Tres semanas de movilizaciones estudiantiles. En Santiago, Providencia y Ñuñoa han visto repetidas acciones similares, con grupos acotados de alumnos tomándose los liceos, saliendo a la calle y, en algunos casos, provocando hechos de extrema violencia.

Sólo en los últimos seis días un profesor fue rociado con bencina en el INBA de Santiago y un alumno se quemó con una molotov en el Liceo José Victorino Lastarria de Providencia. Antes, una salida similar se vio en el Liceo 7 de Ñuñoa, con participación de ovelores blancos.

Ante los hechos, los alcaldes, aprovechando su conexión política, han intensificado las conversaciones para tratar el tema. Conversan día a día e intercambian miradas. Incluso, el miércoles Sebastián Sichel (Ind), Mario Desbordes (RN) y Jaime Bellolio (UDI) se reunieron con la candidata presidencial del sector, Evelyn Matthei, a buscar puntos de encuentro.

Pero ya desde antes los ediles han venido intercambiando información sobre lo que ven en sus comunas. La idea es buscar una estrategia común. Ahí se dieron cuenta, dicen, de que habían factores comunes, como panfletos, estrategias de salida similares con exalumnos recientes involucrados e, incluso, robos de cosas sin valor comercial, como expedientes de estudiantes.

Tras ello, han concordado en que en todos los casos se invocará Aula Segura cuando los hechos implican estudiantes con matrícula vigente, y querellarse en caso de no identificar a los responsables o pesquisar que hay mayores de edad involucrados.

Hasta aquí, entre los tres municipios suman 31 expulsados por Aula Segura (25 en Santiago, 4 en Providencia y 3 en Ñuñoa), y han presentado 10 querellas (7, 2 y 1, respectivamente), contra personas identificadas o contra quienes resulten responsables. El último fue Bellolio tras los hechos del miércoles en el Liceo Lastarria.

Eso sí, también han concordado en la idea de que Aula Segura debe cambiar. Usarse como se sigue usando para expulsar inmediatamente a alumnos por hechos violentos, pero sumando un acompañamiento para quien fue expulsado y que no pueda reingresar a otro recinto de inmediato. Para esto pretenden involucrar a los parlamentarios de su color que representan a los distritos de sus comunas.

Pero, además, hay una decisión más o menos transversal de los alcaldes: con un liceo en toma no se negocia y se pedirá el accionar inmediato de Carabineros.

Los ediles han catalogado internamente los hechos de estas tres semanas como una “operación delictual” y tienen un dato basal: las personas que lideran las acciones han sido expulsadas de otros recintos. En Ñuñoa se ven de Providencia, en Providencia de Santiago y en Santiago de Ñuñoa, o viceversa.

“Compartimos información de todo lo que sucede, vemos la magnitud, las imágenes que disponemos. No es normal que todos tengamos adultos involucrados”, dice Sichel, quien aclara que cuando se refiere a “adultos” son personas de 18 o 19 años.

A raíz de lo ocurrido y tras la cita del miércoles con Matthei, hubo un mensaje que tomó fuerza: la idea de pedir un persecutor especial. “Tenemos una coordinación entre los tres alcaldes, aplicando Aula Segura en algunos casos y acciones penales en otros. Los tres alcaldes y la candidata estamos de acuerdo con pedirle al Ministerio Público un fiscal con dedicación exclusiva para que logremos tener resultados de fondo”, señala Desbordes.

El argumento es que se tiene la firme convicción de que hay una organización detrás de lo que está ocurriendo en casi una decena de recintos dependientes de alguna de las tres comunas.

Asimismo, los ediles endurecieron el tono con el Ministerio de Educación y el gobierno en general: piden más atribuciones para fiscalizar en sus recintos, con medidas como poner cámaras o revisar mochilas.

“Queremos pedirle al Mineduc que tome cartas en el asunto", dijo Bellolio el día del incidente en el Lastarria, sumando que le han pedido “varias veces al Mineduc, le hemos enviado tres oficios, en los que pedimos que se evalúen medidas, por ejemplo, revisión aleatoria de mochilas, tener más cámaras de seguridad y eso no ha sido contestado, así que le queremos pedir al Mineduc que conteste el oficio. Queremos que el gobierno se tome también esto en serio (...) esperamos que el gobierno nunca minimice lo que esto implica".

A su vez, los alcaldes pretenden que, sobre todo después de las palabras del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien dijo que lo que sucede en los liceos “no es convivencia escolar, eso es delincuencia pura”, sea el gobierno central o la Delegación Presidencial quienes soliciten el ingreso de Carabineros a los recintos, y no necesariamente ellos. “Que la pelota no quede sólo en los municipios, esto es un problema de seguridad pública”, se ha escuchado en sus conversaciones.

Plan de infraestructura

En paralelo a todo esto, el Mineduc, que ha vivido días de tensión con Santiago por el tratamiento de las movilizaciones que se han vivido en esa comuna, en coordinación con distintas reparticiones educativas estatales y la Municipalidad de Santiago, acordó un plan para abordar los problemas de infraestructura que afectan a los establecimientos santiaguinos y que son parte de los petitorios estudiantiles.

Entre otras, se comprometió la tramitación de resoluciones de emergencia para ejecutar proyectos acotados; asignaciones para cuando el SLEP Santiago Centro comience a administrar los recintos a partir del 1 de enero; la conservación de proyectores menores a 5.000 UTM para ser licitados y ejecutados durante 2026; y la ejecución de compras ágiles o licitaciones cortas, también en 2026.

“Hemos propuesto al municipio un plan de apoyo en infraestructura que contempla distintas fuentes de financiamiento y tipos de intervención, tanto para el periodo previo como posterior al traspaso, recogiendo elementos que las y los estudiantes de la comuna han incorporado en el petitorio”, señala la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.