La Superintendencia de Educación Superior (SES) estará entregando este viernes su Tercer Estudio de Salud Financiera del Sistema de Educación Superior, una radiografía sobre cómo las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país distribuyen sus gastos, estableciendo, por ejemplo, cuánto cuesta formar a un estudiante en Chile o cuántas personas están matriculadas en instituciones con salud financiera vulnerable.

El informe, que analiza el período 2012–2024 (últimos estados financieros disponibles), tiene por objetivo ordenar, transparentar y comparar la estructura de gastos del sistema, incorporando cruces con matrícula, dotación académica y niveles de acreditación. A diferencia de estudios previos enfocados en ingresos, en esta versión la SES puso el acento en costos, remuneraciones y su relación con la calidad y la sostenibilidad financiera.

El primer estudio reveló que 55.271 estudiantes estaban matriculados en 25 instituciones en riesgo financiero dentro del sistema chileno. El segundo, en tanto, elevó la cantidad de personas en esta situación a 59.069, repartidos en 28 casas de estudio. Y ahora, en esta tercera entrega, son 25 instituciones -un 20,3% del total analizado- las que están en esta condición de tener una salud financiera vulnerable, es decir que presentan un mayor deterioro financiero. En ellas hay 42.741 estudiantes matriculados, lo que representa el 3,3% de la matrícula total de pregrado del sistema.

El grupo de instituciones en riesgo está compuesto por 10 universidades (18,2% del total de ellas), 8 institutos profesionales (27,6% del universo IP) y 7 centros de formación técnica (17,9% del total de CFT). Respectivamente, tienen 29.579, 9.100 y 4.062 estudiantes matriculados.

En tal sentido, el estudio da cuenta de una caída sostenida de la matrícula expuesta a salud financiera vulnerable, lo que en la SES asocian a procesos de recuperación institucional, ajustes internos y, en algunos casos, a la salida del sistema de instituciones en crisis.

El costo de formar

En el estudio también es posible encontrar el gasto promedio por estudiante, lo que se traduce en cuánto invierte, en promedio, cada institución en la labor formativa, al dividir los gastos totales por el número de su matrícula de pregrado.

Así, en 2024 el gasto total promedio por estudiante fue de $ 4,5 millones, muy por sobre los $ 2,9 millones de 2012. Pero el promedio esconde brechas entre subsectores: las universidades estatales lideran con $ 8,2 millones por estudiante, seguidas por las universidades privadas miembros del Consejo de Rectores, con $ 7,2 millones. Más atrás aparecen las universidades privadas que no están en dicho consejo ($ 4,5 millones), mientras que el sistema técnico-profesional exhibe entre $ 2 y $ 2,3 millones por estudiante en institutos profesionales y centros de formación técnica.

Estas diferencias, creen en la SES, podrían responder a niveles de complejidad institucional muy distintos: investigación, posgrados, infraestructura y vinculación con el medio en el caso universitario, frente a modelos más acotados y focalizados en docencia en el subsistema técnico-profesional.

El superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, enfatiza que una de las conclusiones más evidentes que arroja el estudio es que “no existe una sola educación superior en Chile, sino múltiples realidades conviviendo bajo un mismo marco regulatorio. Aunque persisten instituciones con fragilidad financiera, la proporción de estudiantes expuestos ha disminuido, y el sistema, en su conjunto, muestra capacidad de recuperación tras el shock vivido entre 2019 y 2021, a raíz de la pandemia”.

“Más que entregar diagnósticos cerrados, este informe busca transparentar cifras, ordenar comparaciones y aportar evidencia para una discusión informada sobre financiamiento, calidad y sostenibilidad de uno de los sectores más relevantes para el desarrollo del país”, concluye.

Del mismo modo, el estudio de la superintendencia observó la estructura del gasto de todo el sistema, que destinó aproximadamente $ 6,2 billones en gasto, de los cuales $ 3,7 billones correspondieron a remuneraciones, $ 1,8 billones a gastos de administración y ventas, y cerca de $ 576 mil millones a otros gastos operacionales.

Es decir, casi seis de cada diez pesos (56%) se destinan a remuneraciones, aunque con diferencias por tipo de institución: las universidades estatales destinan casi un 69%, mientras que las universidades privadas y las privadas del Cruch están entre el 55% y el 58%. En el subsistema técnico-profesional la proporción fluctúa entre el 49% y el 53%.

Más profundamente, el informe aborda el gasto promedio mensual en remuneraciones por jornada completa equivalente (JCE), que alcanzó $ 3,1 millones a nivel sistema, considerando exclusivamente el gasto que destinan las instituciones a remuneraciones académicas. Pero ahí nuevamente las universidades estatales encabezan, con $ 4,5 millones mensuales, seguidas por las privadas Cruch ($ 3,9 millones), privadas no Cruch ($ 2,9 millones), mientras que los IP y CFT se mueven entre $ 1,5 y $ 1,7 millones, respectivamente.

Un patrón similar se observa al medir el gasto mensual por académico, donde el promedio del sistema llega a $ 1,4 millones, pero con universidades estatales duplicando esa cifra y el subsistema técnico-profesional registrando los valores más bajos.

¿Y el costo de la calidad? El estudio asevera que la calidad conlleva un alto costo, lo que se evidencia al analizar el gasto promedio de las instituciones según su nivel de acreditación: las instituciones no acreditadas registran un gasto promedio anual de $ 3,5 miles de millones, cifra que llega a $ 7,7 miles de millones en aquellas casas de estudios que lograron la acreditación básica. Pero la diferencia crece al ver que las instituciones con acreditación avanzada alcanzan un gasto promedio de $ 48,8 miles de millones.