Con 39 votos a favor y solo uno en contra, el Senado respaldó este lunes una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío.

La extensión tendrá una duración adicional de 30 días, a contar del 26 de febrero de 2026, y deberá ser ahora ratificada por la Cámara Baja para su entrada en vigencia.

La medida corresponde a la última prórroga solicitada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, considerando que el próximo 11 de marzo asume el mandatario electo José Antonio Kast.

Ante esto, senadores y senadoras plantearon la necesidad de realizar una evaluación integral del impacto que ha tenido la aplicación del estado de excepción, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución.

En ese marco, la Cámara Alta pidió analizar tanto las cifras de seguridad como los recursos públicos invertidos durante el periodo de vigencia de la medida.

En representación del Ejecutivo, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, comprometió la entrega de “un documento que refleje lo realizado durante todo el periodo”, con el objetivo de transparentar los resultados del despliegue militar y policial.

Además, informó que ya mantiene una reunión agendada con su sucesor, en una señal de continuidad institucional ante el cambio de administración.

El debate parlamentario también abordó el escenario futuro en la Macrozona Sur. En particular, se reflexionó sobre las decisiones que deberá adoptar el próximo gobierno, el destino de las propuestas de la Comisión de Paz y Entendimiento, y la continuidad de los planes Buen Vivir y Ercilla, considerados claves para abordar el conflicto territorial desde una dimensión política y social.

Como ha sido la tónica en las votaciones anteriores, una amplia mayoría reconoció que la medida ha tenido un efecto disuasivo y ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en la zona.

Sin embargo, se advirtió que “los ataques que cada cierto tiempo ocurren demuestran que las células siguen operando”, lo que, a juicio de los legisladores, sigue haciendo necesaria la mantención de la medida excepcional.

En ese sentido, parlamentarios defendieron el uso del estado de excepción como “una herramienta utilizada con responsabilidad”, subrayando que “no ha nacido desde la improvisación ni desde la negación de los problemas históricos del territorio”.

No obstante, también se expresaron reparos relevantes. Desde sectores oficialistas se alertó sobre denuncias de comunidades indígenas por allanamientos desproporcionados y uso excesivo de la fuerza, señalando que cuando existe un patrón reiterado de acusaciones, estas no pueden ser ignoradas. En esa línea, senadores advirtieron que “hemos confundido presencia militar con política de seguridad”, apuntando a la necesidad de una estrategia más integral.

Finalmente, se hizo un llamado al Ejecutivo a construir un relato coordinado respecto de una eventual desescalada del estado de excepción, enfatizando que “el Estado ausente es parte del problema” y que la excepcionalidad no puede transformarse en una condición permanente para el control del orden público en la Macrozona Sur.