El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible este martes la querella criminal presentada el sábado por Codelco contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y otros cinco imputados por cohecho y lavado de activos en la causa que enfrentó a la cuprífera con el consorcio Belaz Movitec en el llamado caso de la trama bielorrusa.

La querella criminal acusa a Vivanco y Migueles en calidad de autores de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos; y también apunta contra los abogados Carlos Lagos y Mario Vargas, en calidad de autores de los delitos de soborno y lavado de activos; el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber; el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle Alee, y el dueño de una casa de cambios Harold Pizarro Iturrieta, en calidad de autores del delito de lavado de activos en su modalidad culposa.

En un comunicado, la minera estatal señaló que “la acción se funda en la exposición de antecedentes contundentes por parte del Ministerio Público en la formalización de los abogados Vargas y Lagos, y del contador Migueles Oteiza”.

Agregó que “el relato de la Fiscalía en esa audiencia confirmó las sospechas que Codelco mantuvo desde el inicio respecto de la tramitación irregular de su demanda presentada contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM)”.

En el escrito ingresado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Codelco sostiene que las intervenciones descritas por el Ministerio Público coinciden plenamente con las irregularidades advertidas desde 2023 y que derivaron en sentencias que obligaron a la empresa a desembolsar más de $17 mil millones en favor del consorcio.

Patrón de comportamiento

La querella describe lo ocurrido como un “patrón de comportamiento”, en el que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría intervenido reiteradamente para acelerar resoluciones y favorecer los intereses de CBM.

Codelco resalta en el documento que la exministra “efectuó gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso (…) sin que el presidente de la Corte Suprema hubiese dictado la resolución respectiva”, y que incluso ordenó “la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta”.

El texto agrega que las actuaciones de la exministra constituyen “infracciones a los deberes de su cargo ejecutadas a cambio de beneficios económicos entregados a ella y/o a su pareja”, según la evidencia expuesta en la formalización.

La querella también recoge episodios que la Fiscalía calificó como decisivos para acreditar los delitos de cohecho y soborno, entre ellos la serie de depósitos en efectivo que recibió la pareja de la exministra, inmediatamente después de que Codelco pagara miles de millones de pesos al consorcio.

En particular, el escrito traza los pagos efectuados por Movitec al estudio Lagos y Vargas en fechas coincidentes con las resoluciones perjudiciales a Codelco y describe cómo una parte de ellos llegó, finalmente, a la cuenta corriente de Migueles a través operaciones atribuidas a Yáber, Najle y Pizarro destinadas a ocultar el origen de fondos que la estatal considera ilícitos.

La presentación recuerda que Codelco fue reconocida como víctima en la investigación abierta de oficio por el fiscal nacional en septiembre de 2024, y enfatiza que, “desde entonces, la empresa ha colaborado activamente con aportando todos los antecedentes, solicitando diligencias que generaron las principales líneas de investigación desarrolladas por el Ministerio Público y compareciendo en cada instancia, y ejerciendo su derecho a ser oída para contribuir al esclarecimiento íntegro de los hechos”.

Codelco indicó que con la querella busca seguir participando en la investigación con todas las facultades que la ley reconoce a los querellantes, con el objeto de que se determinen las responsabilidades penales por los delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos, además de otros que puedan surgir durante la investigación.