Hace varios meses que en la Fiscalía se había iniciado una silenciosa carrera por quién sería el fiscal que se transformaría en el primer persecutor jefe de la recién creada Fiscalía Supraterritorial.

Se trataba de un cargo codiciado por varios fiscales ya que la instalación de esta nueva Fiscalía constituye una innovación en materia de persecución penal. Esto debido a que por primera vez el Ministero Público tendrá una figura distinta a los fiscales regionales, pero con facultades para asumir causas de alta complejidad y con competencia en cualquier parte del país.

La carrera por esta nueva posición había tenido varios candidatos tácitos. Si bien ninguno de ellos lo había reconocido en público, era un secreto a voces el supuesto interés que existía en algunos fiscales regionales por transformarse en los elegidos del fiscal nacional Ángel Valencia.

De manera informal en el radar estaba el fiscal regional Metropolitano Sur Héctor Barros, quien ha tenido muy buenos resultados al mando del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). A él se sumaba también el fiscal regional de Arica Mario Carrera, quien investigó con éxito a Los Gallegos. En la lista también estaba el fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido quien se ha lucido dirigiendo investigaciones en la Macrozona Sur, deteniendo a líderes de la CAM y capturando a los homicidas de los tres carabineros asesinados en Cañete. La fiscal regional de Tarapacá Trinidad Steinert, quien dio el golpe a la primera célula del Tren de Aragua en Chile. Y a todos ellos se sumaba también el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios, quien suma a sus méritos la mayor cantidad de incautaciones de droga del país.

Sin embargo todo eso quedó en ruido de pasillos porque Valencia optó por mirar fuera de los fiscales regionales y optando por un criterio técnico se inclinó por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la jurisdicción Oriente, Miguel Ángel Orellana.

Orellana saltó a la fama el año pasado cuando asumió la indagatoria del Caso Audio, la investigación que causó un terremoto político y judicial y que tiene como principal imputado al penalista Luis Hermosilla.

Pero la carrera de Orellana es más larga. Tiene más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público y en su historial destaca su especialización en tráfico de drogas, lavado de activos, delitos económicos, trata de personas y corrupción pública. Desde su rol ha encabezado investigaciones de alto impacto, como casos de homicidio calificado, lavado de activos, fraudes y asociaciones ilícitas. En el último tiempo ha estado enfocado en liderar el juicio oral contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinoza.

“Con este nombramiento se inicia la instalación de una estructura inédita en nuestro país, que permitirá al Ministerio Público enfrentar de manera más eficaz el fenómeno del crimen organizado y delitos que trascienden fronteras regionales y nacionales”, afirmó Valencia.

Por su parte, Orellana agradeció a Valencia por la confianza para ser el protagonista del debut de una Fiscalía que partirá de cero: “Iniciaré mis funciones en este rol a contar del mes de enero del año 2026. Hasta entonces continuaré con mi labor como fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Asumo esta función con responsabilidad, con compromiso y sobre todo con confianza en este nuevo proyecto que va a permitir a la Fiscalía reaccionar con fuerza frente a los nuevos fenómenos criminales a los que nuestro país se está enfrentando en este momento”.

Como primer jefe de la nueva unidad, su misión será echar a andar todo el engranaje necesario para su puesta en marcha en el mes de marzo. Orellana será el jefe de un grupo de fiscales especializados que asumirá causas complejas y ligadas a crimen organizado.

La nueva entidad, comparable con una Fiscalía Regional, no tendrá un territorio definido exclusivo, sino que tendrá competencia nacional en tanto se den los presupuestos para que tome una causa previo visado del fiscal nacional. Deberá ser un caso sobre una organización criminal que tenga operaciones en distintas zonas del territorio, de alta peligrosidad y de características más complejas.

Orellana deberá zanjar quiénes se desempeñarán en esta Fiscalía y analizar junto al fiscal nacional cuáles serán las primeras causas que se asumirán y si será necesario traerlas de región a la capital. En esa línea, podrá solicitar a la Corte Suprema que determinadas causas se tramiten bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Esta instancia ejercerá sus funciones de manera autónoma, pero en estrecha colaboración con las Fiscalías Regionales y sus nuevos Sistemas de Análisis Criminal regionales.

Sus oficinas estarán en el edificio que está a solo metros de la Fiscalía Nacional: la Torre Amunátegui, en Catedral 1401, pisos 17, 18 y una parte del 19. Ahí el Ministerio Público ya cuenta con oficinas, pues es justamente donde están las dependencias de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Conforme lo establece la ley, la Fiscalía Supraterritorial contará con una dotación de 35 fiscales y 63 funcionarios, los que se integrarán gradualmente en un período de tres años. Para el primer año está considerado que ingresen 15 fiscales y 28 funcionarios, quienes deberán postular por concurso.