La denuncia por torturas contra un exfuncionario diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base San José de Osorno, ocurridas entre 2018 y 2020 y dadas a conocer esta semana, ha desatado una ola de reacciones políticas, administrativas y judiciales.

Los videos difundidos por radio Biobío muestran cómo trabajadores del recinto amarran, rapan y queman al afectado, hechos que la Fiscalía ya calificó como constitutivos de delito y que ha llevado a abrir una investigación.

El Ministerio Público, a través de la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, informó que se abrió una causa de oficio tras conocerse las imágenes y que se entregó una orden de investigar a la Policía de Investigaciones. “Se realizarán diversas diligencias tendientes al esclarecimiento de estos hechos y a determinar los responsables”, señaló la persecutora este miércoles, y agregó que la Unidad de Víctimas y Testigos inició contacto con el trabajador para brindarle apoyo y contención.

Aunque para quienes estaban a la cabeza del recinto en esa época los hechos ya eran conocidos. Fue la propia subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quien explicó que entre 2018 y 2020 se realizó un sumario administrativo que no derivó en sanciones, y aclaró que los directivos de la época ya no están en funciones.

Al mismo tiempo, la subsecretaria condenó lo ocurrido, lo que definió como “inaceptable”, sumando que “como Ministerio de Salud nos indigna lo que ha ocurrido en el hospital y no es algo que podamos aceptar y que condenamos tajantemente”.

Sobre el exfuncionario afectado, reveló que “fue un reemplazo en el hospital y por ende ya no está en funciones dentro del establecimiento. Tampoco tengo información si es que en este momento se ha podido tomar contacto para tener alguna medida de reparación, dado que ya no es funcionario de la institución”.

El director (s) del Hospital de Osorno, Julio César Vargas, aunque no estaba a la cabeza del recinto en ese entonces también tuvo que enfrentar el caso e indicó a través de un video que “la primera denuncia fue realizada en 2020″ por hechos que acontecieron entre 2018 y ese año.

Producto de lo anterior, el director (s) del hospital detalló que se instruyó en su momento la realización de un sumario, el que fue entregado el mismo 2020, pero este proceso “no arroja sanciones para los denunciados”.

Fue así que recién cuatro años más tarde, en 2024, “esta dirección toma conocimiento, debido a otra denuncia hacia las mismas personas, y solicitó mayor cantidad de antecedentes. Apenas estos son entregados, que son videos y fotografías, el mismo día se decidió hacer la denuncia a la fiscalía”, complementó.

En total, son cuatro los involucrados.

Luego de todo el revuelo la Contraloría General de la República informó que decidió someter a control extraordinario la documentación del sumario del hospital con el fin de revisar la legalidad del procedimiento y de eventuales responsabilidades de las jefaturas de la época.

¿La razón? La CGR recordó que los hechos habían sido denunciados en 2020, sin que entonces se sancionara a nadie, y que en 2024 otra funcionaria presentó acusaciones de discriminación de género contra los mismos trabajadores, lo que derivó en la reapertura de la investigación.

Condena transversal

En el Congreso las reacciones se multiplicaron. La diputada Carolina Marzán, autora de la Ley de Autismo, manifestó con “profundo dolor” que lo ocurrido constituye un atentado a los derechos esenciales de las personas. “Hemos activado todas las medidas respectivas para exigir justicia”, señaló.

En duros términos, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, calificó a los involucrados como “bestias abusivas” y pidió el máximo rigor en el castigo, tanto penal como administrativo. “Esa gente no debería ejercer cargo público”, afirmó.

En conversación con La Tercera, el parlamentario agregó que el caso será tratado en la sesión del próximo lunes de la instancia, a la que asistirán la ministra y la subsecretaria de Salud.

En la Cámara, el presidente de la comisión homóloga, Patricio Rosas, adelantó que se pedirá formalmente la intervención de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para fiscalizar que se apliquen las máximas sanciones, además de buscar oficiar el Servicio de Salud Osorno, bajo cuyo cargo está el hospital, la próxima semana.

Su par Erika Olivera afirmó que el caso refleja la “cultura del abuso que afecta al mundo laboral en Chile” y subrayó que episodios de este tipo confirman la necesidad de normativas como la Ley Karin, que sanciona el acoso en los lugares de trabajo.