Cuando la reforma notarial y registral comenzó a regir el 2 de abril, ese mismo día a todos los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones del país se les sumó más trabajo a sus labores.

La razón apunta a que la reforma le quitó la función fiscalizadora a los ministros visitadores y la dejó en manos de los fiscales judiciales. Una labor que ahora incluso pueden ejecutar junto al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Para ejercer esta nueva función, en las semanas previas a la entrada en vigencia de esta normativa la Academia Judicial hizo capacitaciones y un curso de inducción.

Sin embargo, entre varios fiscales judiciales había ruido respecto de la necesidad de que fuera el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, quien elaborara el plan anual de supervisión y control del ejercicio de la función notarial y registral.

De hecho la semana pasada, cuando se hizo una ceremonia por el inicio de esta ley, fue la fiscal judicial de Valparaíso Nel Greeven quien se refirió a la necesidad de contar con una pauta y una directriz emanada desde el máximo tribunal. Algo similar habían planteado en privado notarios y conservadores, quienes en los días previos estaban interesados en saber cómo se iba a ejecutar esta parte de la nueva ley.

Sin embargo,todo eso ya está resuelto. Según fuentes judiciales este martes Pizarro enviará a todos sus pares de las cortes de apelaciones el plan de fiscalización para el año 2026. Además, Pizarro les pidió a sus colegas que le informen, a más tardar el viernes, cuándo comenzarán a hacer las visitas en las distintas jurisdicciones. El plan del fiscal judicial del máximo tribunal se demoró algunas semanas debido a que, según fuentes judiciales, estaba a la espera de unos pronunciamientos del pleno de la Suprema que recién se despacharon hace algunos días.

En la misma ceremonia de la semana pasada, Pizarro fue enfático en que ahora es responsabilidad de ellos colaborar en la modernización del sistema. “La Fiscalía Judicial que emerge de esta ley no será la misma que existía antes de su entrada en vigencia. Eso no es una metáfora, es una descripción institucional precisa. La proyección no es la de una fiscalía que sanciona conductas pasadas. Es la de una institución capaz de anticipar riesgos, construir un modelo de detección temprana basado en los indicadores que arrojen las actividades de fiscalización, y actuar preventivamente antes de que las irregularidades se consoliden”, afirmó Pizarro.

El plan de Pizarro

El plan que elaboró Pizarro incluye un apartado de inspecciones, en donde los fiscales judiciales deberán informar la programación de sus visitas. Y para inspeccionar se debe poner especial atención a los aranceles y la transparencia tarifaria.

La reforma por primera vez crea un sistema para fijar las tarifas máximas a través de un “procedimiento objetivo y técnico”.

Si bien actualmente los precios son fijados por un decreto que data de 1998, con la reforma se logra que el Sernac vigile los problemas de atención, servicio y cobros irregulares.

También los fiscales judiciales deberán ver que esté la infraestructura física y digital, tendrán que revisar libros, repertorios, índices y documentación anexa. Junto con eso tienen asignado verificar el horario de atención, el cumplimiento de la obligación de remisión electrónica al conservador, el inventario anual, el clima laboral, entre otros asuntos.

Todo eso debe añadirse a la revisión de los informes de auditorías externas anuales. Los fiscales judiciales además deberán habilitar un canal para recibir los reclamos de los usuarios, requerir la información al Sernac sobre las denuncias que haya recibido y la realización de encuestas de satisfacción de usuarios.

Cuando un fiscal judicial acredite la existencia de alguna irregularidad, la ley establece que actuará como promotor y formulará cargos, lo que será seguido por la instrucción de un proceso disciplinario a cargo de un ministro de la corte de apelaciones respectiva. Ese sumario luego será resuelto por el pleno del tribunal de alzada, el que deberá manifestarse sobre la aplicación de una sanción o el sobreseimiento del investigado.