Este jueves se desarrolló la sexta audiencia de formalización de la denominada trama bielorrusa en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Luego de que durante la tarde del miércoles el Ministerio Público alzara la voz para defender la indagación que han llevado adelante por un año y dos meses -tras ser cuestionados por la propia jueza Michel Ibacache-, los abogados que representan a los querellantes y a la víctima dieron un espaldarazo respecto de las diligencias desarrolladas.

Una de las primeras en tomar la palabra fue la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Luppy Aguirre, quien entre otros aspectos se hizo cargo de las especulaciones referentes al momento en que se produjo la petición de detención de Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos y Mario Vargas.

“Mucho se ha hablado en torno a por qué el Ministerio Público, nuevamente especulando, formaliza ahora, en este momento. ¿Por qué lo hace? ¿Por una razón política? ¿Por qué recibió presiones? Su señoría, la verdad, y las defensas lo saben porque está en la investigación (...) es la policía la que le dice al Ministerio Público, ¿sabe qué? Pida una orden de detención para efectos de que ya esto se pare", afirmó.

“Su señoría, no es nada de extraño que el Ministerio Público haya solicitado la detención respecto de antecedentes que recibió a fines del mes de octubre y haya solicitado una detención imputativa para efectos de a quienes podía, en este momento, formalizar, e iniciara paralelamente y de inmediato la querella de capítulos en contra de la exministra Ángela Vivanco", añadió Aguirre.

De igual forma, respecto de las diligencias que el fiscal Marco Muñoz solicitó la tarde del lunes, Aguirre recalcó que “las investigaciones son dinámicas, no tienen una ritualidad de paralización”.

A ello, también sumó -como igualmente lo hizo el abogado que representa a la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, Carlos Quezada- que en esta etapa del proceso no se requiere tener certezas respecto de lo que hicieron los imputados, sino que elementos que permitan presumir que incurrieron en los determinados delitos.

Luego fue el turno de los representantes de Codelco, quienes insistieron en que “la Fiscalía hizo un trabajo sigiloso y efectivo. No vimos nunca una filtración de antecedentes. El Ministerio Público investigó con mucha independencia y a veces poca colaboración de las instituciones. Pero logró trazar por completo el origen de los dineros y ha investigado este caso con la seriedad que se hace respecto del crimen organizado”, esbozó enfático el penalista Julián López.

López recalcó, de la misma forma, que cada resolución del litigio de Belaz Movitec con Codelco “está atada a movimientos de dinero”.

“Como esto es un juicio de probabilidad, no necesitamos demostrar que las 98 veces que la señora Vivanco fue al sector, fue a las oficinas, pudo no haber ido nunca y el cohecho existiría igual en la medida que se ha trazado la ruta de los dineros recibidos por el señor Migueles y, a través de él, la señora Vivanco”, indicó López.

En ese sentido, el penalista subrayó que “no se requiere que la ministra Vivanco haya recibido en sus manos el dinero para que exista el cohecho. El beneficio pudo obtenerlo a través de su pareja, e incluso es cohecho si recibió ese beneficio para su pareja y no para ella”.

Acto seguido, el representante de Codelco acotó que él contabilizó 68 hechos en medio de la indagación que son irrefutables, como lo es lo referente a la cercanía de Vivanco y Migueles con Lagos y Vargas, que solicitaban coincidir en distintos lugares, que hay una relatora que debió estudiar toda la noche una causa vinculada con Belaz Movitec pese a que no estaba en tabla, que había transferencias de dinero justo cuando se producían fallos importantes en favor del consorcio chileno bielorruso y que, entre otras situaciones, justo el día siguiente del fallo del 4 de julio Migueles cambia US$ 15.600 a dinero en efectivo.

El representante de Codelco recordó también que la defensa de Vargas había justificado la tenencia de US$ 15.600 por parte de Migueles al día siguiente de la primera sentencia perjudicial a la minera estatal en que el imputado había comprado dólares tres meses y medio antes. Sin embargo, el penalista rememoró que el miércoles el fiscal Muñoz demostró que esos US$ 20.000 se habían gastado completamente en el tiempo intermedio. El abogado de Codelco sentenció que la georreferenciación había perdido importancia frente a la prueba directa de testigos acerca de las visitas de Vivanco al estudio Lagos y Vargas.

“Cuál es la probabilidad de que todos estos hechos no constituyan delitos de cohecho y lavado de activos. ¿Diría una persona razonable que nada tienen que ver las intervenciones en la causa de Codelco con los pagos que recibieron los abogados y que luego recibió su marido en las fechas inmediatamente posteriores a sus fallos? Si esto no es suficiente para dar por acreditado el delito y la participación en el nivel de un juicio de probabilidad que se requiere en una audiencia de discusión de medidas cautelares, creo verdaderamente que la persecución del delito de cohecho en nuestro país se haría realmente imposible“, afirmó el penalista.

Si bien López dijo que no pediría medidas cautelares específicas -aunque apoya la prisión preventiva de todos-, manifestó que este caso debe ser tratado como cualquier otro, independiente de quiénes son los imputados.

“Creo en la igualdad ante la ley y creo que este caso tiene que ser comparado con los demás casos que se tramitan en los tribunales y cuando uno hace esa comparación, este caso no se queda corto, se queda sobrado. El hecho es gravísimo. Es el ataque más grave que se ha perpetrado contra la credibilidad de nuestro sistema de administración de justicia", sentenció.