El 22 de marzo la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, dio su primera entrevista. Lo hizo en El Mercurio y ahí anunció lo que sería su primera agenda legislativa.

“Nosotros queremos la próxima semana ingresar tres proyectos que hemos analizado”, afirmó la exfiscal. En su primer anuncio legislativo dijo que la semana del 23 de marzo ingresaría un proyecto para permitir la realización de juicios orales en ausencia de los acusados, otro mensaje para revertir la carga de la prueba en el delito de lavado de activos y un tercer proyecto para apurar el alzamiento del secreto bancario, idealmente en 24 horas.

El anuncio de Steinert, al menos en el Senado, fue bien visto y por lo mismo esperaban con ansias dichos mensajes. Sin embargo, hasta la fecha solo ha ingresado el de los juicios orales en ausencia, que llegó al Congreso el 20 de abril.

Esa es una de las razones que tiene molesto al senador Karim Bianchi, quien preside la Comisión de Seguridad del Senado. “Yo prefiero decir las cosas de frente, el gobierno ingresó un proyecto el 20 de abril, pero lo hizo sin mayor visibilidad y sobre una materia bastante acotada. Es un paso, pero claramente no está a la altura del desafío que hoy tenemos en seguridad”, dice Bianchi, quien ya puso el mensaje en tabla para su discusión.

“A mí me preocupa la distancia entre lo que se anunció y lo que realmente ha pasado. Se habló de una agenda robusta, pero en la práctica seguimos viendo una sequía legislativa en los temas estructurales que de verdad golpean a las personas”, agrega el senador.

Senadores toman la iniciativa

De hecho, fuentes del Congreso comentan que ante el espacio que dejó el Ejecutivo, han sido los propios senadores los que han pasado a la delantera y han ingresado proyectos de ley por su propia cuenta. Por ejemplo, el 25 de marzo ingresaron una moción para regular los juicios orales en ausencia, casi un mes antes que Steinert.

Todas esas mociones han sido empujadas por la mesa del Senado que preside la senadora Paulina Núñez (RN) y el senador Iván Moreira (UDI). A ellos también se han sumado con sus firmas el mismo Bianchi, el senador Alejandro Kusanovic y senadores de oposición como Iván Flores (DC) y los socialistas Paulina Vodanovic y Gastón Saavedra.

Las mociones abarcan temas variados como una agravante para los delitos cometidos contra autoridades o funcionarios públicos, fortalecer el cumplimiento de las sanciones y la persecución de delitos graves en materia de responsabilidad penal adolescente, fortalecer la persecución penal de la distribución digital ilícita, perfeccionar las disposiciones relativas a la persecución penal de la criminalidad organizada y el terrorismo y también una moción que aborda la persecución de conductas que afectan la seguridad en espacios públicos o alteran gravemente la convivencia ciudadana.

“Esta mesa del Senado se ha preocupado de generar iniciativas legislativas. Hemos presentado entre ocho y nueve proyectos relacionados con la seguridad, por lo tanto aquí en el Congreso ha habido disposición. Solo falta que los empiece a estudiar la Comisión de Seguridad”, afirma Moreira.

Lo mismo reafirma Bianchi. “Junto a otros senadores hemos ingresado proyectos porque no podemos quedarnos esperando. Cuando el Ejecutivo no llega a tiempo, uno tiene la responsabilidad de empujar, de poner la pelota en la cancha y de proponer soluciones concretas. Esto no es contra nadie. Es a favor de Chile. Pero en seguridad, quedarse en anuncios ya no basta”, dice el senador.

La agenda del gobierno

Sin embargo, el gobierno rechaza las críticas recibidas por parte de Bianchi. Respecto de los tres mensajes anunciados a fines de marzo, desde el Ejecutivo comentan que “los proyectos de secreto bancario e inversión de carga de la prueba serán considerados en una agenda más amplia, vinculado al combate contra los patrimonios del crimen organizado, por lo que se han absorbido en un proyecto más global de extinción de dominios o pérdidas de patrimonios ilícitos que involucran un diseño institucional más complejo y profundo”.

Las mismas fuentes señalan que “ambos se van a someter en dicho contexto a consideración del Congreso Nacional”. Junto con eso añaden que “en estos días se inició el trabajo técnico del ministerio con los asesores del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, debido al interés histórico de dicho presidente en el impulso de iniciativas radicales contra los patrimonios ilícitos como lo es el mecanismo de extinción de dominio hoy inexistente en Chile”.

Quien también toma distancia de las críticas de Bianchi es el senador Andrés Longton (RN), quien también integra esta misma instancia legislativa. “La Comisión de Seguridad tiene suficientes iniciativas para poder tramitar algunas de ellas en segundo trámite que pueden ser puestas en tabla. Hablar de ausencia de agenda es a lo menos injusto, entendiendo que la mayoría de las iniciativas que se han votado en el Senado son de seguridad”, dice Longton.

El senador añade que “va un poco más de un mes de gobierno, y no me cabe duda que la agenda y estrategia de seguridad será robusta”.

“Noto un exceso de ansiedad y exigencia que nos habría gustado que lo hubieran tenido en el gobierno del Presidente Boric donde pasó casi un año sin ninguna iniciativa en materia seguridad”, concluye Longton.

En el gobierno también comentan que el Ministerio de Seguridad se ha activado en conjunto con el Ministerio de Educación para tramitar con éxito proyectos que tienen que ver con la seguridad escolar, debido a los hechos de contingencia de las últimas semanas. Así han impulsado el proyecto de Escuelas Protegidas, la revisión de mochilas y el aumento de penas para ciertos delitos.

Por otro lado, el equipo de Steinert también tiene contemplado presentar indicaciones al proyecto de ley que permite modificar los controles migratorios en la frontera. En esa línea, también renovarán las urgencias a tres proyectos: control de identidad en la frontera, el que permite agentes encubiertos en internet para delitos sexuales contra menores y el que aumenta las penas para quienes dañen monumentos a través de rayados y marcas.

En esa misma línea, el Ejecutivo añade que impulsará próximamente dos proyectos más. El primero para ampliar la comparecencia telemática de las partes en casos de crimen organizado. La segunda iniciativa, en tanto, tiene relación con la pérdida de la propiedad de bienes ligados al crimen organizado. Ambos, de hecho, ya fueron ingresados antes que el gobierno, bajo la iniciativa de la senadora Núñez. A estos también se suma el impulso de un proyecto contra incivilidades.