El Senado aprobó este la creación de la calidad jurídica de ausente por desaparición forzada, anunciada por el Presidente Gabriel Boric en la conmemoración de los 52° años del Golpe de Estado.

El proyecto que ingresó al Congreso el 2024 establece un reconocimiento de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet para fines jurídicos.

La identificación jurídica aplica para personas registradas en los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, entre otros instrumentos u organismos de la misma naturaleza, creados o reconocidos por ley.

Tras la aprobación de la mayoría de las bancadas, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien estuvo presente en el debate, destacó la importancia de esta iniciativa y reiteró que la propuesta intenta solucionar problemas prácticos que tienen los familiares de las personas desaparecidas, entre ellos, emitir certificados de defunción.

Ahora, el proyecto avanza a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

El 11 de septiembre, durante la ceremonia de conmemoración del quiebre de la democracia, el Presidente Gabriel Boric indicó que esta normativa busca evitar la revictimización de las familias “cada vez que tienen que hacer un trámite legal”. 

El rechazo de la oposición

Pese a que la norma fue despachada transversalmente, algunas de sus indicaciones no sortearon favorablemente la Cámara Alta. La oposición manifestó su rechazo a la observación que establecía una solución transitoria por vía administrativa para los casos excepcionales que no estén incluidos en algunos informes de reparación, por ejemplo, en el informe Rettig hubo una calificación de los antecedentes, sin embargo, algunos personas no están en la nómina que posteriormente realizó el organismo.

El senador timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, indicó su postura en contra y argumentó: “Es extremadamente delicado que por actos meramente administrativos, aunque tengan un procedimiento arreglado, se dé la calificación de desaparición forzosa de una persona. Para nosotros es exigencia que eso pase por una sentencia judicial firme y no que simplemente se presente una querella al respecto".

Para convencer a los senadores opositores, el ministro de Justicia explicó: “Para ese tipo de casos particulares se requiere una vía administrativa, por cierto, posteriormente a la declaración judicial. En el intertanto, la familia va a seguir siendo revictimizada con antecedentes como un certificado que establezca que la persona sigue estando viva”.

En esa línea, precisó: “Para evitar ese tipo de situaciones se pide que exista esta facultad. No genera otro efecto, y en el caso de que esto efectivamente no se pueda constatar que el informe técnico que emite la subsecretaría a través de su programa y que la querella no dio los resultados que se esperaban, se establece la cancelación del registro. Pero en el intertanto,es importante que esa familia tenga el acto de justicia, que es el reconocimiento de haber sido su familiar víctima de desaparición forzada".

De todas formas, la indicación fue rechazada con 18 votos en contra.