En menos de 72 horas el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dio duros golpes que impactaron en dos relevantes sectores políticos de las elecciones de noviembre.

La tarde del viernes, tras analizar requerimientos presentados por Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), el organismo presidido por el ministro Arturo Prado eliminó del padrón electoral al exalcalde Daniel Jadue (PC) y, además, dejó sin efecto la resolución del Servicio Electoral (Servel) que había aceptado su candidatura a diputado por el distrito 9. Todo por estar acusado de delitos que merecen pena aflictiva.

Ese no fue el único golpe del Tricel. Este lunes volvió a impactar estas elecciones, pero esta vez lo hizo con la candidatura de la senadora Ximena Rincón (Demócratas), quien apuntaba a reelegirse por tercera vez como senadora por el Maule. En su caso, la reclamación fue presentada por el pacto oficialista y la Democracia Cristiana (DC). En el reclamo se alegaba que la senadora quería ir por un tercer periodo en el Maule, burlando así el límite de reelecciones fijado en la Constitución.

Ambas sentencias provocaron un terremoto político y tanto el PC como el Partido Demócratas hicieron duros reproches al Tricel. Mientros que los comunistas acusaron la existencia de un tribunal con sesgos políticos, la colectividad que preside Rincón aseguró que el fallo "traerá mucha incerteza al derecho electoral".

Sin embargo, esta no es la primera vez que la máxima instancia de la justicia electoral echa por tierra los anhelos de reconocidos candidatos.

De hecho, en 2021 se registró un caso muy similar al de Jadue, cuando el exalcalde de Cerro Navia Luis Plaza (ex-RN) buscaba llegar nuevamente a la administración de la comuna. Su candidatura fue rechazada por encontrarse acusado por el delito de fraude al Fisco en el marco del denominado caso Basura. La misma situación de Jadue. De hecho, ese fallo fue el que citó el Tricel para decidir el futuro del exalcalde de Recoleta.

A eso se suma el caso del frustrado intento que tuvo el actual senador Luciano Cruz-Coke para competir por un cupo en el Senado por Antofagasta en 2013 y que fue desestimado tras un requerimiento presentado por el Partido Socialista.

En esa oportunidad el fallo del Tricel se fundó en que el actor renunció a la presidencia del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes -el antecesor del Ministerio de las Culturas- recién en junio de ese año, cuando, por ley, para ser candidato tendría que haberlo hecho en noviembre de 2012.

Mismo papel tuvo el Tricel ante la candidatura de Claudio Castro en 2021, pues se rechazó su inscripción en el entendido que no había renunciado a su militancia en la DC en el plazo legal establecido para presentarse como independiente a los comicios. Pese a ello, Castro pudo ser candidato tras la aprobación de indicaciones en el Congreso que se tramitaron de forma especial para salvarlo.

Ese mismo año, también, el Tricel derribó las aspiraciones presidenciales de Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados. En su caso, también se quedó fuera de la papeleta por problemas con la Ley Antidíscolos.

Esa ley es justamente la que ha provocado varias impugnaciones. Así lo plantea Marcelo Brunet, el abogado que representó a RN en sus reclamaciones contra Jadue. El profesiona dice que el Tricel también le ha cerrado a la puerta a otro lote de candidatos que infringen ese tipo de normas.

“En la elección municipal pasada rechazaron a la candidata Rosa Brucher en la elección de concejales en Paine por haber incumplido la Ley Antidíscolos. Era militante de RN hasta noviembre de 2023, renunció en enero de 2024 y volvió a militar en marzo de ese año", recuerda Brunet.

Además, menciona que, en la misma elección, los candidatos que no habían cumplido con la Ley Papito Corazón -y que no acreditaron estar al día a la fecha de la inscripción con sus obligaciones- fueron rechazados por el Servel y posteriormente por los tribunales electorales regionales correspondientes y el Tricel.

“Sigue la misma línea”

Consultado respecto a cómo el Tricel ha ido resolviendo reclamaciones durante los últimos años, Jorge Barrera, abogado experto en derecho electoral y académico de la Universidad de Yale, explica que el tribunal simplemente está respetando su jurisprudencia: “Lo que ha hecho el tribunal es seguir sus propios precedentes. En ambos casos (Jadue y Rincón) recordemos que los requisitos para ser diputado o senador, así como sus inhabilidades o incompatibilidades emanan directamente de la Constitución. Por lo que cualquier argumento que se funde en una fuente meramente legal, algún reglamento, o práctica parlamentaria carece de relevancia jurídica para resolver la controversia”.

“Al parecer existe un profundo desconocimiento de los precedentes de la justicia electoral y cómo se han aplicado. Ambos casos tenían complejidades, pero siguen jurisprudencia uniforme respecto del hecho indiscutible de encontrarse Jadue acusado por pena que a lo menos merezca pena aflictiva, y lo mismo respecto del caso de Rincón, que sigue la forma de contar los plazos de inhabilidad, incluyendo las horas, emanada de la sentencia del alcalde Castro, de Renca. El Servel no es infalible, y por eso es tan relevante contar con una justicia electoral robusta como la que tenemos", anadió Barrera.

Algo similar expone Brunet, quien indicó que “los tribunales electorales muchas veces son víctimas de una injusta evaluación de una parte de la ciudadanía, que son los afectados por sus fallos. Normalmente se les imputa sacar a candidatos por secretaría, pero eso no es así. Los tribunales electorales determinan que quienes quieren ser candidatos, de acuerdo con la Constitución y las leyes, puedan serlo, lo que es muy importante. Y luego, el Tricel tiene el rol de calificar las elecciones”.

“Estas instancias son integradas por magistrados que han llegado a las más altas esferas de su calidad de jueces, de una calidad técnica que habla por ellos mismos y hay una tendencia jurisdiccional importante, lo que da cuenta de un buen trabajo y de una adecuada resolución de los conflictos”, complementó el profesional.

Un tribunal por sorteo

Los orígenes del Tricel se remontan a la Constitución de 1925, donde se reguló que esta instancia conocería de la calificación de las elecciones de presidente, diputados y de senadores.

Inicialmente se estableció que estaría integrado por tres miembros del Poder Judicial -entre supremos y titulares de cortes de apelaciones- y por dos miembros del Poder Legislativo, aunque con el correr de los años esa integración se modificó.

Actualmente está integrado por cuatro ministros de la Corte Suprema designados por sorteo, y por un ciudadano que hubiere sido presidente o vicepresidente de la Cámara o el Senado por un periodo no inferior a 365 días. Este último también será designado por la Suprema por sorteo.

Tras las últimas renovaciones, el ministro Prado ejerce como presidente, dado que es el magistrado de mayor antigüedad. Asumió en el cargo el 22 de octubre de 2024, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y ejerce como profesor titular de la cátedra de Derecho Comercial en la Universidad de Chile.

Es un magistrado de los cupos externos de la Suprema y es un juez que tradicionalmente ha sido de sensibilidad de derecha. Durante varios años estuvo integrando la Tercera Sala del máximo tribunal y ahora integra la sala dedicada a asuntos civiles.

Asociada también a sectores más conservadores está la ministra Adelita Ravanales. De hecho, en el mundo político es sabido lo que fue su cercanía con la exministra Ángela Vivanco o con la senadora UDI Luz Ebensperger. Actualmente es la encargada de la magistratura para trabajar en la redacción del futuro Código de Ética judicial.

La segunda mujer integrante del Tricel es la ministra María Cristina Gajardo, que al igual que Prado es de los cupos externos del máximo tribunal y reconocida abogada de derecha. Es especialista en derecho laboral, pero actualmente integra la sala dedicada a los asuntos penales. Antes de transformarse en suprema fue asesora del Ministerio del Trabajo durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Otro de los ministros del Tricel es el magistrado Mauricio Silva, quien fue propuesto como supremo durante el segundo mandato del expresidente Piñera. Antes de eso fue presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente integra la Primera Sala del máximo tribunal.

El último integrante es el ministro Gabriel Ascencio (exmilitante DC), quien fue diputado por la Falange en uno de los distritos de la Región de Los Lagos por seis periodos. Primero lo hizo entre 1994 y 2014, y luego entre 2018 y 2022. Renunció a su militancia luego de ser designado como integrante del Tricel en enero de 2024.