Luego de ganar la contienda para no ser excluidos como querellantes en la causa, tal como lo solicitaban las defensas de los imputados, Codelco activó una nueva ofensiva en el marco de la denominada trama bielorrusa.

Hasta el momento los abogados de la estatal -Julián López y Carolina Sepúlveda- han reiterado que las acciones de Ángela Vivanco, Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles llevaron a que la minera desembolsara miles de millones de manera irregular, en favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM).

De acuerdo con los detalles entregados por el Ministerio Público, los abogados Vargas y Lagos habrían entregado cuantiosas sumas de dinero a Vivanco y Migueles, a modo de coima, para que la entonces ministra de la Corte Suprema fallara en favor de CBM.

Por lo mismo, y como una forma de recuperar esos dineros, los profesionales que actúan en nombre de Codelco solicitaron al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que retenga los bienes asociados a los imputados que ya fueron formalizados y que actualmente permanecen en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Codelco pidió, en una solicitud de 40 páginas, medidas cautelares sobre cuentas bancarias, productos financieros, viviendas, automóviles, bodegas, derechos societarios, entre otros productos, hasta por $17.176.977.730.

“En esta causa, la Corporación Nacional del Cobre –nuestra representada– es víctima y querellante puesto que dichas irregularidades se manifestaron en sucesivas resoluciones judiciales que impusieron a Codelco la obligación de pagar, en total, la suma de $17.176.977.730 en favor del Consorcio. Ese daño patrimonial extraordinario, directamente causado por la conducta delictiva de los imputados, vuelve imprescindible la adopción urgente de las medidas precautorias solicitadas", se lee en el requerimiento.

“Los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y por esta parte en la audiencia de formalización evidencian el detrimento económico directo sufrido por Codelco y el correlativo enriquecimiento ilícito de los imputados, construido a partir de un esquema delictivo articulado entre estos y la exministra. Asimismo, revelan conductas sistemáticas de ocultamiento y encubrimiento destinados a disimular el origen ilícito de los fondos percibidos, cuestión esta última que justificó la imputación del delito de lavado de activos respecto de los tres imputados”, se lee en el escrito firmado por López y Sepúlveda.

Un “círculo cerrado de corrupción”

En síntesis, como advirtieron ambos abogados querellantes en la acción, los imputados “se concertaron para favorecer deliberadamente a una parte en causas sometidas al conocimiento de la Tercera Sala” de la Corte Suprema, utilizando el cargo de la exministra, para obtener un beneficio económico ilícito que luego repartían entre todos, para luego blanquearlos.

Lo describen como “un círculo cerrado de corrupción: cohecho, soborno y lavado de activos”.

Así, y en tanto las resoluciones del mismo tribunal y de la Corte de Apelaciones de Santiago dieron por acreditada la existencia de delitos y la participación de los imputados -al menos en esta etapa procesal-, los penalista recalcaron que “corresponde que respondan con su propio patrimonio de las acciones civiles que esta parte ejercerá oportunamente en su contra, siendo indispensable asegurar desde ya la integridad de dichos bienes para garantizar la efectividad de una futura indemnización para esta parte".

Se deben salvaguardar los bienes, continúa la presentación, porque “existe un riesgo cierto y actual de que los imputados dispongan, diluyan o enajenen los bienes que conforman su patrimonio, incluidos aquellos identificados como producto del lavado de activos”.

“No adoptar medidas implica permitir que el patrimonio ilícitamente obtenido pueda ser ocultado o vaciado, comprometiendo gravemente la eficacia de la acción civil que esta parte ejercerá. En consecuencia, la única forma de evitar un daño irreparable para Codelco –y, en definitiva, para el patrimonio estatal– es decretar desde ya las medidas cautelares reales solicitadas“, complementaron.

Los bienes

De acuerdo con el detalle expuesto en el requerimiento de Codelco, respecto de Gonzalo Migueles se pide retener todos los fondos y productos asociados a cuatro cuentas bancarias, prohibir la celebración de actos y contratos sobre un departamento ubicado en Providencia, los derechos sociales en la sociedad Capacitaciones M Seminarium Limitada, derechos sociales en Exportaciones e Importaciones Chilmex, derechos sociales en Quevaliere SpA, un auto Peugeot 208 y un auto Subaru Forester.

En el caso de Mario Vargas, se requirió retener los fondos asociados a cuatro cuentas bancarias y prohibir la celebración de actos y contratos en torno a un inmueble ubicado en Las Condes. También se pide lo mismo sobre los derechos sociales en nueve sociedades y respecto de dos vehículos: un Jaguar y un BMW.

Respecto de Eduardo Lagos, se solicitó retener fondos asociados a cinco cuentas bancarias y prohibir la celebración de actos y contratos en torno a las acciones que le corresponden de cinco inmuebles en Vitacura, sobre derechos sociales en ocho sociedades y respecto de dos vehículos BMW.