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Un respiro para Orrego: Tribunal descarta vínculo laboral entre el GORE RM y exfuncionarios del programa “Quédate”

El Tribunal descartó responsabilidad laboral del Gobierno Regional en la disputa con exfuncionarios despedidos del programa “Quédate”, pero condenó a la Fundación Procultura a pagar una indemnización que supera los $13 millones.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

El gobernador Claudio Orrego recibió este viernes un alivio judicial en medio del prolongado caso que involucra a la Fundación Procultura y el programa “Quédate”, financiado por el Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana (RM).

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó que existiera una relación de subcontratación entre el GORE y seis exfuncionarios de la iniciativa, quienes habían demandado por más de $13 millones, tanto a la fundación como al gobierno regional, tras ser despedidos en noviembre de 2023.

Como sea, el fallo fechado el 19 de junio determina que no se configura un régimen de subcontratación, descartando que el GORE sea “empresa principal” conforme al artículo 183-A del Código del Trabajo. El tribunal concluyó que el convenio entre ambas entidades fue de transferencia de fondos públicos y no implicó encargo de obras o servicios directos ni subordinación o beneficio para el gobierno regional. Con ello, el GORE fue liberado de responsabilidad solidaria o subsidiaria por las deudas laborales impagas.

En paralelo, el tribunal sí acogió parcialmente las demandas contra Procultura, condenando a la institución al pago de indemnizaciones, cotizaciones y feriados legales a cinco de los seis demandantes.

Todos los exfuncionarios del programa “Quédate”, orientado a la prevención del suicidio en la RM fueron despedidos por “necesidades de la empresa”, pero sin cumplir las formalidades legales, lo que llevó al tribunal a calificar los despidos como improcedentes.

Las indemnizaciones a pagar alcanzan los $13.292.889 en total, y el fallo establece además que los finiquitos electrónicos firmados “con reserva de derechos” no se acompañaron de pago alguno ni de certificados que acreditaran cotizaciones previsionales.

Este fallo llega en medio de la crisis que atraviesa el gobernador Orrego en las indagatorias por el caso Procultura y el informe de Contraloría que dio cuenta de asesorías presuntamente ligadas a su campaña. Además de un disputa judicial entre Orrego y la empresa Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) por el cobro de cinco pólizas de garantía asociadas al convenio suscrito con la fundación.

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