareto (PDC), por el caso Coimas, en enero de 2003; Mario Escobar (Ind. ex UDI), en marzo de ese año por corrupción en el municipio de Calama; Carlos Hidalgo González (Ind. RN), en la investigación penal del caso Egas, a fines de 2004; Iván Paredes Fierro (PS), en dos oportunidades, por querellas de injurias, en septiembre de 2006 y en enero de 2010; Laura Soto (PPD), en enero de 2008, por el caso de fraude en los PGE; Amelia Herrera (RN), en junio del mismo año, por una investigación de estafa en hechos ocurridos cuando era alcaldesa de Quilpué; René Alinco (PRO), por conducción en estado de ebriedad, en julio de 2011; Rosauro Martínez Labbé (RN), en marzo de 2017, por el caso de DD.HH. de los miristas de Neltume; Gaspar Rivas (Ind.), a mediados de 2016 por una querella del empresario Andrónico Luksic por injurias; y Aracely Leuquén (RN), en enero de 2021, por agredir a trabajadores de un bar en Las Condes, en estado de ebriedad.